El reto más importante de la opción de gobierno encabezado por AMLO, es configurar una estrategia para  transformar al país, para lograr que se garantice efectivamente que los cambios  tiendan a beneficiar a la mayoría de nuestro pueblo, se trata de avanzar en lograr una mejor distribución de la riqueza y del ingreso, así como conseguir mayores oportunidades de mejorar las condiciones de vida y de trabajo para la mayoría de nuestros conciudadanos, se pretende lograr una vida en paz, y lograr restablecer la seguridad pública.

Conseguir lo mencionado implica conseguir conformar un sistema político en donde el sistema democrático para llegar al poder se corresponda con las formas de ejercer el gobierno, es decir con la forma en que se ejerce el poder.

Se trata de conseguir un sistema de gobierno que funcione democráticamente sin exclusiones, con pluralidad con el respeto a  las leyes, es decir con fuerte y legítimo estado de derecho y con una estrategia de desarrollo económico y social que asegure la prosperidad de la nación y cuyos resultados se repartan de manera equitativa. 

Hacer los cambios enunciados requiere que se gane el gobierno del país, eso ya se consiguió el 1 de julio, además de eso se requiere conformar una fuerza transformadora capaz de remontar las presiones y acechanzas de los poderosos beneficiarios del anterior régimen, los que siempre se distinguieron  por su carácter concentrador y excluyente, justificador de acciones ilegales o legalmente ilegítimas (truqueando la aplicación de la normatividad) como lo que acaba de suceder con el litigio de impugnación de las elecciones en Puebla que indudablemente fueron muy desaseadas, un escandaloso fraude que el TEPJF -después de lavar los votos, producto del fraude- demostró que los magistrados integrantes de ese importante órgano electoral siguen vinculados a las prácticas facciosas del sistema anterior y, por tanto, convalidadando las trapacerías de sus integrantes, por eso avalaron el fraude y ratificaron la constancia como gobernadora electa de MEAH, como dice nuestro presidente: ellos los miembros del TEPJF siguen perteneciendo al anterior Régimen por lo que actúan de manera deshonesta, parcial y equivocada, ha trascendido (diario el Universal, 13/12 2018, Opinión, Salvador García Soto, serpientes y escaleras)  que desde la suprema corte se fraguó una maniobra para dilatar el nombramiento del nuevo ministro, pretendiendo asegurar para ese núcleo de Magistrados de la suprema corte el nombramiento del nuevo presidente de SCJ. Los autores de tal acción fueron los Ministros Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que se reunieron con políticos del PRI y del PAN en el Senado, a los que les ofrecieron  un plan para intercambiar favores en el tema de la inconstitucionalidad de la ley sobre salarios para funcionarios públicos a cambio de garantías en temas como la validación de la elección en Puebla y en la comisión de la verdad en el caso Ayotzinapa. A pesar de lo comentado -dijo el Presidente- “como somos respetuosos del estado de derecho vamos a respetar su pervertida resolución”.  

Ellos debieron respetar la ley y no lo hicieron. Pero si quisieran  corregir, deberían juzgar los hechos de fondo, en su análisis tomar imparcialmente el asunto e ir al fondo, no quedarse en la superficie, reconocer el fraude cometido que fue más que evidente, y de ningún modo solo tomar en cuenta su recuento en donde actuaron como vulgares lavadores de los votos, legalizando lo que no reflejaba  la voluntad ciudadana de Puebla, más bien, reconocieron los votos fraudulentos que el sistema de complicidades acuñó, que fueron logrados adulterando violentamente la voluntad de los poblanos.  Con ello, con la posición del nuevo gobierno, se está orientando a que los actores políticos en el nuevo régimen,  deberán respetar la ley.

Para superar los actos de ese núcleo de grupos conservadores del régimen anterior se requiere acciones de gobierno tendientes a conformar lo que se puede conceptualizar como el Bloque histórico, vinculado al nuevo sistema político y su indispensable conjunto de transformaciones.

El gobierno de la cuarta transformación ya ha empezado a realizar actos que permiten vislumbrar  el camino para que desde el México que tenemos, no lo estamos inventando, se empiece a configurar el nuevo bloque dominante por supuesto incorporando en este a los grandes luchadores por el cambio, pero también se están abriendo puertas para que los que estuvieron trabajando con los núcleos del anterior bloque de poder tengan acceso de sumarse a la construcción del México más justo.

Con estas consideraciones se puede entender lo que han sido las acciones del gobierno de AMLO, la forma de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco y el trato que se está dando a los inversionistas, la forma en que está abordando el asunto de la seguridad y de lo que tiene que ver con las fuerzas del orden y la seguridad, lo que ya se está haciendo con los grandes proyectos, las medidas que ya se perfilan en la cuestión energética, en todos los casos se impulsa el cambio y se perfila el camino para que los que antes trabajaron con el proyecto anterior, si lo deciden, puedan sumarse al cambio profundo del País.

En la línea de impulsar los cambios ya se están dando los primeros pasos para aplicar la política de austeridad ajustando los sueldos de los servidores públicos para que se incorporen a la norma de que ninguno de ellos podrá percibir un ingreso mayor que el presidente de la República. La reacción de algunos servidores es de no aceptar el respeto a la ley, incluso se han amparado, los que encabezan esa tendencia son los funcionarios que perciben ingresos de más de 200 mil pesos llegando a la escandalosa cifra de más de 400 mil. Entre ellos están los ministros de la Suprema corte de Justicia, los magistrados del Tribunal electoral del poder Judicial de la Federación, los consejeros del INE y muchos más que han disfrutado de esos privilegios de manera injustificada desde hace bastante tiempo.

Deberían respetar la ley, no hay razón para no hacerlo, considero que el presidente está luchando por hacer que se respete la ley, sobre todo que corresponde con el espíritu de la más elemental justicia.

 Los ciudadanos debemos apoyar el trabajo de AMLO para lograr que se aplique la ley. Se está construyendo el nuevo régimen y, al mismo tiempo, se está conformando el poderoso bloque histórico que se comprometa con él y que lo apoye, ya se está marchando, eso es lo que nuestra patria necesita.

Para ellos, los beneficiarios del régimen neoliberal con el criterio dictado por el mercado, básicamente armonizados con los intereses del gran capital dominante en el comercio en las finanzas y en el aparato gubernamental que dejó las industrias y empresas privadas a sectores relacionados con lo que serían las áreas de interés en manos de la iniciativa privada, todo ello debió ser controlado por el estado para así asegurar la atención a las necesidades de la mayoría de la población mexicana. Con ese criterio (El Neoliberal) se diseñó la reforma energética, la reforma educativa, la reforma judicial y todo lo que se denominó como cambios estructurales, se logró aprobar las reformas constitucionales vinculadas a esos grandes temas gracias a que la discusión de ellas se limitó a la acción del ejecutivo federal en alianza con los partidos que constituyeron el frente por México.

 En el congreso se concretó las reformas constitucionales referidas pero por su forma de discusión para tal efecto que solo incluyó a algunos partidos, a los diputados y senadores del congreso de la unión, y se excluyó a los sectores relacionados con los grandes temas de las reformas, además mantuvo al margen de las discusiones y de las decisiones a las autoridades de las entidades federativas y a las autoridades municipales, lo que se tradujo en limitaciones del contenido de las reformas y estructuró una muy notoria situación de inviabilidad para su aplicación.

Bajo esa circunstancia el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto solo pudo concretar en situaciones de mucha resistencia las leyes reglamentarias indispensables, para lograr su aplicación eso se tradujo que en la sociedad se configuró una notoria resistencia a esos cambios, a pesar de que las reformas son necesarias la forma en que se estructuraron se tradujo en un contenido muy cuestionado que generó dificultades para su aplicación y un profundo deterioro de los equipos gobernantes, al grado de que ello configuró el resultado electoral el 1 de julio de 2018. En donde se concretó una aparatosa derrota de los impulsores de las reformas estructurales.

México requiere de un modelo de crecimiento que asegure el crecimiento económico y que él se traduzca mejoramiento de la distribución de los ingresos y en el mediano plazo en una más equitativa distribución de la riqueza, requiere urgentemente resolver el problema de la seguridad pública para todos los ciudadanos, requiere urgentemente asegurar una modernización del sistema educativo respetando los intereses de los docentes y asegurando para los estudiantes de todos los niveles el acceso a una educación de calidad. Se ha constituido en imperativo urgente consolidar nuestro sistema democrático y asegurar el respeto de la voluntad ciudadana, en donde después de mucho años de lucha ya se avanzó en  lo que es el sistema electoral y su funcionamiento, pero hoy es posible pensar en los cambios necesarios en la parte que se relaciona con la democratización de la forma de gobernar.

Se deberá aplicar una forma moderna de federalismo que permita una relación más funcional entre todas las instancias de gobierno, para así lograr fortalecer la fuerza del estado mexicano y, por tanto, que esté en posibilidades de superar los retos que la problemática de México reclama.

Se trata de diseñar una relación dentro del marco constitucional que en algunos temas importantes de la federación tengan los ejecutivos de los estados oportunidad de ser escuchados y tomados en cuenta para las grandes decisiones, eso pasaría por constituir como órgano consultivo del gobierno federal a la asamblea de gobernadores presidida por el ejecutivo federal, sería algo equivalente a la CONAGO con el agregado de que sería presidida por el ejecutivo federal, lo mismo se estructuraría a nivel de las entidades federativas un órgano colegiado consultivo para el ejecutivo de la entidad federativa en este se integrarían los presidentes municipales correspondientes, ese colegiado sería presidido por el ejecutivo de la entidad federativa correspondiente.

 En mi opinión, en esos órganos se deberían procesar las grandes reformas que los ejecutivos en su nivel de gobierno deberán presentar para su discusión y, en su caso, su aprobación.

Con lo descrito se conseguiría una más profunda discusión de los temas más importantes para el país y con ello mejores proyectos, además se conseguiría una mayor aceptación y una indiscutible viabilidad de las reformas que seguro beneficiarían al país y así podríamos lograr el tan anhelado crecimiento, la paz del país y un mejor nivel de vida para los mexicanos.