En las últimas semanas han ocurrido una serie de hechos que pudieran parecer aislados pero que, en conjunto, están conexos. El común denominador es que van en contra del principio constitucional de presunción de inocencia y de nuestros derechos humanos: la ampliación de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa (a la cárcel y luego averiguan); la ley de extinción de dominio que acaba de entrar en vigor, por la que el número de delitos por los que una persona puede ser despojada de sus bienes aumentó a 245, sin tener antes que ser declarada culpable (el gobierno confisca tus bienes y luego averigua; si se equivocó, te paga lo que le dieron por esa propiedad, de acuerdo con el avalúo del gobierno), y ahora la nueva iniciativa de ley fiscal penal que apenas será discutida pero lleva los delitos fiscales del ámbito penal ordinario al del crimen organizado (si debes impuestos porque tu contador no los ha pagado o no los declaró, eres culpable y el gobierno puede meterte a la cárcel y confiscar tus bienes). Si a esto le agregamos la Ley Garrote de Tabasco que pretenden llevar a nivel federal, por la que es delito manifestarse y lastima el derecho a la libre expresión y de asociación, la pinza se cierra más.

Los abogados estarán de acuerdo que, por lo menos, el principio de presunción de inocencia y los derechos humanos están siendo afectados en estas tres piezas de legislación, dos de ellas ya vigentes. Pero además de ese argumento me parece que existe otro más preocupante y es que se está regulando (y por tanto permitiendo) la persecución y el terrorismo. Si yo gobierno considero (o decido considerar) que has cometido un delito y lo encajono en alguno de los 245 tipos en la ley que son causa de que te despoje, o bien si tu contador cometió un error y por ello te acuso de defraudación fiscal o defraudación fiscal equiparada, estás a mi merced, a merced del gobierno. Además de tu libertad te pueden despojar de tus propiedades, dejando amplio margen de discrecionalidad a las autoridades. Esto va en contra de las resoluciones del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU en su 81ª Sesión de abril de 2018 que insiste en que la prisión preventiva oficiosa debe ser la excepción y no la regla, y sólo para delitos verdaderamente graves.

Si encima de ello el Jefe del Ejecutivo denosta a quienes presuntamente delinquen y promete que todo el dinero que se recabe por la venta de las propiedades de los “delincuentes” (aunque todavía no estén juzgados y menos declarados culpables) será para el “pueblo”, entonces cada vez que se confisque algo el “pueblo” va a estar feliz, porque algo de ello quizás le toque. Así pareció durante la “fiesta” de la subasta del SEA la semana pasada cuando se vendió a un empresario regiomontano la casa de Zhenli Ye Gon en más de 100 millones de pesos. El presidente anunció posteriormente que ese dinero va a ir a parar a los bolsillos de los deportistas y sus entrenadores. Una parte del pueblo, sin duda, escogida por el Jefe Máximo y sólo por él.

Éste podría ser un caso mediáticamente “razonable”, toda vez que Zhenli Ye Gon es percibido como un criminal y ya ha sido juzgado, pero debe recalcarse que aún no ha sido condenado. Y de los dueños de las otras propiedades que también fueron subastadas en el mismo evento (y en los anteriores o futuros), no sabemos nada. No sabemos si de verdad son delincuentes o defraudadortes fiscales, si ya fueron condenados o no. Seguramente lo son, pues así era la regla hasta antes de que pasaran las leyes mencionadas, que ocurrió apenas hace unos días. Pero de aquí en adelante, cuando se lleven a cabo estas subastas de propiedades de presuntos delincuentes que no han sido juzgados o encontrados culpables por defraudación fiscal o por otros cientos de delitos posibles, nos parecerá totalmente normal que se subasten sus bienes y, además, con suerte y me llevo algo de la desgracia ajena. Es decir, el “pueblo” estará feliz de que se despoje a personas de sus bienes puesto que ese dinero, de por sí, “le pertenecía originalmente al pueblo”. El delincuente se lo robó al pueblo, luego al pueblo debe regresar. El único detalle es que no se sabe si son delincuentes o no.

La no presunción de inocencia y la vulnerabilidad de los derechos de las personas permiten entonces abusos de autoridad, en donde una persona debe demostrar su no culpabilidad. Si existen tantos posibles delitos por los que te pueden despojar, no hay manera de que uno se sienta protegido por la ley. ¿Cómo sentirte seguro de expresar tus opiniones? ¿Cómo sentirte seguro de manifestarte en la calle si se está en desacuerdo con alguna medida de gobierno? ¿Cómo estar seguro ante la arbitrariedad de las autoridades?

Especulemos: no me extrañaría que pronto el gobierno convierta en delito la emisión de información que no provenga del gobierno con el pretexto de combatir las “fake news”; o que el gobierno regule la simulación de la participación ciudadana (como en las “consultas” de AMLO) para tomar decisiones como la cancelación del aeropuerto o la construcción de la refinería de Dos Bocas, que afecten nuestros derechos humanos.

Veo que están cerrando la pinza. ¡Cuidado!

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ecardenassan