Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos comprometidos

 puede cambiar el mundo. De hecho, sólo eso puede lograrlo.

Margaret Mead

El Senado de la República, con altura de miras y compromiso social, aprobó el pasado 14 de mayo una reforma constitucional histórica en materia de paridad de género. Las modificaciones normativas son aplicables a todo el sector público y sus distintos ámbitos de gobierno. En ellas, se establece la obligación de observar el principio de equidad de género en la conformación de todas las instituciones.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del que México forma parte, promueve la incorporación de 17 objetivos para el desarrollo sostenible en todas las naciones. La intención es impulsar principios rectores en las políticas de desarrollo que incentiven la conformación de sociedades más prosperas y con más oportunidades para las personas. Entre estos objetivos, se contempla una amplia agenda orientada a la construcción de derechos humanos que permitan la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas en el mundo, y cuyo fin es construir acciones permanentes en favor de la equidad de género que coadyuven al cumplimiento de un desarrollo más sostenible e incluyente.

Ante este nuevo panorama —que pretende edificar un horizonte más democratizador— las mujeres, quienes hemos sido copartícipes de la construcción del Estado mexicano, intentamos contar con mayor visibilidad y espacios de inserción en los que estemos consideradas en la agenda nacional, lo que sin duda enfrenta en la actualidad una multiplicidad de asignaturas pendientes. Muestra de ello es que, con esta reforma constitucional, México avanza un trecho más hacia la inclusión de las mujeres en los asuntos públicos, sin embargo, las nuevas modificaciones normativas deberán ser acompañadas de acciones afirmativas en materia de paridad de género. Por ejemplo, en la ruta por lograr que este importante avance legislativo se consume y sea una realidad, la adecuación de diversas legislaciones necesitan armonizarse a lo dispuesto por la Constitución Federal, y el Congreso deberá hacer las modificaciones normativas correspondientes en el plazo de un año improrrogable a la entrada en vigor del Decreto. Cabe mencionar que el Dictamen se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales correspondientes.

Otro ejemplo, sería identificar y realizar acciones tendientes a revertir las cifras que reporta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, integrante del Sistema Nacional de Transparencia, en donde se observa que 7 de cada 10 hombres de 15 años o más son económicamente activos, mientras que tan sólo 4 de cada 10 mujeres forman parte de este grupo. Las acciones afirmativas, junto con las adecuaciones normativas, serán un aliado estratégico para lograr disminuir las brechas prevalecientes en materia de género, con el acompañamiento y escrutinio social que dé cuenta de los avances que se logren en este tema tan relevante.

El papel del derecho de acceso a la información pública en las nuevas adiciones normativas es crucial. En primera instancia, sienta las bases para conformar un gobierno abierto que mediante acciones de transparencia proactiva informen a la sociedad sobre las políticas y acciones que están desarrollándose para cumplir con este nuevo postulado constitucional.

Para fortalecer la adopción de una perspectiva de género en nuestro país, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha colaborado con la sociedad civil financiando 95 proyectos de trabajo focalizados a población vulnerable, entre ellos mujeres ubicadas en zonas rurales y comunidades indígenas, todo esto a través del Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información Pública (PROSEDE), lo que ha permitido llegar a 28 entidades de la República Mexicana con el objetivo de que la información sea un elemento que permita mejorar sus condiciones de vida.

De lo anterior, el Sistema Nacional de Transparencia también será otro espacio en el que la información generada por las autoridades, en sus tres ámbitos de gobierno, cumpla con la calidad que por disposición legal debe tener, tales como la oportunidad, veracidad y accesibilidad para propiciar el diseño de políticas públicas con perspectiva de género. En este sentido, la transparencia se coloca como una pieza transversal que permite ofrecer información de interés público y utilidad social para la conformación de un sistema democrático que supere diversos retos en materia de desarrollo, en especial, todos aquellos concernientes a la construcción de una sociedad más igualitaria y que considere a las mujeres como elementos centrales en la conformación de una nación más plural e incluyente, en favor de los derechos humanos. Muestra de ello, son los artículos 64 y 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que estipulan que la información generada por programas de desarrollo, subsidios y padrón de beneficiarios debe ser desglosada por sexo; además de que las obligaciones nacionales de transparencia serán publicadas con perspectiva de género.

Indudablemente, el papel de la mujer en siglo XXI es reclamar su lugar en la historia como un elemento fundamental para la construcción de sociedades más abiertas, plurales, incluyentes y participativas. Si bien pueden existir reticencias a este cambio de paradigma, el derecho de acceso a la información pública siempre será un aliado de las causas sociales en favor de una ciudadanía que impulse los derechos humanos y el desarrollo sostenible.