La justicia y el parlamento abierto nacen de la misma necesidad y del mismo principio: ser más cercanos a la ciudadanía para generar capital social. Instrumentar la aplicación de estos modelos implica ir mucho más allá de simplemente cumplir la ley de la materia y sus respectivas obligaciones de transparencia. Es decir, para encontrarnos de frente con esta nueva forma de ciudadanizar el poder debemos abocarnos a transformar el ejercicio del servicio público en un espacio de cocreación en el que, desde la función pública y de la mano de especialistas y representantes de la sociedad civil, generemos soluciones e innovaciones en beneficio de la población.

Los modelos de justicia abierta y de parlamento abierto implican una apertura de doble vía. Por un lado, los jueces y legisladores deben comunicar de manera pedagógica sus decisiones, sus fundamentos y razonamientos, pero también, deben escuchar más a la gente, a los especialistas y a la sociedad civil, aprovechando las nuevas tecnologías de la información (TIC´s).

Este 22 y 23 de agosto, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) llevó a cabo el Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, en el cual miembros del Senado de la República, de la Cámara de Diputados, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, académicos, representantes de organizaciones de sociedad civil y servidores públicos del ámbito federal y local, se reunieron para expresar la urgencia de conformar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objeto de recobrar la confianza de la ciudadanía.

Entre los destacados conceptos en que los ponentes coincidieron fue la visión de que gobiernos, sistemas de justicia y parlamentos deben sustentar su labor en los principios de transparencia, publicidad y participación, para generar una mayor incidencia de los ciudadanos en las decisiones de gobierno. Así mismo, entre las conclusiones alcanzadas en el análisis de los 29 expertos se exhortó a materializar estrategias y trabajo interinstitucional a favor de integrar a la sociedad organizada y a los individuos a ser partícipes de la agenda nacional, a construir diálogos más horizontales entre las autoridades, el poder legislativo, los órganos jurisdiccionales y la población.

Sin duda, queda mucho camino por recorrer. Adoptar modelos de gestión abiertos y ciudadanos es un reto por cumplir, pero debemos reconocer los esfuerzos y los logros que se han tenido desde los Poderes Legislativo y Judicial, tales como la comunicación más proactiva, el uso de lenguaje más ciudadano, la integración de sus procedimientos con TIC ‘s y redes sociales, así como con acciones más incluyentes y diversas para explicar su trabajo institucional.

Somos testigos de una nueva forma de ejercer la ciudadanía, y por ello es fundamental contar con autoridades que favorezcan el diálogo y propicien la comunicación directa con la sociedad. Escuchar y responder eficientemente se ha conformado como una vía para reconstruir la confianza en la población.

Porque la gente tiene derecho a saber, y a acceder a procesos equitativos de justicia, en el Instituto Nacional de Transparencia estamos convencidos que con información y las medidas asequibles para establecer canales de deliberación y puentes vinculatorios con la sociedad se generarán mayores consensos y entendimientos, tan necesarios en una realidad donde la ciudadanía más activa impone una actuación pública con nuevas reglas de interlocución y gobierno, que exige terminar con cualquier forma de corrupción y poner así fin a la impunidad.

Los invito a consultar las aportaciones de los ponentes del Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto en: https://www.blancaliliaibarra.mx/justiciayparlamentoabierto