En una sociedad democrática, como se sabe, es esencial la diversidad del pensamiento, más aun si éste expresa posiciones críticas.  Por otro lado, todo mundo sabe que algo esencial a las ciencias sociales, y por supuesto a la ciencia histórica, es el debate, el disentimiento, la divergencia pensativa.  Sólo las posiciones “parroquiales”, “dogmáticas” e “ignorantes” pueden sostener lo contrario. En una sociedad de conocimiento, de pensamiento libre, el nervio del avance del saber sobre hechos mediante ideas, no puede ser otro que el reto al contrario en términos de confrontación ideas de punto de vista divergentes sobre un tema.  Derivar una polémica puramente eidética a un plano de ejercicio de poder, no sólo conduce a su distorsión, sino además puede conducir a abusos, mejor conocidos como “actos y tratamientos totalitarios”.  En efecto, los sexenios que preceden al actual, las administraciones de gobierno anteriores, mejor conocidas como neoliberales, fueron especialmente abusivas en esa clase de giros. Persiguieron hasta el cansancio a todo aquel que era divergente con el “punto de vista oficial”. Y de ese modo fácilmente cayeron en actos bestiales confundiéndolos como actos de ejercicio “legal” de poder.  Los casos más ominoso fueron: la “matanza de estudiantes y ciudadanos comunes” en la noche de 2 de octubre de 1968, en Tlatelolco, Cd., de México,  o el de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

En este orden de ideas, las frases relacionadas con el caso de los estudiantes sobre el secuestro y asesinato de Garza Sada, imputadas a Pedro Salmerón, nada tiene que ver con los hechos que ocurrieron ya hace algunas décadas, si no con una <<interpretación>> absolutamente respetable y además sustentada por un <<experto>> en análisis histórico. Pretender incriminar la libertad de pensamiento (garantizada por los arts. 1, 2, 3, 6  Constitucionales y por muchas convenciones internacionales suscritas por nuestro país con <<efectos vinculantes>> para todas las esferas de gobierno) que ese <<ejercicio intelectual>> conlleva, es perder por completo los estribos, distorsionar y salirse por completo de la dimensión analítica en que se sitúa ese punto de vista. Lo que correspondería, en cambio, no es sesgar ni mucho menos sancionar, si no <<iniciar un debate>>, si se quiere nacional, sobre el tema de la “guerra sucia” del siglo pasado en nuestro país, en que se inscribe ese caso.  Sancionar a Pedro Salmerón por una opinión vertida suscita desde luego suspicacias y muchos otros cuestionamientos en relación a quienes “persiguen” las ideas o son los “santos patronos” de la intolerancia en nuestro país.  No olvidemos que los efectos de la revolución francesa a más de dos siglos aún se sigue debatiendo sobre ellos.  La “parálisis” del pensamiento, en modo alguno es solución.                 

De otra parte, las decenas de miles de “estupideces” de Fox o las decenas de miles de muertos y desaparecidos, desplazados durante el sexenio de Calderón, si se aplica el rasero con que se juzga a Pedro Salmeròn, entonces, no se explica por qué  no condujo a sus renuncias como presidentes responsables de esa barbarie de atrocidades que ahí, en dichos sexenios, produjeron y finaciaron.  ¿Por qué Salmerón tendría que renunciar a su puesto sólo por ejercer su derecho constitucional a disentir o expresar lo que piensa respecto a un hecho registrado por la historia reciente de nuestro país?. Hacer caso a 60000 twiters de “dudosa” procedencia me parece un exceso y una especie de premio al irracionalismo y cinismo de la desvergüenza reciente en nuestro país.

Ahora bien, qué son sesenta mil twiters de “dudosa procedencia”, frente a 30,000,000, treinta millones de Twiters potenciales, que si quien debe convocar (AMLO) a manifestarse entonces gustosamente no sólo muchos refrendaríamos nuestro más decidido apoyo al compañero Salmerón sino además pediríamos que a esos ex presidentes que, increíblemente, “gozan de impunidad”, se les lleve a juicio y castigue como es debido. En México las víctimas todavía claman porque se ¡haga justicia! La barbarie y el horror desatado por Fox y Calderón no es fácil borrarlo de la <<memoria nacional>>, como dice el refrán  ¡no es posible tapar el sol con un dedo!  El presidente de México desde luego tiene la palabra y la facultad constitucional para actuar en consecuencia. ¡Claro está!