¿A quién le importa que maltraten a los jóvenes internos en el CIEPA?

  • Lucero Hernández
CNDH llama, urgentemente, a mejorar las instalaciones de los centros juveniles.

Filtraciones en techos, cables eléctricos expuestos, sanitarios en malas condiciones, carencia de agua en inodoros y lavabos, además de regaderas sin funcionar, ¿ya se imaginó el panorama? Deplorable, sí y visiblemente violatorio de los derechos humanos. Esa  realidad enfrentan los jóvenes que están en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes de Puebla.

En el lapso que va de abril de 2018 a marzo de 2019, fueron supervisados 45 centros de tratamiento interno por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para revisar la garantía de los derechos humanos de los jóvenes: desde una estancia digna, protección de la salud, integridad personal, vinculación con la sociedad, mantenimiento del orden y aplicación de medidas disciplinarias.

De un total de 19 reactivos evaluados, el Centro Juvenil de Puebla resultó con deficiencias y omisiones en 11, revela el informe especial de la CNDH sobre los centros para adolescentes, cuyos resultados fueron revelados este martes 30 de abril. 

Desde dormitorios con deficiencias en mantenimiento e higiene, falta de pintura en módulos, inadecuadas e insuficientes áreas de ingreso, protección y visita, hallaron los visitadores al revisar las instalaciones. 

Desigualdad en las áreas y personal destinado para mujeres, fue otra de las deficiencias tanto en cocina, comedores, patio y zonas deportivas, así como personal específico. Se determinó una inadecuada separación y clasificación para adolescentes sujetos a proceso y quienes cumplen una medida de tratamiento.

El CIEPA no logró presentar ni siquiera un reglamento interno y menos manuales de operación, lo que indica una falta de programas para prevenir y contrarrestar incidentes violentos. Esto se suma a la insuficiencia en el personal médico, mismo que además, labora sin registro de consultas.

En el caso de Puebla, la lista es larga: no hay programas de prevención y tratamiento contra las adicciones y desintoxicación voluntaria. El personal no cuenta con capacitación ni especialización en derechos humanos, además de ser reducido para los 33 jóvenes internados actualmente.

Estos problemas están relacionadas con un manejo deficiente de su presupuesto. En 2017, la solicitud para su operación fue de 1.9 millones de pesos, pero la entrega se dio por 16.3 millones de pesos, en tanto, el gasto fue de 14 millones, siendo uno de los 15 presupuestos nacionales más bajos ¿en qué se ejerció este dinero si las condiciones del inmueble resultados reprobadas?

Otra buena respuesta a estas deficiencias este en la falta de operativos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). Entre enero y noviembre de 2017, sólo hay registro de dos visitas al CIEPA; el objetivo, decomisar objetos ilegales a los internos. Lo hallado fue un intento de homicidio, hecho que coincide con los mensajes anónimos dados a conocer en los resultados del informe de este año: maltrato por compañeros y trabajadores.

Las deficiencias encontradas no sólo en Puebla, advierten de la necesidad de instaurar, tal y como lo establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Conferencia Nacional de Autoridades Administrativas Especializadas en la Ejecución de Medidas para Adolescentes, e iniciar con ello la operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, cuyo vencimiento es el 18 de junio próximo.

Con esto en puerta, la CNDH llama, urgentemente, a mejorar las instalaciones de los centros juveniles, contar con el personal especializado, brindar las necesidades específicas a las mujeres adolescentes, realizar la adecuada clasificación y garantizar el derecho a la protección de la salud.

Esperaremos a ver las acciones a impulsar por parte del gobierno del estado, tras conocer estos resultados. Más allá de un presupuesto, es la vigilancia de una ejecución correcta de recursos públicos en cumplimiento de los objetivos de la reintegración social y familiar de los jóvenes. 

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