Cuánta razón de Juárez en calificar a los déspotas, porque, como siempre he insistido, desde el salinato, la usurpación de la legalidad y justicia por parte de la casta dorada, ya sea del poder mismo del Estado como de empresarios, más mezquinos, fueron y son quienes saquean a la nación. En su camino, además de comprometer a intereses a nuestra soberanía, la pérdida de vida digna de un pueblo, quien sobrevive diariamente.

El saqueo económico y presupuestal no tiene límites, porque si actualmente la exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, como también Emilio Lozoya Austin y por qué no, todo su gabinete, están en proceso legal para que aclaren el destino y mal uso de recursos públicos que suman cantidades millonarias insultantes a un pueblo con hambre y crisis permanente y vida precaria.

Antes, recordemos que la tarea privatizadora de Salinas de Gortari, fue deformar la Constitución, para dar cabida a la privatización de la industria petrolera, eléctrica, medios de comunicación y un largo etcétera; proceso que los tecnócratas siguieron al pie de la letra hasta Peña Nieto, incluyendo a los sátrapas de Vicente Fox y Felipe Calderón.

A quienes se le imputa el mega fraude a la nación, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, informó que se han detectado otros 105 convenios irregulares entre la ex Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades por 800 millones de pesos, por lo que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará una nueva denuncia contra Rosario Robles, por la Estafa Maestra, misma quien está detenida.

En el mismo canal, tenemos a Lozoya Austin, quien está prófugo, por actos de corrupción contra PEMEX y el caso Odebrecht, en cuanto a que cada vez más, se va destapando diversas acciones criminales, a pesar de que se declaran inocentes.

Antes, recordemos un caso que a la fecha el pueblo mexicano está jodido, gracias a que, supuestamente en un país democrático, el escándalo FOBAPROA hubiera bastado para la caída de un gobierno. En México, el régimen de partido de Estado hace intocable al Presidente.

Estamos hablando de la privatización bancaria realizada en el período de Carlos Salinas de Gortari es un ejemplo de esta red de corrupción. La privatización de la banca representó el 83% de todas las privatizaciones que se hicieron hasta 1991. Con lo que se denominó "clientelismo político de alta tecnología" se vendieron los bancos. En esta venta intervinieron la Presidencia de la República y la Secretaría de Hacienda, sin una supervisión real del Poder Legislativo. Los informes que llegaron a la Cámara de Diputados en 1995 fueron incompletos e incoherentes y no se entregaron a los legisladores los estudios para hacer la venta de cada banco, ni los avalúos contables. En todo el proceso hubo enriquecimiento ilícito. Los beneficiarios de la privatización fueron muchos de los dueños de las casas de bolsa que -con la complicidad del poder político, en el gobierno de Miguel de la Madrid- habían primero atraído y posteriormente estafado a pequeños ahorradores.

Durante el salinismo fue más evidente que nunca el acceso privilegiado de algunos a los fondos públicos para apropiárselos privadamente. Y en su día, la oposición denunció que la privatización bancaria, la de las autopistas y la de la seguridad social habían sido un despojo fraudulento a la nación. Por estos caminos se llegó al escándalo de FOBAPROA, calificado como el máximo fraude en la historia de México.

Antes como hoy, entre grandes empresarios y funcionarios convertidos en empresarios o magnates la corrupción ha campeado en México. La corrupción ha jugado un importante papel en la formación de una importante parte del capital privado mexicano. A partir de fondos y bienes públicos se han acumulado cuantiosas riquezas privadas. El acto en sí, corresponde al presidencialismo autoritario, ha sido factor decisivo en el incremento de la corrupción.

De ahí que el pueblo mexicano demanda y exige justicia a secas, ante tales barones del mal, que nos condujeron a la pobreza y angustia por anhelar una vida mejor. Pueblo que demanda al peñismo, salinismo y panismo, por su alianza perversa.

Si el PAN y su supuesto líder Marko Cortés, pretenden colgarse del proceso legal contra todo implicado por corrupción, debe recordar que él y sus integrantes panistas en el poder, son la misma calaña.

Por estas y más razones, el PRI padece una crisis profunda, donde el pueblo votó contra ellos y panistas, sin concederles ninguna consideración, porque además de la corrupción, ambos partidos, son culpables de más de 100 mil muertos, 40 mil desaparecidos y un millón de ciudadanos con daños colaterales.

Este domingo 11, se efectuaron elecciones para votar por la dirigencia nacional del PRI, entre Alejandro Moreno Cárdenas con 121 mil 343 votos, Ivonne Ortega Pacheco sumó 21 mil 694y Lorena Piñón Rivera 6 mil 949 en Puebla. A nivel nacional, tenemos que fue contundente a favor de Alejandro Moreno, que a pesar de que Ivonne Ortega lo denunciaba de alterar el proceso, la historia de quienes son los que están detrás de ella, implicados en el mal de México, le causaron el rechazo de la militancia.

Por último, si consideramos que Puebla obtuvo 121, 343 votos, siendo que en el Estado de México fue el primer lugar y Coahuila el segundo, se debe a la labor de Héctor Laug García, quien una vez más, por necesidad de experiencia electoral, el Comité Directivo del PRI, lo convocó para lograr el triunfo de Alito.

No cabe duda, cuando la experiencia y conocimiento político electoral es imperante para cualquier partido, sobre todo en el actual PRI, una vez más, Héctor Laug, contribuyó a traducir el voto militante en triunfo.

rodrigo.ivan@yahoo.com.mx 

Analista político y de prospectiva social