*Por: Dra. Laura Angélica Bárcenas Pozos

El fin de semana pasado me enteré por un grupo de WhatsApp que el próximo secretario de educación pública del estado de Puebla será el Dr. Melitón Lozano Pérez y mi alegría no pudo ser mayor porque tuve la oportunidad de conocer a Melitón como alumno del Doctorado Interinstitucional en Educación en la Ibero Puebla, en esos años me desempeñaba como coordinadora de este programa académico y pude convivir y compartir diversas cosas con Melitón.

Ya lo ubicaba como diputado por el distrito de Izúcar de Matamoros y sabía que había estudiado la Maestría en Investigación Educativa en la misma IBERO, pero en los años noventa. Desde entonces ya se caracterizaba por ser un profesor inquieto y dedicado a formarse para estar mejor preparado. Esa preparación le permitió pasar de ser profesor de secundaria a ser profesor de educación media superior, después diputado y recientemente presidente municipal.

Sin embargo en este pequeño artículo no quiero hablar del Melitón profesor o político, sino del Melitón investigador, pues creo atinado del próximo gobernador, Miguel Barbosa, encargarle esta secretaría a un hombre que ha vivido el problema educativo en sus entrañas, que lo conoce a fondo y que además sabe hacer investigación formal de tipo cuantitativo y cualitativo, lo que le permitirá tomar decisiones más asertivas sobre el fenómeno educativo en la entidad.

Melitón desarrolló una investigación en su proceso de formación doctoral que analiza la exigibilidad del derecho a la educación. Los sujetos de esta investigación son los padres de familia de una escuela secundaria que explican cómo ejercen esta exigibilidad y si la ejercen en realidad, a partir de la educación que reciben sus hijos. Para esta investigación se aplicaron cuestionarios y también se llevaron a cabo entrevistas, que buscaban profundizar aún más en la información.

En el problema de esta investigación Melitón explica que hay una discusión profunda sobre la concepción del derecho a la educación, pues hay una amplia gama de instrumentos nacionales e internacionales que lo protegen y múltiples actores y organizaciones que exigen respetar este derecho. También señala que la participación es inherente a la exigibilidad del derecho a la educación y por lo tanto no pueden concebirse como independientes.

Según Melitón la participación se observa en acciones concretas como defensa y perfeccionamiento, capacidad para organizarse, argumentar y tomar decisiones que ayudan a mirar críticamente las relaciones cotidianas y que brida oportunidades para concretar el derecho a la educación y la democracia como forma de vida. Y el problema central que señala en su trabajo doctoral es que en México “se observa una distancia entre los preceptos jurídicos y la realidad educativa, un divorcio muy marcado entre el diseño de las políticas públicas, las obligaciones constitucionales y las previstas en los tratados internacionales” y señala que Pablo Latapí ya aseguraba que existe una situación de no exigibilidad que señala como fáctica.

Melitón continua diciendo que Latapí habla de cuatro situaciones principales que explican este fenómeno, la primera es que no hay condiciones legislativas, la segunda es de tipo cultural, pues la educación es percibida por la población como un “servicio gratuito” y no como un derecho que el Estado debe satisfacer y por eso no se exige; la tercera limitación es que en México no se ha construido una cultura de derechos humanos por lo que los ciudadanos no están dispuestos a exigir sus derechos y la cuarta limitación se refiere a la justiciabilidad del derecho a la educación que tiene que ver con la posibilidad de ser invocado ante los tribunales y ser objeto del sistema judicial.

En este sentido Melitón se planteó como pregunta de investigación, “¿cuáles son las acciones de exigibilidad que realizan los actores sociales relacionados con el derecho a la educación y en qué condiciones institucionales se sitúan, en el ámbito de la educación formal, particularmente en el nivel de educación secundaria?” En pocas palabras, Melitón encuentra como respuesta a esta pregunta que la exigibilidad jurídica es nula, la sociopolítica escasa, sin embargo considera que hay una exigibilidad emergente de tipo intraescolar. También que las dimensiones del derecho a la educación que más se exigen son la aceptabilidad y la accesibilidad y los que menos son la asequibilidad y la adaptabilidad. Mientras que las limitaciones que más están presentes en el ámbito de estudio son, la concepción de la educación como un servicio, el poco conocimiento de instituciones y la carencia de acciones por parte del Estado en la promoción de los derechos.

Así que por eso estoy esperanzada y alegre, pues si el próximo secretario de educación pública de la entidad realizó este estudio encontrando lo ya señalado sobre el derecho a la educación y conozco su calidad humana, sé qué hará hasta lo imposible por lograr que el derecho a la educación se alcance y también promoverá una cultura para que se exija.

La autora es profesora de la Universidad Iberoamericana Puebla.

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