La abogacía mexicana en números

  • José Antonio Bretón Betanzos
Tradicionalmente la palabra Abogado se vincula directamente con el profesional del Derecho

Hoy que se celebra el día del abogado, resulta necesario realizar un planteamiento autocrítico sobre el ejercicio de la Abogacía en México, a partir de algunos datos numéricos relacionados directamente con nuestra profesión, obtenidos a través de diversas solicitudes de información.

Para iniciar es importante señalar que tradicionalmente la palabra Abogado se vincula directamente con el profesional del Derecho que defiende a una o varias personas en un juicio. Sin embargo, la complejidad de estos tiempos ha provocado que el profesional del Derecho desempeñe su función en diversos ámbitos, como lo es la judicatura, la administración pública, la empresa o en la consultoría entre otras. Así, actualmente podríamos considerar al Abogado como el profesional del derecho que ejerce su profesión.

Entre las 32 entidades federativas que integran  México, 2560 instituciones de educación superior ofrecen algún programa de Derecho en sus aulas. Para ello, se han expedido  2168 Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE´s). Lo que implica el mismo número de programas.

Además, como resultado de haber aprobado los programas y cumplido con los requisitos respectivos, desde 1946 a la fecha se han expedido 778,125 cédulas profesionales de estudios a nivel licenciatura relacionados con el Derecho. Si consideramos la actual expectativa de vida de los mexicanos, 71 años, y consideramos que en promedio a los 23 años concluyeron sus estudios y obtuvieron su cédula los profesionales del Derecho, tenemos un aproximado de 764,521 cédulas. Claro esta que existen diversos aspectos a considerar, como la edad de egreso y la expectativa de vida; pero más allá, debe tomarse en cuenta la exigibilidad de la cédula para ejercer la Abogacía, lo que provocaría que cada vez más profesionales del Derecho se preocupen por obtenerla, a diferencia de lo que sucedía anteriormente. Aunado a ello, también es importante considerar que el número de cédulas no necesariamente implica a todos los que ejercen la profesión del Derecho, pero nos puede permitir una aproximación a ello.

Esta cantidad contrasta con lo que sucede con los posgrados en Derecho. En total se han expedido 31,768 cédulas entre 2013 y 2018, divididas de la siguiente forma: 5570 corresponden al grado de Especialidad, 23,731 al de Maestría y 2467 a Doctorado.

Ahora bien, el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) tiene registrados 38 posgrados de derecho, todos ellos en la modalidad escolarizada y todos ellos ofertados por universidades públicas. De esos 38 posgrados del PNPC, la tercera parte se concentra en 4 entidades federativas: Tabasco (4), Baja California (3), Puebla (3), Tlaxcala (3); si agregamos a la CDMX y Chiapas, con 2 posgrados cada una, 6 entidades federativas acumulan el 50% de los posgrados del país, mientras que 12 no cuentan con ninguno y 7 apenas cuentan con 1 posgrado registrado. No se observa relación alguna entre las circunstancias sociales de las entidades federativas y el hecho de que cuenten con un posgrado registrado en el PNPC, de lo que se infiere que no existe una política dirigida a nivelar la calidad de la formación jurídica en el país. Casi 2 de cada 3 posgrados en derecho con registro en el PNPC (63%) están orientados a la investigación.

Del total de los posgrados, sólo uno está explícitamente reconocido como "especialidad", mientras que los 37 restantes corresponden a maestría (20) y doctorado (17). Lo anterior es relevante por cuanto el Marco de Referencia para la Evaluación y el Seguimiento de los Programas de Posgrado en la Modalidad No Escolarizada (CONACYT, 2016), está dirigido particularmente a los programas de orientación profesional. La totalidad de los programas de doctorado (17) están orientados a la investigación, de lo que se infiere que CONACYT no concibe los programas de doctorado en derecho con orientación profesional. Solamente 7 programas de maestría están orientados a la investigación, mientras que 13 (casi el doble) son de orientación profesional. Solamente 8 de los 38 programas de posgrado están consolidados y 1 es de competencia internacional, mientras que 29 son de reciente creación (15) o en desarrollo (14).

Con esta información surgen diversas preocupaciones sobre la calidad de la enseñanza y aprendizaje logrado en tantas instituciones, el seguimiento que se les da a las mismas, así como a la calidad del servicio brindado por todo el universo de abogados en ejercicio de la profesión, mismo que debe llevarse a cabo de manera actualizada, digna y ética, por lo que tanto instituciones como abogados debemos poner la mayor de las atenciones tanto en la formación como en el ejercicio de la carrera dada la labor y compromiso social que implica ser Abogado.

Aunado a ello, resulta relevante apreciar la discrepancia del porcentaje tan elevado de posgrados en Derecho PNPC con orientación hacia la investigación, con número de tan elevado de Abogados con la aspiración de cursar un posgrado profesionalizante ya que su labor se ubica mayormente en la práctica jurídica frente al reducido ámbito laboral que actualmente existe para la investigación.

Frente a los números citados existe un gran reto para la Abogacía en México, ya que en estos momentos la percepción sobre ella es negativa., aunque en la realidad existen muchos abogados comprometidos con la ética profesional y su pleno cumplimiento, lo cierto es que también existen casos que la han demeritado. De allí que los primeros en hacer cumplir los valores éticos de la Abogacía debe iniciar por nosotros mismos, y promoviendo en todo momento mejores prácticas, más honestas y encaminadas al logro de la justicia.

Los datos aquí presentados forman parte de un proyecto a diez años, ya que es necesario conocer específicamente tanto cuantitativa como cualitativamente las percepciones interna y externa que existen sobre la Abogacía, a fin de mejorar su ejercicio y retomar el papel tan trascedente de servir a la sociedad, el cual nunca debió haber perdido.

El autor es Coordinador Interino de la licenciatura en Derecho y Coordinador de los Posgrados en Derecho de la Universidad Iberoamericana Puebla.

@Abretonb

Opinion para Interiores: 

Anteriores

José Antonio Bretón Betanzos

Licenciado en Derecho, Maestro Derecho Constitucional y Amparo, Maestro en Ciencia Política y Doctor en Derecho. Experto internacional en Derecho Electoral UNAM. Exsecretario General IEE Puebla. Coordina Posgrados en Derecho Ibero Puebla