Profesor de la UDLAP

En un acto sin precedentes, fuera del contexto constitucional del país, el Presidente de la República se presentó ante miles de sus seguidores en el Zócalo de la capital este 1 de julio. Aunque es positivo que nuestros políticos se presenten ante la sociedad a la que se deben, hay que aclarar algunas cuestiones y señalar algunos riesgos. La más importante: no fue un informe en el espíritu Constitución constitucional del término, y mucho menos un acto de rendición de cuentas.

“Les vengo a rendir cuentas”, dijo el Presidente en su discurso. Más bien presentó lo que él considera los aspectos positivos de su gobierno. La rendición de cuentas es un proceso mucho más complejo y mucho más serio. Implica al menos dos partes: una que rinde y la otra que recibe y valora la información rendida. Este 1 de julio solo se dio la primera parte.

Concepto y realidad fundamental en las sociedades democráticas, la rendición de cuentas exige valoración de lo rendido y sanciones si es insatisfactorio. Aunque las sanciones se limiten a la crítica, el cuestionamiento, la corrección de lo informado. La rendición de cuentas exige la división de poderes: un poder informa a otro sobre su desempeño, y espera una respuesta del informado.

Es la idea de nuestra Constitución sobre los informes presidenciales. El artículo 69, que se refiere al informe del Presidente, señala que “Cada una de las Cámaras [de diputados federales y de senadores] realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.”

Nada más alejado de esto que el acto festivo de López Obrador el primero de julio. Fue una fiesta, donde el Presidente se celebró a sí mismo. No habrá análisis ni preguntas por escrito, ni comparecencias e informes más detallados.

Ignoro si este acto del Presidente viola lo que algunos llaman el principio de legalidad: “los particulares pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe, los funcionarios públicos deben hacer solo lo que ley les permite”. Lo que me parece importante es que quede claro que ese acto no tiene que ver con lo que nuestra Constitución entiende por informe, ni lo que en las democracias se entiende por rendición de cuentas.

La cuestión preocupa si se pone en el contexto. Hay preocupación por los populismos que han surgido en diversas partes del mundo. Recordemos los tres rasgos con los que ha definido ese sistema político: la idea de que la sociedad se divide en dos, “ellos” y “nosotros”; la idea de que el “nosotros” está representado por una persona, el líder populista; la idea de que, si hay líder, las instituciones son innecesarias.

En nuestra Constitución los informes son un “institución”: una norma escrita que obliga a los funcionarios públicos. No a decir lo que quieran frente a quienes quieran, sino a informar con fundamentos a otros poderes, que tendrán el deber de analizar lo informado y profundizar en ello.

Preocupan también las “satisfacciones no pedidas”. El Presidente señaló no está luchando por instaurar una dictadura, sino la auténtica democracia. ¿Por qué la aclaración? ¿Hay riesgos de dictadura en el país? ¿Qué entiende por “auténtica” democracia? Hace pocos días declaró, en Gómez Palacio me parece, que desde que se bajó de su vehículo él supo lo que el pueblo quería: suspender la obra del metrobús. ¿Es él el auténtico intérprete de la “voluntad del pueblo”? Nada hay más fácil que jugar con las palabras. No hace tanto tiempo hubo quien definiera como “democracias populares” algo que hoy se considera casi universalmente como sistemas totalitarios.