Reunión México-Estados Unidos, mecanismo para avasallar

  • Raúl Espejel Pérez
Fue convertido en un inusual mitin político─religioso por un pastor evangélico y un sacerdote

Un evento realizado en la ciudad de Tijuana bajo el argumento de defender la dignidad de México y favorecer la amistad con el pueblo de los Estados Unidos y la oculta finalidad de buscar apoyo popular al acuerdo donde el gobierno mexicano formalizó su sometimiento a los caprichos y ocurrencias del presidente Trump, fue convertido en un inusual mitin político─religioso por un pastor evangélico y un sacerdote católico, ante la presencia cómplice y el aplauso aprobatorio de Andrés Manuel López Obrador, que fingió olvidar que es presidente de un país laico.

Teniendo como fondo del escenario la imagen de Benito Juárez, presidente que mediante las Leyes de Reforma separó a la iglesia del Estado mexicano, el pastor evangélico, Arturo Farela, proclamó que “Damos gracias a Dios Todopoderoso (por) que puso orden en el gobierno de Estados Unidos y en el gobierno de México, partiendo de un principio fundamental de justicia social”.

Por su parte, el sacerdote católico, Alejandro Solalinde, en clara referencia a la reunión efectuada en Washington entre los gobiernos de los presidentes López y Trump, señaló que “el dialogo es el sacramento del reino de Dios” y aprovechó la circunstancial tribuna religiosa para advertir que México “está preparado para que sea una mujer la próxima presidenta del país”.  

No es la primera vez que en el ámbito del gobierno del presidente tabasqueño ocurre una irregularidad de esta naturaleza. Hace varias semanas se permitió que en el Palacio de las Bellas Artes se efectuara un homenaje al líder de la iglesia evangélica, Naasón Joaquín García ─hoy encarcelado en la ciudad de Los Ángeles, California, como presunto responsable, entre otros delitos, de ejercer la pornografía infantil y violar a una menor de edad─, disfrazado de concierto musical.

El discurso estelar de esa mescolanza político─religiosa en que fue convertido el evento de Tijuana, corrió por cuenta del presidente López, quien reafirmó el compromiso de su gobierno para “contribuir a evitar que los migrantes atraviesen (el) territorio nacional (de México) para alcanzar el de Estados Unidos”.

Advirtió que cumplirá ese compromiso, sin violar los derechos humanos de los migrantes.

Marcelo Ebrard, otro orador del evento polítco─religioso, asumiendo funciones que corresponden al florero (inventariado con el nombre de Olga María del Carmen Sánchez Dávila) que AMLO tiene como encargada de la secretaría de Gobernación, no dio a conocer el texto del acuerdo que suscribió con el gobierno de Trump. Se concretó a anunciar matizadamente los compromisos ignominiosos que el gobierno de Trump impuso a México.

Entre estos compromisos diplomáticos, a México se le impuso la obligación de utilizar, indebidamente, a seis mil elementos de la Guardia Nacional como muro no metálico ni de cemento, sino militarizado, que impedirá que los emigrantes centroamericanos   atraviesen  el  territorio nacional de México para alcanzar el de Estados Unidos, como dijo López Obrador al hablar en el mitin político-religioso de Tijuana.                    

Trump todavía no logra consumar su enfermiza obsesión de erigir el muro que separe de extremo a extremo a México de Estados Unidos para evitar el ingreso de personas indocumentadas a su país, pero sí consiguió que con la misma finalidad y sin ningún costo financiero para su país, se construya un muro humano en la frontera que nos separa de Guatemala y Belice.

La actitud pusilánime que AMLO ha asumido ante las arbitrariedades y abusos de poder de Donald Trump, hizo posible que la Guardia Nacional, implementada únicamente para combatir la delincuencia en México, se utilice ahora, a favor de Estados Unidos como su Border Patrol (patrulla fronteriza) mexicana.

Además de lo anterior, en el acuerdo de Washington se legitimó que el territorio de México continúe sirviendo como bodega de Estados Unidos para que este país mantenga almacenados a los inmigrantes que estén en espera de que las autoridades migratorias norteamericanas autoricen o rechacen su ingreso a su país.

Debiéndoles proporcionar gratuitamente, durante el tiempo necesario, que puede ser de meses o años, vivienda, empleo, alimentación, atención médica, educación y defensa de sus derechos humanos. Prestaciones sociales que les permitirá vivir mucho mejor que en sus países de origen.

Hasta ahora nadie sabe el costo que conlleva cumplir estos compromisos ─aceptados y reconfirmados apresuradamente por el presidente López─ ni de dónde provendrá el dinero que se requiere para financiar su materialización. Sin embargo, se tiene la certeza que como no existe ninguna partida presupuestal para afrontarlos, será necesario efectuar otro reajuste al ya reajustado presupuesto de egresos de 2019.

Nuevo reajuste que puede ocasionar el empeoramiento de los servicios médicos, educativos, de impartición de justicia, de gobernabilidad y de inversión en obras públicas. Puede provocar, también, que los problemas que tiene México pendientes de resolver, en materia de vivienda, alimentación, salud pública y educación, se incrementen y agraven.

Ningún mexicano, necesitado o no del apoyo gubernamental asistencialista, que tanto sirve y ha servido clientelarmente a López Obrador, verá con agrado que el gobierno mexicano proporcione vivienda a los emigrantes centroamericanos cuando en el país existen millones de mexicanos que carecen de casa, o teniéndola, viven en ella, en condiciones de promiscuidad y hacinamiento, dos, tres y hasta cuatro generaciones de una familia.

Cosa semejante puede suceder cuando el gobierno del presidente López otorgue empleo a las decenas de miles de migrantes que estén en espera de ser o no admitidos como residentes en Estados Unidos.

México no solamente está sin resolver la falta de empleo que afecta a millares de jóvenes que ingresan al segmento de la población económicamente activa y a los que egresan de las universidades y escuelas técnicas, sino también a los millones de mexicanos que rebasan los 35 o 40 años de edad y carecen de ocupación remunerada. A este grave problema, se agrega que con la llegada de AMLO a la presidencia de la república el desempleo se está elevando exponencialmente, día tras día, al ser despedidos de su trabajo, arbitraria e ilegalmente, por orden presidencial, más de 200 mil servidores públicos.

Aprovechando que López Obrador controla a la mayoría de integrantes del poder Legislativo, se elaboró y aprobó una norma jurídica que se bautizó con el nombre de Ley de Austeridad Republicana, cuya finalidad consiste en reducir el gasto público.

Una de las medidas implementadas para lograr ese objetivo, consiste en reducir la cantidad de servidores públicos que trabajan en la Administración Pública Federal.

Dentro este contexto, resultará un agravio para millones de ciudadanos mexicanos que para atemperar las amenazas del presidente Trump de imponer un gravamen progresivo a las exportaciones nacionales, la administración gubernamental del presidente López otorgue empleo a los indocumentados centroamericanos.

Proporcionar alimentación a los jóvenes emigrantes de Centro América que esperan autorización para ingresar  a Estados Unidos en busca de empleo puede interpretarse como un escarnio del gobierno de López Obrador, porque éste, en el afán de obtener dinero para financiar sus programas clientelares, dio instrucciones para que los comedores comunitarios donde se proporcionaba alimentación gratuita a la personas que viven en situación de pobreza dejaran de prestar este vital servicio a la población económicamente vulnerable.

Otorgar servicio médico gratuito a los indocumentados centroamericanos, cuando la atención médica institucional atraviesa una de las peores crisis de su historia por falta de hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, equipo médico, así como de medicamentos afectará, aún más, al sector de la población que cuenta con ese primordial servicio de manera deficiente desde hace más de tres décadas. Para los miles y miles de personas que carecen de él será un agravio, sobre todo porque López Obrador sobresaturó los servicios médicos del IMSS al incorporar a los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y determinó desaparecer el Seguro Popular.

Por el perfil general de los migrantes centroamericanos, no obstante que el nivel de escolaridad de la mayoría de ellos, es bajo, se prevé que no solicitarán los servicios educativos que el gobierno mexicano se comprometió a proporcionarles, toda vez que de las 521 mil personas que se dice ingresaron a México en el curso de este año 362 mil pretenden residir en Estados Unidos para trabajar y no para estudiar.

Aunque los 159 mil restantes son menores de edad, se considera que la mayoría de éstos rebasa los 15 años de edad y en vez de estudiar buscaran empleo. La minoría son hijos de emigrantes que ingresarán a escuelas de educación básica y solamente la menor parte de ellos requerirá el servicio de estancias infantiles.

Sin embargo, en este rubro, el gobierno de AMLO también puede ser objeto de cuestionamientos al haber ordenado la cancelación del Programa de Estancias Infantiles que afectó a más de 300 mil niños menores de 6 años de edad. Todos ellos hijos de madres de escasos recursos económicos.

¡El gobierno de la 4T ya está haciendo historia al convertirse en farol de la calle y oscuridad de su casa!

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Raúl Espejel Pérez

Ha colaborado como articulista en la revista Jueves de Excélsior, El Universal de México, El Universal Gráfico, El Universal de Puebla, El Día, Nueva Era de Puebla y la revista Momento de Puebla (versión impresa y digital).