Dentro de la historia de la migración entre México y los Estados Unidos cobra especial relevancia el tema de los trabajadores temporales relacionados con las deportaciones masivas (Durand, 1921, 1929-1933 y 1939). Llama la atención que, en esas deportaciones, únicamente los trabajadores mexicanos, entre decenas de otros grupos de inmigrantes, fueron deportados de manera masiva y en repetidas ocasiones. Con ninguna otra comunidad de inmigrantes se aplicó una política semejante (Durand, 2007). 

El antecedente a esas deportaciones, fue el sistema de enganche como un negocio privado de las casas de contratación, un modelo de explotación extremo que dejaba en manos de particulares la contratación, el traslado, el salario, el control interno de los campamentos y las cargas de trabajo. Las consecuencias de este sistema fueron los contratos leoninos, el endeudamiento perpetuo, las condiciones miserables de vida y trabajo, el trabajo infantil, las policías privadas y las casas de contratación (Durand, 1993, 1994).

Actualmente y ante el embate de declaraciones y amenazas veladas y declaradas, uno se pregunta ¿qué se está haciendo ante esta problemática? 

El principal antecedente ha sido el “Programa Bracero”, un esfuerzo de mayor magnitud y de mayor alcance en donde la experiencia recabada podría dar ciertas luces sobre este tema. La deportación masiva de ese entonces puso en evidencia, por una parte, que es la demanda la que impone el ritmo migratorio de la temporalidad de los trabajadores migrantes y la otra, que cuando no hay trabajo, el stock y el flujo disminuyen de manera drástica, ya sea por la vía de la deportación oficial, el retorno voluntario o las dificultades para el cruce fronterizo. 

Desde siempre, Durand ha señalado que hay dos asuntos difíciles de solucionar y que forman parte de la idiosincrasia nacional de cada país: por un lado, México presenta el problema de la corrupción como un cáncer que carcome todo el sistema político y el entramado social. Tanto los contratos braceros como  las visas H2A y H2B para trabajadores temporales han estado permeados por la corrupción de alto, bajo y medio nivel enmarcadas por la impunidad. En los Estados Unidos se presenta una particular forma de ser empleador con tendencia a la sobreexplotación de la mano de obra, la imposición de ritmos intensivos de trabajo, control de tiempos y movimientos, traslado de todos los costos posibles al trabajador (transporte, vivienda, seguros) y fijación de un nivel salarial de lo más bajo. En Estados Unidos no interesa si sus trabajadores son indocumentados o “empapelados”, lo que le interesa es que sean baratos, eficientes y desechables. 

 El resultado es que ambos países se han lavado las manos con: “la política de la no política” (Durand y Arias, 2005) lo que ha permitido que la problemática crezca y se facilite la sobreexplotación de la mano de obra migrante, fomente su contrabando y que en el cruce en la búsqueda del “sueño americano” se jueguen la vida y todos sus ahorros. 

Nuestra frontera norte, poco a poco se ha convertido en un problema de seguridad nacional porque se está negando el derecho internacional del asilo, puesto que el sr. Trump está utilizando la actual crisis humanitaria para cuestiones políticas de campañas electorales. Esta medida unilateral fue planteada a nuestro país en diciembre de 2018 y aceptada en febrero de 2019: la deposición legal 235 de la ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos. En ella se dice que se puede deportar a México a nacionales de otro país que hayan ingresado por la frontera. México la admitió de manera temporal y por razones humanitarias, con base en el compromiso de México con los derechos humanos. 

Esta es quizá la medida más controvertida de los acuerdos migratorios entre el gobierno mexicano actual y Estados Unidos, donde se trata de cambiar la política de atrapar y soltar a solicitantes de refugio durante el juicio, a la de atrapar y devolver a los que tuvieran una cita acordada. El tema queda pendiente, porque los abogados de los migrantes en Estados Unidos han impugnado esta decisión y por el momento está cancelada, por ir en contra de los convenios establecidos sobre refugio y otras disposiciones legales. 

Sin embargo, está presente la amenaza de que en este día empezarán las redadas para deportar a los migrantes, entendida la deportación como el proceso de remoción (expulsión) de Estados Unidos de un extranjero por no cumplir las leyes de EE. UU. Bajo las condiciones actuales una persona puede ser detenida y deportada si ingresó al país ilegalmente, cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos. 

Ante esta situación de extrema urgencia es necesario negociar, no continuar por el camino de la “política de la no política”. Es necesario un acuerdo bilateral, porque el flujo histórico y mayoritario de migrantes proviene de nuestro país y porque ningún otro país tiene las particularidades históricas y de vecindad como nosotros.

Referencias:

Durand, J. (2007) Braceros, las miradas mexicanas-estadounidenses. Antología 1945-1964.  México; Senado de la República, Universidad Autónoma de Zacatecas, Porrúa.

Durand J. y Arias P. (2005), La vida en el norte. Historia e iconografía de la migración México-Estados Unidos, Guadalajara, El Colegio de San Luis-Universidad de Guadalajara.