Una de las crisis migratorias más graves de los últimos tiempos para México empezaría en octubre de 2018 con la llegada de Caravanas Migrantes y miles de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños, en busca del sueño americano. El gobierno de Enrique Peña Nieto que tenía la orden de Estados Unidos de confrontar a los migrantes, no pudo con la tarea porque sobrepasó la capacidad de las autoridades. Las caravanas continuaron llegando pero a partir del 1 de diciembre del año pasado la nueva administración federal se hizo responsable, con una postura diferente a la del gobierno anterior: de apoyo a los derechos humanos, pero también asumiendo el costo de las políticas unilaterales e impositivas de Estados Unidos.

Las crisis en los países centroamericanos se han ido agravando con el paso del tiempo, la gente migra por motivos económicos y de seguridad pues “los maras” prácticamente se han adueñado de pueblos y parte de las ciudades. Amenazan a la gente de pagar cuotas; a los jóvenes de unirse a sus grupos criminales y a las mujeres de violarlas. Esta realidad lleva años y fue omitida completamente por países los vecinos, como el nuestro, que ni por motivos sociales ni de seguridad internacional, ante el crecimiento de estos grupos, actuaron conjuntamente: creando programas para mejorar la situación de estas naciones. La pacificación de Guatemala, El Salvador y Honduras, tenía que haber sido un proyecto prioritario a nivel regional y no fue así.

La gran mayoría de los migrantes centroamericanos buscan llegar a Estados Unidos pero otra parte también desea quedarse en nuestro país, a pesar de las adversidades existen, México también es un lugar de esperanza. Los solicitantes de asilo tan sólo entre diciembre y enero de 2018 fueron 29,600: 106% más que en 2017. De esos 29,600: el 80% siguen esperando respuesta de su caso (Animal Político, 2019).

En un principio cuando las caravanas empezaban a llegar, el presidente: AMLO pensó que sería una buena opción darles trabajo en la construcción del “Tren Maya”, el proyecto que todavía tardará en iniciar. Esta idea ya no la ha vuelto a tocar y aún no se sabe qué pasará con los miles de migrantes que piden asilo en nuestro país. En primer lugar lo ideal es que se les dé pronta resolución a sus solicitudes, además que tendrá crearse un proyecto específicamente para esta nueva población, especialmente para los jóvenes centroamericanos que podrían ser reclutados (a la fuerza o por voluntad propia) por el crimen organizado.  

La relación con Estados Unidos se ha complicado por esta misma razón, Trump ha presionado para que nuestro país sea un freno para que la población centroamericana no llegue hasta la frontera. Pero el nuevo gobierno federal que tiene políticas migratorias menos endurecidas: no ha impedido el paso de migrantes, sino que ha controlado y vigilado a la población que entra a nuestro territorio ante la posibilidad de la llegada de gente mal intencionada. Frente a esto, y tal vez como una medida vengativa, EE.UU le ha dado a la tarea a México de responsabilizarse de los centroamericanos que han solicitado asilo en Estados Unidos. Los migrantes tendrán que esperar la respuesta de su trámite en los refugios de Tijuana y Mexicali, la “devolución” a México de los solicitantes se ha dado desde diciembre del año pasado.

Así es, esta medida ha sido prácticamente una imposición de este país, unilateral y egoísta de parte del vecino del norte, que México ha tenido que aceptar. Lo cual es coherente con la política humanitaria del nuevo gobierno, pero no es pertinente para la soberanía de nuestra nación.

La secretaria de seguridad de Estados Unidos: Kristjen Nielsen aseveró que si los solicitantes de asilo esperan en EE.UU la respuesta de su trámite podrían desaparecer y quedarse a vivir de forma ilegal, y frente a esta posibilidad es mejor que esperen en México.

Por otra no se tienen los recursos suficientes para recibir a tantos solicitantes que se han quedado varados en la frontera en espera de respuesta. La carga la ha tenido que sobrellevar el gobierno de Baja California. Los albergues no se dan abasto, están saturados y con un presupuesto limitado. Para los agentes fronterizos estadunidenses resultó en parte un alivio, pero la situación se agravó para la contraparte en nuestro territorio. Las personas migrantes que inicien su proceso sí podrán ingresar a Estados Unidos para acudir a las audiencias en tribunales, pero deberán estar en México el resto del tiempo con una visa humanitaria (NY Times, 2018).

Ante este panorama lleno de complejidades ha habido personas que se han aprovechado de la necesidad de la gente para organizar nuevas caravanas migrantes: “líderes” centroamericanos que lucran con los migrantes y que están en el ojo de las autoridades mexicanas.

Esta decisión de Estados Unidos, no contempló la opinión de México,  nuestro país quedó como el único responsable de los migrantes centroamericanos que esperan respuesta del trámite en Estados Unidos. Implica una inversión monetaria y burocrática que no se esperaba, sin embargo el gobierno ha decidido enfrentarlo estando en contacto con las autoridades estadunidenses para saber los datos de los solicitantes, y bajo el nuevo esquema de política migratoria: dar protección a los derechos humanos. Y no sólo eso, sino que también tendrá que dar respuestas de solicitudes de asilo en nuestro propio país. Además se tendrá forzosamente que crear un proyecto integral para quienes hayan sido aceptados en esta calidad migratoria.

México tiene como objetivo ayudar a Guatemala, El Salvador y Honduras, siendo así que se sostendrá una reunión el próximo mes con las autoridades de los respectivos países en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas para plantear proyectos que ayudarán al desarrollo económico y social de la región (SRE, 2019).