La inequidad de la pensión universal para las personas adultas mayores.

La pensión para personas adultas mayores surge en 2007 con el Programa 70 y más durante la administración del Presidente Felipe Calderón, una red social y económica a favor de los adultos mayores; en 2012 la administración federal encabezada por el Presidente Enrique Peña Nieto reduce a 65 años la edad de acceso al Programa de Pensión para Adultos Mayores con algunos cambios en 2017, a finales de 2018 el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador determinó incrementar la edad de 65 a 68 años a la denominada pensión universal pudiendo coexistir con otras pensiones.

Sin embargo, la pensión universal para algunas personas ha resultado inequitativa, adultos mayores que cumplieron 65, 66 y 67 años a mediados de 2018 e iniciaron su solicitud de incorporación con los promotores o gestores voluntarios, recibieron la visita domiciliaria para la aplicación del CUIS pero no se les asignó folio o ID, al concluir la administración federal 2012-2018 quedaron sin pensión a pesar de haber iniciado su solicitud conforme a las Reglas de Operación del Programa Pensión Para Adultos Mayores 2018 publicadas en el D.O.F. el 28 de diciembre de 2017 y sólo podrán acceder a ésta hasta los 68 años o 65 y más si su domicilio se encuentra establecido en un municipio indígena; el 28 de febrero de 2019 se publicaron en el D.O.F. nuevas reglas, dejando así a muchas personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad, indefensión y olvido, aprovechando su situación precaria y desconocimiento porque la fatua pensión universal, resulta que no es universal, discrimina a los adultos mayores por razón de edad o por no residir en un municipio indígena sin importar desventajas agravadas como el hecho de ser mujer, etc. Ni hablar del monto asignado, mientras a unos los benefició duplicando el apoyo a otros los excluyó totalmente.

Ante esta situación las preguntas que surgen son: ¿qué sucedió con las copias de los documentos oficiales entregados por los adultos mayores a los promotores o gestores voluntarios que los recibieron sin contra entrega de acuse de aviso de privacidad?, ¿por qué los promotores se deslindaron en fast track al iniciar la actual administración de las solicitudes de incorporación a la pensión y por qué la Secretaría del Bienestar no dio el seguimiento respectivo?, ¿por qué los adultos mayores que iniciaron el proceso para la obtención de la pensión en tiempo y forma conforme a las reglas de operación vigentes deben esperar hasta los 68 años?, ¿estamos ante la abierta negación de un derecho o la aplicación del efecto retroactivo de las nuevas reglas de operación en perjuicio de algunos adultos mayores?

En una consulta en la Delegación de la Secretaría del Bienestar del Estado de Puebla con respuestas confrontadoras y bravuconas cargadas de juicios de valor nos dijeron que a nueva administración, nuevas reglas, que habría que esperar a que los adultos mayores cumplan 68 años aunque hayan iniciado su solicitud de incorporación al programa a mediados de 2018. Inequidad, opacidad, contravenciones a los derechos humanos, indefensión y olvido para los adultos mayores de 65, 66 y 67 años, una constante de la fabulosa Secretaría del Bienestar.

Mientras esto sucede, la universalidad de la pensión se ha prestado para que algunos adultos mayores privilegiados con pensiones del IMSS comenten sobre la pensión que otorga el gobierno federal: “recibo el dinero y se lo regalo a mis empleados”.

En la Declaración “Envejecer con Dignidad y Derechos Humanos: Nuestra Meta” del 29 de noviembre de 2017 en el punto 4 se estableció que en cuanto a la seguridad económica a nivel federal se ha avanzado en el establecimiento de la pensión no contributiva para personas mayores que no reciban otro tipo de pensión a través del Programa Nacional de Pensión para Adultos Mayores (conocido como 65 y más) No obstante, el aumento de la edad para el acceso a la pensión universal determinado por la actual administración federal y la exclusión de algunos adultos mayores es un retroceso que vulnera sus derechos, su situación económica y social.

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