Después de varios meses de entrado el nuevo gobierno, queda ya clara la perspectiva de lo que viene. Ante el triunfo de Morena del año pasado y la sobrerrepresentación en el Congreso que obtuvo de acuerdo con las reglas electorales, además del activo chapulineo convenenciero que hemos registrado en los últimos meses conformando el llamado PRIMOR (PRI y Morena) y el Verde, pareciera que los contrapesos institucionales son insuficientes para detener la maquinaria de la llamada cuarta transformación, que se ha empeñado en la destrucción de instituciones que hemos atestiguado desde el 1 de julio pasado.

Los partidos de oposición, especialmente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y en algunas ocasiones acompañados por el PRI, han sido insuficientes para detener la fuerza que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Poder Ejecutivo, con la comparsa del Poder Legislativo y de pronto, en algunas instancias, también desde el Poder Judicial. Esta falta de contrapesos institucionales, que se han visto disminuidos en algunos órganos constitucionales autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía, han dejado libre el camino para la llamada “cuarta transformación”.

Y ahí es donde se han interpuesto algunas organizaciones de la sociedad civil (ONG’s) para fungir como contrapesos de abusos de autoridad del Ejecutivo. El caso más emblemático es el de los aeropuertos de Texcoco (NAIM) y de Santa Lucía. Desde la decisión presidencial de cancelar el NAIM, que se tomó a fines de octubre pasado con base en una consulta a modo, sin tomar en cuenta lo que ya se había invertido, el hecho de que no se utilizaría dinero de impuestos (sino de la Tarifa de Uso de Aeropuerto) y que ya tenía todos los estudios completos, así como el plan para su financiamiento, representó una decisión emblemática de este gobierno. Se basó en una decisión unipersonal, sin ninguna razón objetiva (todas las esgrimidas han quedado invalidadas), en detrimento de la actividad económica actual, del empleo y de las perspectivas de crecimiento económico a futuro, y que no pudo ser objetada en el Congreso por la mayoría del partido en el poder, construida con las alianzas y coaliciones por todos conocidas y que obedecen a una conveniencia política y no a una convicción ideológica. Las únicas instituciones que recientemente han logrado detener una decisión claramente realizada con base en un deseo personal del Presidente, son varias organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por Causa en Común, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y por la Coparmex, entre las más destacadas. Estas acaban de lograr la suspensión definitiva (mediante amparos) de las obras en Santa Lucía y la destrucción de lo construido en Texcoco, hasta en tanto no se cuente con los estudios que marca la ley.

En un programa de discusión hace unos días, tres periodistas serias discutieron el trabajo de estas organizaciones y se centraron en qué organizaciones eran, qué posibles intereses tendrían en plantear dichos amparos, qué finalidad oscura o interés económico estarían defendiendo, por qué no dejaban “gobernar” al presidente López Obrador, etcétera. Lamentablemente en la discusión no se llegó al punto medular de la cuestión: ¿se trata de una decisión de gobierno razonable, sensata, apegada a derecho, o bien se trata de una decisión que tiene muchas fallas de origen, como lo he planteado arriba? Es decir, pareciera que el tema es por qué y quiénes se oponen a los designios del Presidente, en lugar de revisar los méritos de la decisión en cuestión. Y si no existen méritos y razones suficientes que respalden la decisión presidencial, entonces resulta que el interés general, el de los ciudadanos, sólo está siendo defendido con efectividad por organizaciones civiles no partidistas que ven por el interés público, por el interés de todos nosotros. Y por eso me llamó tanto la atención el tipo de discusión que se llevó a cabo, siguiendo la tónica presidencial de descalificar a quienes se oponen a decisiones del régimen, en lugar de ver la existencia de contrapesos indispensables en una democracia.

Como ciudadano de a pie puedo decir que me enorgullece que haya instituciones como las mencionadas que cuidan mi interés como ciudadano, que dan la pelea y que se arriesgan a que les envíen auditorías fiscales, que el Presidente les insulte y que les denueste, y todo por defender el interés de los ciudadanos y la integridad de nuestro Estado de derecho.

A falta de partidos políticos con la suficiente fuerza y entereza en el Congreso y en el Senado, dados los resultados electorales y el chapulineo a Morena de muchos legisladores de otrora partidos de oposición, algunas organizaciones civiles se han convertido en uno de los pocos contrapesos que existen en nuestra vida política actual. Benditas organizaciones de la sociedad civil. Un fuerte aplauso a todas las personas que las dirigen y las integran. Sin ellas, nuestra democracia estaría todavía más débil de lo que ya está.