José Pascual Urbano Carreto

La historia se debe iniciar en el periodo determinado para la realización del proceso electoral 2017- 2018, en este se eligieron a miles de autoridades ejecutivas y legislativas: un Presidente de la República, 9 gobernadores, 128 Senadores de la República, a 500 diputados federales, a 2688 cargos de elección popular en las entidades federativas, entre diputados locales y gobiernos municipales. En total se eligieron a 3526 cargos de elección popular.

 Lo que estuvo en juego fue muy importante para el país y, por supuesto, para las distintas fuerzas políticas agrupadas en partidos políticos y en organizaciones sociales de todo tipo. La expectativa de triunfo de una fuerza emergente tuvo a la clase política en el poder muy ocupada, y una franja muy importante de ella había decidido aplicarse para cambiar esas tendencias, en tanto otra franja de esa clase política ya se estaba alineando por la nueva alternativa de gobierno.

En ese contexto es que se da una fuerte campaña de erosión en contra de los avances de Morena. Y en esa misma circunstancia fue que se desarrolló el proceso de selección de los candidatos de MORENA.

En una primera etapa, de acuerdo al estatuto y los acuerdos de la dirección nacional, se debieron definir a los coordinadores electorales distritales, municipales, estatales, y nacionales para preparar los eventos en los que se debió elegir a los abanderados del Partido MORENA, (Artículo 44 de los estatutos de MORENA) ellos fueron elegidos por los consejos del nivel dirección correspondiente. De manera notoria se optó por obviar la realización de las asambleas distritales y estatales, lo que sí se verificó fue el evento nacional donde se presentó la situación de que existió candidato único y por lo tanto fue designado como candidato a la presidencia el Licenciado  Andrés Manuel López  Obrador; en el caso de los demás eventos se optó por la designación de los precandidatos en los consejos estatales y municipales y se sumó a las propuestas de esos órganos de dirección las que fueron formuladas por la comisión nacional de elecciones y el Comité Nacional del Partido, con ellos, los precandidatos designados, se procedió a organizar las encuestas que señala el estatuto, del proceso resultó el conjunto de candidatos que MORENA propondría en el proceso electoral 2017-2018.

De manera muy notoria se presentaron situaciones polémicas en la designación de los candidatos a la gubernatura del DF y de la ciudad de Puebla, en el primer caso se realizó un ejercicio estadístico que fue seriamente cuestionado por el hoy senador Ricardo Monreal, la situación se complicó y se dio un panorama que estuvo a punto de generar un espacio de ruptura en el partido, con la intervención del líder máximo del partido se pudo superar la controversia y se definió como candidata al gobierno de la ciudad de México a Claudia Sheinbaum, quien obtuvo el triunfo, ahora es la jefa de gobierno. 

En el caso de Puebla se presentó la situación de que el candidato nominado por el método de la encuesta fue distinto al que las estructuras de la dirección local sugerían en la conformación de la terna, se generaron discrepancias y ello configuró un peligroso distanciamiento entre los que en ese momento dirigían al partido y los que se sentían con derechos por haber protagonizado los trabajos de fundación del mismo. Se presentaron tres propuestas del Consejo estatal y una impulsada por la comisión nacional de elecciones (CNE), finalmente con la encuesta que se realizó se nominó al Senador con licencia Luis Miguel Barbosa Huerta, y esta fue la propuesta que se impulsó por parte de la comisión nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional (CEN). Los elementos controversiales se lograron superar gracias a la oportuna intervención del máximo dirigente del Partido. Con esos procesos y procedimientos se pudo arribar a la contienda electoral correspondiente al proceso electoral 2017- 2018.

La normatividad para el proceso 2017-2018 presentó una singularidad que es prudente mencionar brevemente:

La Jornada electoral correspondiente al citado proceso se desarrollaría el día 1 de julio del año 2018 y no en el 3 de junio como lo marca el artículo correspondiente de la LGIPE, ello en virtud de que el 10 de febrero de 2014 el congreso expidió un artículo transitorio constitucional que estableció lo siguiente;

 TRANSITORIO Constitucional

                   (Publicado en el diario oficial de la federación el 10 de febrero del 2014)

 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Unión deberá expedir las normas previstas en el inciso

a) de la fracción XXI, y en la fracción XXIX-U del artículo 73 de esta Constitución, a más tardar el 30 de abril de 2014. Dichas normas establecerán, al menos, lo siguiente:

I.         La ley general que regule los partidos políticos nacionales y locales:

II.        La ley general que regule los procedimientos electorales:

a)         La celebración de elecciones federales y locales el primer domingo de junio del año que corresponda, en los términos de esta Constitución, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio; …

Como consecuencia de lo mencionado las elecciones fueron el día 1 de julio y se normaron básicamente por un reglamento de elecciones elaborado por el INE y abalado por el TEPJF, juntos asumieron facultades legislativas y lo más delicado es que el reglamento mencionado nunca fue conocido por todos los interesados en ese proceso electoral, faltó certeza y transparencia. Por fortuna el fenómeno de insurgencia electoral a favor del cambio evitó cualquier tentación de alterar los resultados del proceso.

Lamentablemente eso no pudo ser cierto para el proceso de elección de Gobernador en el estado de Puebla, en donde se dio un proceso lleno de irregularidades avaladas por las autoridades electorales.

En esas condiciones se inició el proceso electoral, se dieron desajustes en el inicio del proceso en los plazos para registrar las alianzas electorales y el extremo fue la forma en que se trató el proceso de registro de los candidatos independientes en los que a pesar de las irregularidades públicamente conocidas el INE otorgó el registro a Margarita Zavala y le negó el registro a los demás aspirantes a candidatos independientes, pero a pesar de las irregularidades el TEPJF se encargó de otorgar a Jaime Rodríguez, alias el  Bronco, el registro correspondiente, la falta de certeza del marco legal, la opacidad y la conducta discrecional de las autoridades explica esos hechos anormales.

El accionar de las distintas coaliciones y los fenómenos de inconformidad interna pueden explicar las diferencias en el actuar de los militantes de la CJHH y de los simpatizantes de la misma, además de que se debe tomar en cuenta el peso de la intervención de los que en ese momento gobernaban al estado de Puebla, el Grupo Morenovallista, que logró conjuntar en apoyo de la candidata oficial a la autoridad civil Gobernador y Presidentes Municipales ligados a la Coalición Por Puebla al Frente (CPPF) y a las autoridades Electorales Locales; IEE y TEEP.

 Todo lo mencionado se concentró en preparar una situación que asegurara el triunfo de la candidata oficial, todo ello contó con la complacencia o al menos la tolerancia de las autoridades electorales nacionales, para muestra baste citar la resolución final del TEPJF que otorgó el triunfo a la candidata oficial de los que detentaban el poder en el Estado de Puebla.

El proceso electoral del 2018 significó un gran avance para las fuerzas progresistas, se triunfó en la mayoría de las gubernaturas que estaban en juego y se obtuvo mayoría simple en la cámara de diputados y en la de senadores, en la mayoría de los congresos locales se logró resultados favorables a los miembros del núcleo progresista aglutinado en la CJHH, solo nos quedó un pendiente: lo sucedido en el Estado de Puebla que tuvo un proceso electoral lleno de irregularidades y marcado por actos de violencia, que el día de la jornada electoral tuvieron una mayor intensidad, con la complicidad de las autoridades civiles se presentaron actos de violencia y con la complicidad de las autoridades electorales locales se dieron actos que permitieron la adulteración de la voluntad ciudadana de los poblanos.

 En esas circunstancias fue que el IEE reconoció como la candidata con el mayor número de votos a la abanderada de la CPPF, Martha Erika Alonso. Ante tal situación irregular evidente el Candidato de la CJHH Luis Miguel Barbosa Huerta (LMBH) solicitó a la autoridad electoral local que se realizara un recuento voto por voto de toda la elección, la que respondió definiendo un recuento parcial mínimo que dejo ver la intención de no atender cabalmente el legítimo reclamo, ante ello LMBH, recurrió a solicitar el recuento ante el TEPJF, para que al realizar el recuento se pudiera lograr la claridad en los resultados y dejar al descubierto lo irregular de estos, eso lo formuló en el mes de julio y se vino a atender hasta el mes de septiembre, momento en que se tomó el acuerdo para realizarse en el mes de noviembre cuando ya, evidentemente, los paquetes electorales habían sido adulterados de manera amplia y profunda, como se dejó ver el día 3 de julio con el descubrimiento de los laboratorios electorales como el del Hotel MM de la ciudad de Puebla.

La resolución del TEPJF se concretó en el mes de noviembre, en él se dio el triunfo a la candidata de la coalición CPPF, Martha Erika Alonso y como consecuencia asumió el cargo el 14 de diciembre.

 El día 24 de diciembre se suscitó un accidente, en el que perdieron la vida la Gobernadora Martha Erika Alonso, junto con su esposo el Senador Rafael Moreno Valle y tres personas más. Como consecuencia de ese lamentable suceso, en Puebla se tuvo que proceder al nombramiento de un Gobernador Interino y después realizar un proceso extraordinario para elegir al gobernador del estado de Puebla por lo que resta del periodo gubernamental correspondiente.

El resultado electoral en Puebla, en lo que concierne a los gobiernos Municipales, se obtuvo un rotundo triunfo en 40 municipios del estado y en ellos se aglutinó a la mayoría de los ciudadanos poblanos, se ganó la capital y la mayoría de los municipios que son parte del área metropolitana de Puebla así como se consiguió triunfar en San Martin Texmelucan, Tehuacán, Cholula (San Pedro y San Andrés) en fin, fue un avance muy significativo en los gobiernos de la coalición CJHH, se presentó el triunfo de la corriente que pretende corregir los actos que no han permitido superar los grandes problemas del estado,  solo que,  junto con ello, se presentó una dosis importante de inexperiencia e ingenuidad. Para empezar se descuidó el proceso de entrega recepción y con ello se dejó ir la oportunidad de informar a los ciudadanos los actos ilícitos cometidos por las anteriores autoridades, también se evitó poner orden en el ejercicio de gobierno e iniciar el diagnóstico de lo que se debía cambiar, en ello se trataba esencialmente de asumir las obligaciones del gobierno y aplicar la normatividad vigente, no se hizo, ello permitió que los hoy opositores antes gobernantes, pudieran confundir a los ciudadanos afirmando que la explicación de que las razones de los problemas no resueltos fueran atribuibles a los nuevos gobiernos de la CJHH, asunto que no es cierto, pero el descuido y la ingenuidad también forman parte de lo que es el oficio de gobernar, por lo que autocríticamente se debe asumir y corregir esa conducta indolente. Lo mencionado se conformó en un gran lastre para la opción que en el proceso electoral presentó la CJHH.

En cuanto a la conformación del congreso del Estado la Coalición JHH obtuvo 22 de los 41 escaños, mayoría simple y con ello la posibilidad de empezar una mayor efectividad a impulsar iniciativas que pudieran preparar el terreno para hacer los cambios que la opción progresista prometió en la campaña, se hicieron varios cambios pero un obstáculo que evitó mayor efectividad fueron las constantes discrepancias entre los integrantes de la fracción parlamentaria de MORENA y, también, en ese nivel de gobierno se actuó con inexperiencia e ingenuidad en la entrega recepción, lo que generó graves consecuencias llegando a la situación de no poder acceder a información que debió estar en los archivos del Congreso del estado y por tanto a su disposición. 

Ante lo controvertido del rol desempeñado por los integrantes de la autoridad electoral local (IEE Y TEEP) y a petición unánime de los partidos el INE decidió atraer la organización de la elección extraordinaria y dejar fuera del proceso a las citadas autoridades electorales locales. En esas circunstancias se llegó a la organización y realización de la elección extraordinaria de 2019.

La convocatoria para la elección extraordinaria fue abierta a los ciudadanos que reunieran los requisitos marcados por la legislación vigente y no puso restricciones a los participantes en el proceso electoral realizado en el 2018. En el marco de dicha convocatoria se establecieron los plazos para que los partidos o las alianzas de partido, así como los que quisieran participar como candidatos independientes, pudieran registrarse obligándose todos a cumplir con los requisitos que marca la normatividad vigente.

La coalición JHH se registró en tiempo y forma, aunque en su integración sufrió una modificación, el PES no pudo seguir en la coalición por haber perdido el registro en las elecciones del 2018, sin embargo, la CJHH se integró nuevamente con la participación de tres partidos políticos, MORENA, PVEM Y PT. En tanto, lo que fue la CPPF no consiguió en los tiempos definidos integrar, para este proceso, una coalición y optó por definir una alianza bajo la figura de la Candidatura Común. (figura que solo existe en la legislación local, en la nacional no se contempla), en el PRI se decidió participar en la contienda electoral solo.

En el proceso para nominar las candidaturas de cada una de las opciones el PAN que lideraba la Alianza de lo que CPPF y el PRI optaron por la vía de dejar que el CEN decidiera al respecto, en el caso del PRI se definió la Candidatura del Mtro. Alberto Jiménez Merino; en la Opción representada por el PAN se nominó al Dr. Enrique Cárdenas Sánchez. En ese proceso de nombramiento se presentó un hecho curioso, a la convocatoria del PAN se presentaron varios aspirantes, todos militantes del PAN y de última hora el CEN decidió nominar a un candidato que no se había registrado de acuerdo a la convocatoria y que tampoco era militante panista, así es como se definió la candidatura de Enrique Cárdenas.

En el caso de la nominación del candidato a la gubernatura de JHH el proceso se dio en el marco de las estructuras y la normatividad de MORENA y en su convocatoria se estableció que abría un proceso de registro para los aspirantes a la candidatura en la dirección local, siempre en coordinación con el CEN y con la Comisión Nacional de elecciones; primero se debían registrar para luego quedar sujetos al análisis de la comisión de elecciones del CEN. En el registro de aspirantes se presentaron casi diez aspirantes, pero en la depuración que se realizó en el CEN y la Comisión de Elecciones solo se consideraron elegibles a tres: Luis Miguel Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier. Con esos candidatos se procedió a organizar la siguiente etapa, la precampaña, y posteriormente la aplicación de la encuesta que establecen los estatutos para que, de acuerdo a sus resultados, quedara definido el candidato de MORENA, mismo que por acuerdo de la coalición constituida se convierte en el abanderado de la CJHH para participar en la elección extraordinaria de 2019.

 En teoría el asunto parecía resuelto, pero nuevamente el método acordado mostró algunas complicaciones y en las precampañas se presentaron serios enfrentamientos entre los aspirantes a la candidatura y lo más delicado distanciamientos éntrelos equipos de seguidores de las distintas opciones. Lo complejo fue que se distanciaron los precandidatos los militantes de cada opción, se dividieron y desalentaron muchos de los que se adhieren a esta opción como simpatizantes, franja muy numerosa y cuya conformación hace difícil de volver a unirlos y de reconquistar su confianza.

 El asunto se fue complicando por el nivel de las confrontaciones y porque el problema llegó a los tribunales y además se mezcló con el periodo de las campañas. Se mantuvo la confrontación hasta casi la mitad de la campaña (23 de abril, día de la reunión de Luis Miguel Barbosa y Alejandro Armenta con el senador Monreal) Eso representó un fenómeno que abono al terreno para que la elección se hiciera más difícil, que permitiera a las otras opciones ganar terreno y conquistar a parte del electorado que en el proceso electoral de 2018 brindó su apoyo a la coalición. Esto es parte de lo que puede explicar el resultado adverso en la zona metropolitana de Puebla, donde se tuvo resultados adversos en la ciudad de Puebla en las Cholulas y en los municipios cercanos a la capital.

Se perdió en cinco distritos de los quince en que se dividió el estado de Puebla. Sorprendente el resultado, pero también el hecho de que de manera muy discreta, con poca transparencia, las demarcaciones electorales que se usaron en la elección correspondan con los quince distritos federales y sin difundir ese acuerdo se dejó a un lado las demarcaciones de los 26 distritos locales, y lo insólito, -al menos hasta donde tengo información-, los equipos de campaña de MORENA y supongo los de toda la Coalición JHH en Puebla, Tehuacán y en las Cholulas trabajó con la estructura de los distritos locales: 7 distritos en Puebla, 2 distritos en Tehuacán  y así por el estilo en todo el estado, se operó con la estructura de los distritos locales en lugar de organizarse de acuerdo a la estructura federal, que fue la que se aplicó.

Seguro que eso pudo representar algún grado de desorganización en todos los planos (en la movilización, organización de eventos y el plano financiero) ello pudo constituirse en un posible elemento de desventaja frente a otros equipos.

De lo expuesto se puede derivar la necesidad de revisar lo que se establece en el estatuto para el mecanismo de elección de las candidaturas, especialmente dejar claramente establecido como indispensable las asambleas electorales de carácter municipal, estatal y nacional según corresponda para definir las ternas de candidaturas y manteniendo las facultades en esta etapa de las nominaciones de los precandidatos para la comisión Nacional de Elecciones (CNE) y del CEN, en tanto para la siguiente etapa la determinación, de las candidaturas dejar claro que con la información de los perfiles de los nominados, con el resultado de la encuesta y con consultas a los órganos de dirección correspondientes al nivel de la candidatura a definir establecer la facultad del CEN para resolver en definitiva sobre las candidaturas; con una precisión de ese carácter se evitarían los conflictos internos por las nominaciones y la intervención legitima de los tribunales.

En el caso de Puebla finalmente el TEPJF resolvió reconocer como candidato de la CJHH al licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta.  La campaña que realizó el candidato de JHH fue muy contundente en los medios y, sobre todo, contó con una notoria ventaja en cuanto a los actos multitudinarios y dejó claro que la opción contaba con una alta capacidad de convocatoria para esos eventos, en donde se tuvo cierto descuido fue en la penetración de la acción comunicativa dirigida a los ciudadanos de las zonas urbanas atendiendo a sus necesidades y preocupaciones, lo que incluía diseñar una estrategia de penetración en las redes sociales que tienen un impacto muy especial entre los ciudadanos de los espacios urbanos el espacio fue atendido, sin embargo, lo que se difundió fueron mensajes propios de las campañas tradicionales. no puede decirse que no fue atendido, más bien lo que faltó hacer fue una segmentación más fina de los mensajes de campaña.

Algo que fue muy desgastante fue el distanciamiento por el conflicto para la selección del candidato que se mantuvo aún dentro del periodo de la campaña constitucional, lo que significó un elemento negativo y al final la solución que produjo como consecuencia la aceptación de la candidatura por los demás precandidatos se tradujo en acuerdo cupular entre ellos, pero los equipos y seguidores de las distintas opciones aún después de terminada la elección se continúan hostilizando. Ese fenómeno fue muy negativo y se tradujo en factor que explica, de manera importante,  los resultados de la elección, en la campaña se descuidó trabajar en consonancia con el reclamo del fraude electoral cometido en el 2018 y señalar  que los que apoyaban a Enrique Cárdenas fueron los autores de ese fraude, el descuido posibilitó que el electorado de las áreas metropolitanas se confundiera y permitiera, a los que solo pueden triunfar con trampas, presentarse como personas honorables y honestas, así que se dejó de reclamar lo que hubiese significado una clara diferenciación respecto a ellos, reivindicando así a la opción progresista y honesta representada por la CJHH. Se debió evitar que los defraudadores y corruptos se presentaran como democráticos y honestos, se permitió que no asumieran su responsabilidad. Si lo mencionado se hubiese difundido es muy probable que los resultados en la zona metropolitana de Puebla se hubieran presentado más positivos para la opción progresista.

Lo que se debe haber presentado como nuevo es que la tarea del gobierno progresista emanado de las elecciones del 2018, para cumplir con las tareas de la cuarta Transformación, debe partir de que ya es gobierno esta opción y, por tanto, ya no se puede quedar en señalar los problemas del país como cuando era oposición, debe analizarlos y sintetizarlos y a partir del diagnóstico elaborar políticas para procurar soluciones de los problemas más importantes. Lo anterior significa abordar el complejo problema de transformar las formas organización y las ideas rectoras para poder abordar lo que viene aparejado a plantear políticas que tiendan a resolver los problemas y a lograr los consensos necesarios para superar las resistencias que siempre se presentan, cuando se quiere modificar la esencia del funcionamiento de la sociedad. Para encauzar lo nuevo y así conseguir mejorar las condiciones de desarrollo del país.

 Lo anterior lleva a considerar modificar la estructura de los partidos que conforman el apoyo a la opción progresista, misma que debe tener la fuerza para combatir la corrupción para combatir la inseguridad y la impunidad, ello se logra en principio, estableciendo la vigencia del estado de derecho, pero ya nos está quedando muy claro que remontar las resistencias de los poderosos del régimen anterior significa  poder contar con la convicción, la organización y la fuerza necesaria para conseguir detener su crecimiento y para minimizar su importancia, en ello se deberá fincar encontrar la modificación de los actuales partidos para que en el apoyo del régimen progresista se incorporen orgánicamente los militantes fundadores de los partidos especialmente de MORENA y a los que recientemente se sumaron a su estructura y, sobre todo, a los que como simpatizantes, que suman  más de 30 millones de mexicanos, en Puebla suman cerca de 2 millones, que se incorporaron electoralmente. Se debe asegurar un camino para que formen parte de la gran energía que permita lograr el triunfo del proyecto de la cuarta transformación, es decir, del nuevo régimen progresista.

Se impone hoy la necesidad de impulsar una política de apertura de los partidos integrantes de la CJHH a todos los mexicanos que así lo deseen y que estén dispuestos a comprometerse con el proyecto de nación condensado en la cuarta transformación.

La acción organizativa consistente en la política mencionada, se deberá realizar urgentemente en Puebla y de inmediato y en la medida de lo posible, extenderse a lo largo y ancho de todo el País.