Víctimas o no, hemos tenido acercamiento con casos de trabajos forzados, extorsiones, cobros de cuotas de piso y hasta conflictos territoriales. No hay mexicano que diga desconocer esto. Lo vemos, escuchamos y, en ocasiones, somos víctimas de estos hechos que propicia para algunos el desplazamiento forzado.

En 2018, al menos 11 mil 491 personas en México se vieron obligadas al desplazamiento forzado masivo en cinco estados, dos de ellos tienen límites con Puebla: Guerrero y Oaxaca.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), presentó su libro Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe 2018, donde se aborda la desatención, vulnerabilidad y violación en derechos humanos que enfrentan estas personas.

Desde 2014, la CMDPDH realiza un monitoreo permanente en medios de comunicación, que nos permite identificar la ocurrencia de episodios en desplazamiento forzado. Desde ese registro a diciembre de 2018, han contabilizado a 338 mil 405 personas obligadas a abandonar sus hogares ante la violencia.

En 2018, cerca de 5 mil 056 personas se vieron obligadas a abandonar Guerrero, mientras que, en Oaxaca, esta situación la enfrentaron, 300 personas. Si bien, es una disminución de casos identificados desde 2016, existe la advertencia que los medios informativos hayan omitido casos, derivado de la violencia a periodistas y de procesos electorales.

El escenario es crítico si partimos que solo dos estados tienen leyes específicas para prevenir y atender el desplazamiento interno, esto sin contar que no cuentan con reglamentos, lo que dificulta la aplicabilidad de las leyes y la instrumentación de programas y políticas públicas para la atención de estos grupos vulnerables.

Hablamos de un amplio grupo de personas, de las que se tiene registro, en condición de vulnerabilidad, pero sin un plan de atención en ningún estado del país. Familiar completas que se mueven de su lugar de origen como un medio de escape a la violencia que enfrentan.

Revisando el mapa elaborado por la CMDPDH, observamos casos en Sinaloa, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, donde el sur concentra la problemática, pero que el corredor formado por los cinco estados, involucran las entidades en colindancia.

Los motivos son diversos, pero el crimen organizado sigue presente con 6 mil 156 casos de los más de 11 mil registrados. La guerra contra el narcotráfico ya no está presente, pero la violencia derivada de grupos delictivos organizados sí, y así lo constatan estas cifras.

Mientras se enfrenta uno de los mayores retos en política internacional entre México y Estados Unidos, que involucra tema migratorio y económico; de manera interna se vive, desde hace años, una movilidad constante por encontrar espacios seguros en medio de un país donde la violencia es incesante y la política pública en prevención está ausente.

Casos como el de Minatitlán en Veracruz, del 19 de abril, donde fueron asesinadas 14 personas mientras festejaban una fiesta de cumpleaños; el cierre de negocios en Irapuato, Guanajuato por cobros de piso; asesinatos a periodistas como el caso de Norma Sarabia en Tabasco, advierten de la creciente vulnerabilidad de la población mexicana. 

Apenas en marzo, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal presentó el ranking 2018 de las 50 ciudades más violentas del mundo, de las cuales, 15 están en México: Tijuana, Ciudad Juárez, Acapulco e Irapuato, además de Ensenada, Coatzacoalcos, Celaya, Uruapan y Cancún.