Ruiz Argüelles o el insano conflicto de interés

  • Israel Velázquez G.
Nadie se come aquello de que si el presidente es honesto, todos los que lo siguen serán honestos

Puebla atraviesa por los momentos más críticos de su historia en lo que a credibilidad se refiere. De ello, no lo olvidemos, dan cuenta los resultados electorales del pasado 2 de junio: a pesar de que el Instituto Nacional Electoral asumió la organización total de los comicios hubo 66.6 por ciento de abstención y el ganador, Luis Miguel Barbosa Huerta, recibió el mandato de las urnas con menos de la mitad del 33 por ciento del electorado.

Aunque incomode, aunque no guste su resultado, ese proceso electoral extraordinario es hasta este día la medición más seria y precisa respecto de lo que la gente de Puebla piensa: no creen en la palabra de los hombres de poder. A ese descrédito abona no sólo el ejercicio autoritario de Rafael Moreno Valle Rosas siempre secundado por hombres y mujeres hoy conversos; abonan también casos como el de Carlos Lomelí Bolaños, delegado en Jalisco de Programas para el Desarrollo del gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque siembran dudas sobre la pretendida honestidad que habrán de tener los hombres y mujeres que ejerzan el poder político bajo las siglas de Morena y el manto protector de la Cuarta Transformación.

Nadie medianamente inteligente se come aquello de que si el presidente es honesto, todos los que lo siguen serán honestos. Ahí está el caso de Lomelí Bolaños: desde mayo Mexicanos Contra la Corrupción reveló que a pesar de ser funcionario público formó una red de farmacéuticas que obtuvo contratos por hasta 164 millones de pesos en lo que va del gobierno de López Obrador.

Aunque en Jalisco, el daño causado por Lomelí a Morena juega contra las decisiones que tome en Puebla Luis Miguel Barbosa Huerta, quien el 1 de agosto habrá de asumir como gobernador de un estado en donde ni el poder Legislativo ni el Judicial tienen credibilidad. No. Sufren todos un descrédito al que ni la más voluntariosa prospectiva ve reversible.

El reto de Barbosa, si lo hay, es que su gobierno sirva para sentar las bases de la democracia madura y propositiva de la que necesita ser parte el hasta ahora apático electorado poblano. Ahora bien, si el abstencionismo fue un mazazo, si aún antes de que comience a gobernar le afectan las decisiones de sus correligionarios, ¿cómo piensa Barbosa Huerta lidiar con la falta de credibilidad?

El 14 de junio pasado confirmó que durante su administración el responsable de salud será Guillermo José Ruiz Argüelles, un integrante del Consejo Administrativo de Laboratorios Ruiz, registrado con la razón social Laboratorios Clínicos de Puebla SA de CV.

Leídas con calma, ¿las 40 palabras del párrafo anterior no dejan claro el conflicto de interés? Si la respuesta es no, le cuento que en el mismo reportaje publicado en Datamos el pasado 14 de junio, se da cuenta de que otra de las firmas en las que participó como accionista la familia Ruiz Delgado es VSB Customs Service SA de CV: sus socios fueron Carmen María Losada Cordero, Óscar Alberto Hidalgo Forcelledo, Francisco Javier Alonso Sendino y José Alejandro Romero Carreto, este último excandidato a la gubernatura de Puebla en 2018.

Esta empresa, en la que aparecen como accionistas Manuel Alejandro Ruiz Delgado y Rodrigo José Ruiz Delgado, hijos de quien será el próximo titular de salud, consiguió en 2017 dos contratos por hasta 25.1 millones de pesos con la Secretaría de Salud de Puebla y el ISSSTEP. Todo está fundamentado con información pública, se llama conflicto de interés y existe aunque el 24 de junio el propio gobernador electo haya dicho que para no caer en él su administración no comprará a las empresas propiedad de servidores públicos.

Las palabras, sin embargo, son doblemente insuficientes cuando desde un flanco que suponemos ajeno al gobernador electo se pretende llamar conspiración al conflicto de interés. Insuficientes si se atiende a lo declarado por Irma Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, a propósito del caso Lomelí Bolaños: “En el gobierno de @lopezobrador_ no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la #4T.”

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Israel Velázquez G.

Periodista de tiempo completo. Trabajó en: Milenio, El Financiero, Correo de Guanajuato, El Popular de Puebla y AZ de Xalapa. Autor de la columna Acantilado, siempre cerca del lector que toma decisiones