Se estima que actualmente en nuestro país el lavado de dinero alcanza los 30 mil millones de dólares anuales, una cifra desorbitada de una práctica, lamentablemente, casi impune, que además es muestra inequívoca de la corrupción en México.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) -organismo intergubernamental creado en 1989 por el Grupo de los Siete G-7-, entre 2013 y 2016, apenas 2.9 por ciento de las acciones penales por este ilícito terminaron en condena.

Muchas de esas operaciones de lavado están vinculadas directamente al robo y venta ilegal de hidrocarburos, falsificación de documentos, la creación de empresas fantasma, saqueos fiscales y/o un sinnúmero de actividades del crimen organizado.

Los mecanismos sancionatorios que existen actualmente y el marco de acción de las instituciones que deben combatirlo son insuficientes.

Por ello, a principios de febrero, se presentó  con la directriz del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal una iniciativa de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, con la intención de fortalecer el sistema financiero y las instituciones de inteligencia en el combate al crimen organizado, en materia de lavado de dinero y terrorismo.

Se trata de una propuesta de avanzada, que permitirá mejorar las finanzas del país y que además dará respuesta a las recomendaciones del GAFI, para alcanzar los estándares mundiales en la tarea de prevención y combate al lavado de dinero, ahora conocido más coloquialmente como el huachicoleo fiscal.

Con esta iniciativa, que ya está lista para su análisis en las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República, buscamos imponer de 4 a 12 años de prisión y de mil a 3 mil días multa a quienes incurran en prácticas de lavado de dinero.

También sancionar a las y los prestanombres con multas de mil a 2 mil 500 días del salario mínimo vigente, medición que en esta misma propuesta se plantea sustituir por el concepto de Unidad de Medida y Actualización.

Esta iniciativa, que llevamos a la tribuna de la Cámara Alta el pasado 7 de febrero, busca también incluir en la definición de entidades financieras a los asesores de inversión y a las financieras nacionales de desarrollo agropecuario, rural, forestal y pesquero, así como que en el concepto de negocios se sustituya el calificativo “cotidiano” por el “habitual”.

La propuesta dotará de autonomía técnica y de gestión a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer los requisitos para el alta y registro en el sistema electrónico de quienes realicen las actividades vulnerables.

Asimismo, la facultará para informar a la Procuraduría Fiscal de la Federación cuando exista la probable comisión de un delito y para mantener coordinación con las autoridades nacionales competentes en materia de prevención y combate de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Nuestra iniciativa se inscribe en el combate frontal a la impunidad y la corrupción que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ataca directamente el punto neurálgico de las organizaciones delictivas, que dañan el tejido social y pervierten la estructura financiera en México.