La lucha por los Derechos Humanos en Puebla data de finales de los sesentas. Las justas demandas populares y de los universitarios por exigir libertad a sus presos de conciencia, castigo a los actos criminales de las corporaciones policiacas y el cese a la criminalización y persecución de los líderes políticos opositores, son el antecedente directo de la Defensa de los Derechos Humanos.

Las demandas de sectores progresistas de la sociedad poblana, en los setentas, no fueron ajenas a lo que ocurría en el país. La convulsión social derivada de la inestabilidad política y económica de esos años, provocó respuesta de fuerza del Estado mexicano. Dicha operación provocó innumerables violaciones a la Dignidad Humana, de escándalo mundial. En respuesta, organismos internacionales, entre ellos la Organización de las Naciones Unidas, exigieron al Estado mexicano atender sus recomendaciones en el tema. En respuesta se crea en 1989 la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaria de Gobernación.

No fue suficiente para que el régimen expiara sus culpas. Por decreto presidencial, el seis de junio de 1990, crea una Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como Organismo desconcentrado de la Secretaria de Gobernación. Tampoco fue suficiente. En 1992, el congreso federal, ya con cierta presencia opositora significativa, eleva a rango constitucional la CNDH y le otorga la condición jurídica de ser “Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios”. Dicha reforma se convierte en soporte jurídico constitucional del Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, preámbulo para que a finales de 1992 se creara en Puebla, la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.

Para el 2011, la citada comisión se convierte en Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, atribuyéndole autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio.

A 26 años de su creación, los resultados no solo son desastrosos, sino patéticos. Hay que decirlo con todas sus letras: la CDH de Puebla es un adefesio, una entelequia, una institución arruinada y ruin respecto a la defensa de los Derechos Humanos.

Su labor ha distado de ser siquiera mediana respecto a las múltiples y graves violaciones a los Derechos Humanos en que han incurrido diversas dependencias estatales y municipales. Fue extremadamente omisa con actos que atentaron contra la vida, la libertad, la dignidad, las garantías individuales de las personas en los sexenios pasados: detenciones arbitrarias, asesinato, tortura a detenidos, dilación de la justicia, encarcelamientos fuera del debido proceso.

Diversas Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones y barras de abogados y particulares, han dado testimonio a lo largo de estos años de la indiferencia de la CDH para atender quejas y peticiones de victimas del atropello de autoridades.

El mal desempeño institucional ha sido objeto de duras recomendaciones. En abril de 2017, la CNDH emitió a su contraparte poblana, la recomendación 16/2017, por la negligencia observada por dicha comisión por dilación e inactividad. En la misma recomienda “capacitar al personal para que aprenda a atender quejas por violaciones a las garantías individuales”. Además de omisos, ineptos.

El mal desempeño en la defensa de los Derechos Humanos alienta impunidad, corrupción y debilita al de por sí alicaído Estado de derecho.

En próximos días el congreso poblano tendrá que definir quién encabezará la CDH. El cambio de gobierno puede ser una oportunidad extraordinaria para el fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos, pues un segmento de la nueva elite política sabe, ha sufrido en carne propia los atropellos de derechos y garantías individuales, por ello el poder legislativo tendrá que ser pulcro y cuidadoso para elegir al próximo Ombudsman poblano. Este debe tener autoridad académica, profesional y ética, que garantice lo que la ley indica: legalidad, imparcialidad, independencia, honradez, eficiencia.

Hay que acotar: no solo se requiere con urgencia nombrar nuevo presidente y visitadores, sino adecuar la ley para darle fuerza y amplitud a sus recomendaciones.  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla debe dejar de ser una entelequia a la que nadie hace caso. Por el bien de los poblanos.

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