La casi alcanzada Reforma educativa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, además de responder a la demanda social y magisterial contra el neoliberalismo, el eficientismo y la tecnocracia evaluativa, ha dejado en claro la inutilidad del boom de las instituciones y organismos autónomos que proliferaron en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. La figura de las instituciones autónomas no es el problema, sino como estas sirven a intereses contrarios al bienestar popular y la justicia social, al ser útiles al empresariado y para legitimar las políticas mercantilistas de los gobiernos.

La autonomía otorgada por el Estado mexicano a algunos organismos e instituciones sólo funcionó para contar con datos que sirvieran para legitimar las políticas privatizadoras y en favor de la construcción de una cultura de competencia económica liberal y, de esa manera incumplir con las funciones históricas, morales y legales del Estado. Ejemplo de estas acciones fue la constante emisión de datos por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), quien se encargó de legitimar la noción sobre la mayor calidad en la educación privada sobre la pública, sin abonar a buscar las soluciones para reducir las brechas que pudieron gestarse con base en las acciones de los gobiernos priistas y panistas cuya intención fue privatizar la educación en el país.

Se ha partido de una falacia: creer que una instancia autónoma por el hecho de serlo, le hará contrapeso al Estado, es negar las relaciones políticas, de poder e intereses de las mismas en el propio sistema político mexicano. Es absurdo pensar que porque hay más organismos e instituciones autónomas se cuenta con mayor democracia, cuando, muy posiblemente, en sociedades históricamente corruptas y serviles al capitalismo pueden convertirse en limitantes del ejercicio pleno de los derechos humanos.

Aun cuando la figura de la autonomía, como contrapeso al Estado, varios de los organismos e instituciones que cuentan con esta condición han dejado mucho que desear. Por ejemplo, la falta de un pronunciamiento categórico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y las constantes inconsistencias de la procuración de justicia, más que dar un sentimiento de seguridad jurídica a la sociedad, mostró una falta de carácter y determinación de esta instancia “garante” de la dignidad humana y los derechos fundamentales.

De igual manera ocurrió con las constantes crisis económicas y financieras durante el gobierno anterior, donde el Banco de México tuvo que recurrir a la venta de dólares para solventar las incongruencias del propio modelo económico, para el que es más importante constar con indicadores macroeconómicos favorables que la calidad de vida de la población.

No digamos el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual se ha destacado por su ineficacia, trabajos oscuros y falta de credibilidad entre la población, después de haber avalado tantos fraudes electorales en el país.

Estos son algunos ejemplos que hacen reflexionar sobre la figura de la autonomía en organismos e instituciones que lejos de servir de contrapeso y estar en comunión con los derechos de la ciudadanía sirven como soporte y dar permisos al Estado para actuar en contra de la sociedad o bien, realizar las acciones que le corresponden al propio Estado solventar.

La desaparición del INEE era necesaria por la inutilidad que tuvo en los últimos años, donde fue un aliado de la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Peña Nieto, más que un contrapeso real para este último. De vigilante pasó a cómplice; la autonomía otorgada en 2013, lo hizo más dependiente y servil a los intereses de la clase empresarial (ahora escondida bajo el término de sociedad civil) y de las utilidades mezquinas de ciertos gobernantes y servidores públicos corruptos que laboraban en él.

El dedo está puesto en la llaga. Un ejemplo de inutilidad de la autonomía fue el INEE, pero ¿cuántos otros organismos e instituciones también tienen una autonomía inútil? Fuera de las universidades que cuentan con este derecho, será necesario revisar los resultados y el beneficio social que han tenido las instancias autónomas en México y replantear, en los casos necesarios, las formas de conducción de las mismas y, valorar la pertinencia de que continúen con esta prerrogativa.

Picaporte

Desaparece el INEE, pero se dice que un acuerdo entre la institución y el gobierno federal respetará los empleos de quienes laboraban en el instituto de evaluación en el nuevo Instituto Nacional para la Revaloración del Magisterio y la Mejora Continua, del que formarán parte. ¿Qué dirán las personas desempleadas del gobierno de AMLO con los privilegios de los evaluadores del país?