El gabinete de la cuarta transformación

  • Guillermo Nares
Obtener un puesto de primer nivel implicaba ser poderoso, encumbrado

En nuestro país, la formación de gobierno en los ámbitos estatales, fue momento estelar. No es para menos. Los funcionarios de primer nivel adquirían un peso significativo en los procesos de toma de decisiones.

Es entendible, gobernaban sobre amplias franjas de discrecionalidad. Sus poderes eran, desmedidos: recursos públicos y humanos, capacidad de decisión y gestión en las dependencias estatales, en municipios e incluso con el gobierno federal.

Obtener un puesto de primer nivel implicaba ser poderoso, encumbrado. Ese tipo de comportamiento alimentó una cultura que se reprodujo en los distintos confines de la sociedad expresada en la frase popular: Dios mío, no me des ¡ponme donde hay!

Los secretarios llegaron a ser hombres poderosos, no en razón de sus atributos intelectuales, trayectoria profesional, profesionalismo en la administración pública, probidad, decencia, honorabilidad, liderazgo, sino por sus habilidades en el ocultamiento de las trapacerías, capacidad para intrigar, maquillar, obstaculizar a los adversarios y habilidad operativa en los procesos electorales. La eficiencia de un funcionario se media en relación a su capacidad para mover la maquinaria electoral a favor del gobernador en turno. A cambio gozaban a plenitud del prestigio, los recursos y el poder. La transparencia y la rendición de cuentas nunca existieron.

Un acto republicano administrativo de partida devino para la opinión pública, en pasarela de lealtades abyectas.

Los resultados de gabinetes regulares, malos y pésimos saltan a la vista: deuda pública, corrupción, impunidad, empobrecimiento, fenómeno criminal en ascenso, destrucción del tejido social.

El gabinete que acompañe al gobernador electo, Luis Miguel Barbosa Huerta, en principio debe recuperar el espíritu republicano: un secretario no es más que un servidor público, cuya función es colaborar para que el gobernador construya gobernabilidad democrática.

La sociedad espera un gabinete capaz, de resultados inmediatos. Buenas decisiones en el nombramiento de secretarios, generan certidumbre, proyecta visión de Estado y confianza a la población.

De lo anuncios hechos, hay que destacar que fue un acierto ratificar a Fernando Manzanilla en la Secretaría General de Gobierno; su profesionalismo y experiencia ha sido un factor clave para que el ambiente de las pasadas elecciones se desenvolviera con tranquilidad y en paz. No es menor el resultado, apenas unos meses antes, había confrontación política extrema. El talento del secretario evitó desbordar las turbulentas aguas.

En los demás nombramientos, también hay que decirlo, surgen reservas. Sin duda, el gobernador electo es tal por el lopezobradorismo como propuesta política. El gabinete tendría que tomar en cuenta, primordialmente, liderazgos de Morena, especialmente perfiles de izquierda para que en Puebla se traduzca la 4T.

Sin embargo, la designación de militantes de otros partidos, adelanta un equipo multipartidista. Hay voces que argumentan la necesidad de desmantelar al morenovallismo. No hay sustento. Ni siquiera pervive como corriente de opinión. Lo que sí existe en las democracias son poderes facticos. Pero ello confirma en todo caso la necesidad de establecer un gobierno afín a la izquierda que garantice cohesión gubernamental, racionalidad. Mejores resultados con menores costos. Condición para enfrentar los poderes facticos u ocultos.

La formación de gabinete sigue siendo relevante para los poblanos en esta segunda alternancia, no por lo que significó en el pasado sino por lo que tendrá que hacer.

El cambio debe reflejarse inmediatamente en seguridad pública, respeto a los Derechos Humanos. El próximo gobernador tendrá que apurar al congreso local para que se defina con precisión y certeza el programa de la Fiscalía General del Estado en el rubro de procuración de justicia. La condición que guarda actualmente el responsable de dicha institución limita su funcionalidad.

El tipo y gravedad de problemas que tenemos requiere funcionarios capaces, honestos, profesionales y sobre todo poblanos. El arraigo cuenta al momento de analizar resultados. En entregas posteriores haremos un análisis de fondo sobre la idoneidad de los que llegan.

Lo que ocurre con las dependencias de vialidad estatales y municipales es un botón de muestra de lo que no debe ser.

A las desgracias humanas que han provocado las gavillas de bandoleros -homicidios, feminicidios, robo con violencia, desapariciones, asaltos- hay que sumar un agravio más: los agentes de policía y tránsito del municipio y del estado, ni brindan seguridad ni resuelven problemas de circulación vial, al contrario, también tenemos que cuidarnos de ellos.

Cualquier pretexto basta para detener, infraccionar y sobre todo extorsionar a los automovilistas.

Son unas verdaderas lacras sociales al amparo de una placa. No importa el pretexto ni la edad, sexo, condición física, del ciudadano, la finalidad es sacar la cuota para los jefes, como ellos mismos han denunciado.

El malestar social es doble. No acceder a la extorsión significa perder el tiempo, y si se reclama se corre el riesgo de pérdida de los documentos.

Próximamente analizaremos con mayor detalle el funcionamiento de las dependencias encargadas de seguridad y vialidad, ¡Basta de corrupción!

gnares301@hotmail.com

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Guillermo Nares

Doctor en Derecho/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BUAP. Autor de diversos libros. Profesor e investigador de distintas instituciones de educación superior