El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta está decidido a cumplir una de sus promesas de campaña: revisar el reparto de notarías que hicieron tanto Antonio Gali Fayad como por Rafael Moreno Valle Rosas. El aparato jurídico de la actual administración, encabezado por Ricardo Velázquez, tiene semanas trabajando en una estrategia que les permita revertir la decisión y aparentemente tienen una tarea fácil en tanto que de la gran mayoría de involucradas los expedientes están incompletos: les faltó, tan cándidos ellos, la patente de aspirante.

El pasado 12 de septiembre Barbosa Huerta dijo que su Consejería Jurídica investiga cómo se hizo el reparto y adelantó que, concluida la revisión, a más tardar este miércoles 18 de septiembre, los actuales notarios deben “esperan lo peor”, porque existe la posibilidad de fincar responsabilidades. Así que deben estar preocupados Patricia Leal Islas, Víctor León Castañeda, Jorge Otilio Hernández Calderón, Manuel Pozos Cruz, Alejandra Maupomé Cagigal, esposa de Roberto Moya Clemente, ex secretario de Finanzas de Moreno Valle; Alma Rosario Matías Colorado, esposa de Germán Sánchez García, exdirigente de Compromiso por Puebla; Rodolfo Sánchez Corro, excontralor; Fernando Rosales Solís, extitular de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto (Fisdai), y secretario de Seguridad en el gobierno de Martha Erika Alonso.

A Barbosa, sin embargo, no le será tan fácil cumplir su promesa: los beneficiados por el morenovallismo y que ahora podrían resultar perjudicados, han mantenido reuniones para preparar su defensa tomando de base el modelo Tlaxcala: donde como gobernador Héctor Israel Ortiz Ortiz dio 16 notarías a amigos y familiares, entre quienes se encuentran Eduardo Lozano Tovar, hermano de su esposa Guadalupe Lozano Tovar; Osvaldo Ramírez Ortiz, sobrino del gobernador; Aldo Calva Reyes, hijo del diputado priista, Aristeo Calva Lira.

Mariano González Zarur, sucesor de Ortiz Ortiz en el gobierno tlaxcalteca, emprendió acciones similares a las que ahora pretende Barbosa Huerta: el 14 de septiembre de 2011 decidió retirar las patentes entregadas por Héctor Ortiz Ortiz luego de que Juan Ignacio Temoltzin Carreto, hermano del secretario de la Función Pública, Hugo Temoltzin Carreto, presentara ante la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) el recurso 166/2011 contra el proceso mediante el cual Ortiz las distribuyó antes de concluir su gobierno. Y no sólo eso: también pidió el gobierno que fueran suspendidos los notarios de manera provisional, lo que le fue concedido.

A punta de amparos, el caso concluyó en enero de 2017 cuando un juez federal ordenó al actual gobernador, Marco Antonio Mena Rodríguez, que en un plazo de tres días diera cumplimiento a un mandamiento judicial y regresara las patentes a los beneficiados de Ortiz Ortiz: en marzo de ese año la Dirección de Notarías y Registros Públicos de Tlaxcala les entregó folios y sellos.

En Tlaxcala los notarios consiguieron también correr a Othón Ríos, quien como magistrado había ordenado cancelar sus registros; el lunes 19 de agosto de 2019, además, Ríos fue suspendido por el Consejo de la Judicatura al no poder acreditar su enriquecimiento.

Esa, la ruta tlaxcalteca, es la que tomarán los beneficiados por el morenovallismo para defender lo que ahora consideran les quiere arrebatar el gobierno de Barbosa Huerta, decidido éste como está a no dejar rastro de quienes lo antecedieron en el Ejecutivo de Puebla. Argumentos tienen para pensar en los amparos como estrategia. ¿Se acuerda usted de Fernando Rosales, quien el viernes 7 de diciembre de 2018 pasó de la Fiscalía de Secuestros y Delitos de Alto Impacto a la Notaría Pública 11 de Cholula? Bueno, pues con la asesoría de Sandra Giovana, auxiliar de la notaría número 1, ya ganó un amparo para retener su notaría y sí, él fue un prominente morenovallista.

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El 29 de agosto pasado la Oficialía de Partes del Congreso del Estado recibió un documento en el que el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVIM) retoma la investigación #EducaciónFantasma publicada en Datamos; en ella se da cuenta de la contratación de empresas fantasma que hicieron el CAPCEE, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y la Universidad Tecnológica de Tecamachalco durante las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

El Igavim, a partir de la investigación #EducaciónFantasma, pide al Congreso del estado que a) “se justifique técnica y legalmente mediante auditorías y/o procedimiento administrativo los posibles actos de corrupción que se pudieron presentar para la contratación y seguimiento de estas empresas”; b) se justifique técnica y legalmente “de qué manera estas empresas fueron evaluadas, valoradas y seleccionadas en su momento por el CAPCEE, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco y la Universidad Tecnológica de Tecamachalco; y c) “Que en todas las licitaciones y contrataciones realizadas por cualquier dependencia gubernamental estatal y municipal hagan público los antecedentes técnicos y legales de las empresas, su visto bueno por el SAT y participe la ciudadanía en su valoración ante posible conflicto de interés. Sin más por el momento quedamos a sus órdenes y en espera de una respuesta”. El documento lo firma Juan José Hernández López, presidente del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal AC…

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*Director editorial de www.datamos.com.mx