La democratización del Estado mexicano atraviesa por un proceso de rediseño institucional y, ante todo, fortalecimiento de nuevos esquemas organizacionales que sean más abiertos y receptivos a las exigencias ciudadanas. En esta tesitura, desde hace varias décadas se ha transformado nuestro sistema de pesos y contrapesos en el sector público, pasando de la división clásica de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a una más amplia con la inclusión de organismos constitucionalmente autónomos que, siguiendo a Bruce Ackerman, en su obra “La nueva división de poderes”, su creación obedece a la legitimidad democrática, la especialización funcional y la protección de los derechos fundamentales.

En este nuevo contexto democrático, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se inscribe en esa lógica de organización, al ser un organismo constitucional autónomo especializado en la garantía de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales, que goza de un reconocido prestigio, producto de sus más de quince años de existencia, considerando su tránsito desde una figura jurídica descentralizada de la Administración Pública Federal, hasta su plena constitucionalización en 2014, donde goza de una autonomía constitucional en la materia.

Ahora bien, el nuevo sistema institucional en el que se inserta el INAI, no lo exenta de ser sujeto del acompañamiento de instancias ciudadanas y de control que den seguimiento a su actuación, para contribuir al mejoramiento continuo de su actividad. Todo ello, a partir de la recepción de opiniones ciudadanas que enriquezcan la toma de decisiones, y de una escrupulosa rendición de cuentas sobre su quehacer público.

De esa manera, destaca la creación del Consejo Consultivo, que surge con la mencionada reforma constitucional de 2014, cuya integración a cargo del Senado de la República es producto de un proceso de selección público y plural que convocó a la ciudadanía de todo el país y, de conformidad con el artículo 54 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, brinda un acompañamiento ciudadano a las actividades sustantivas del Instituto. La participación de dicho Consejo ha sido de gran utilidad, al incidir en el diseño del Plan Anual de Trabajo del INAI, que coadyuva en la construcción de la estrategia de promoción de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales que tutela este organismo autónomo, entre otras funciones igualmente sustantivas.

Asimismo, el Órgano Interno de Control, es otra instancia que, de acuerdo con el artículo 51 del Estatuto Orgánico del INAI, supervisa con independencia técnica, operativa y de gestión, el cumplimiento de las obligaciones administrativas por parte de los servidores públicos del Instituto, en donde se privilegie en todo momento la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la gestión pública, dando la posibilidad de que se detecte todo acto que se aparte de la legalidad, lo cual es un freno importante para evitar o sancionar actos de corrupción.

Tanto la nueva conformación del Consejo Consultivo, como la reciente designación de César Iván Rodríguez Sánchez como contralor interno del Instituto, se suman a la edificación de bases sólidas de corte democrático para el ejercicio cotidiano de nuestras funciones como servidoras y servidores públicos, en la medida en que se hace presente la participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas a cargo del INAI, se refrenda el compromiso de que nada ni nadie por encima de la ley, así como el cumplimiento cabal de las obligaciones constitucionales y legales a cargo del Instituto.

En estas circunstancias, el INAI se coloca como una pieza fundamental del nuevo andamiaje institucional de contrapesos sociales y políticos al ser un espacio crucial para el desarrollo de la rendición de cuentas democrática.

Con este impulso organizacional tendremos mayores capacidades institucionales para continuar avanzando en la implementación de políticas de integridad, incorporar una agenda de derechos humanos que priorice la equidad de género, así como fortalecer las labores sustantivas del INAI en la promoción y garantía de los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales.

En esta nueva etapa con un andamiaje institucional completo y sólido, este Instituto se reviste de mayor cercanía a la ciudadanía, pues su Consejo Consultivo es de una extracción completamente ciudadana, con integrantes que emanan de la academia y la sociedad civil organizada, que son puente permanente de comunicación y acompañamiento; así como la contraloría que es el mayor contrapeso institucional interno, una figura que goza de autonomía en la operación de su constante auditoría y vigilancia, y que es aliado incondicional de la o el ciudadano que pueda llegar a sentir que el actuar del INAI se ha alejado de la norma o de su actuar ético. De esta suerte, nos refrendamos como una institución ciudadana, aliada de la construcción eficaz de una democracia eficiente.