No me cansaré de repetir lo que ya se sabe, pero pocos conocen o peor aún, simulan ignorar: la principal obligación del gobierno es la de procurar la seguridad y la justicia. En efecto, de estos dos grandes temas se derivan algunos otros como el desarrollo social, que conjunta otros asuntos relacionados como las políticas para la atención a la salud, la educación, la economía y la recaudación de impuestos mediante la hacienda. Además, de los ministerios del interior y del exterior para defender y promover los intereses nacionales. Todo lo demás, si bien, puede contribuir a la sociedad, es de carácter secundario.

El problema es que, en nuestro país, no se ha dado la importancia que los cuerpos de seguridad ameritan. Ser policía, marino o soldado debería ser un alto honor; ya que sus integrantes, ejercen la principal función del gobierno y del propio Estado: la de mantener orden, mediante el uso de la fuerza legítima para procurar la paz, la seguridad y la justicia.

Comenzaré por describir los problemas que observo con respecto a los cuerpos policiales de México. La división de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal, federal), ha provocado que exista una especie de jerarquización de los mandos policiales en el mismo orden con relación a los niveles de gobierno. El inconveniente es que, por lo general, un policía municipal cuenta con menor adiestramiento y percibe una remuneración inferior comparado con los policías estatales y federales. Es bien conocido que, en municipios pequeños, ni siquiera cuentan con academias policiales que brinden el debido adiestramiento y equipo. Además, en muchas ocasiones, tampoco cuentan con el registro del Centro Nacional de Control de Certificación y Acreditación tal como lo marca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ahora bien, imaginen que los policías municipales solamente tuvieran que enfrentar a personas que cometen actos delictivos de forma aislada, es decir de manera individual o con una pequeña agrupación. En ese caso, seguramente la fuerza civil local sería suficiente para capturar y llevar a la justicia a los implicados, siempre y cuando hubiera una relación entre el número de policías y el número de delitos. Sin embargo, esto ya no es así. Un ejemplo de ello es que la delincuencia organizada ha logrado penetrar a los municipios y hasta las instituciones y el poder civil. Aunque algún presidente municipal quiera erradicar la inseguridad en su demarcación territorial, le será imposible, ya que seguramente la delincuencia le superará en capacidades como el número de integrantes, en adiestramiento, en equipo y hasta en recursos económicos.

La intervención de las policías estatales o federales solo crean recelo a las policías municipales. En efecto, a nadie le gusta sentirse inferior y ese es justamente el problema. Si las policías estatal o federal se involucran en algún municipio, seguramente habrá discrepancias entre las decisiones a acatar. Además, las luchas ideológicas y de intereses entre el poder político pueden obstaculizar de manera importantísima el actuar policial. Es justamente por esta causa, que hoy en día podemos ver en las calles a la llamada “policía militar”. La falta de estado de fuerza a nivel local, estatal y federal ha provocado que sea necesario involucrar a fuerzas armadas a desarrollar funciones de seguridad pública.

Para evitar esto, México debería adoptar una política de seguridad integral, con actualización constante y coordinada con las demás dependencias de gobierno y con sus contrapartes en el exterior. Optar por una policía nacional y no por la jerarquización actual que sólo fomenta la incapacidad, la frustración, descoordinación, el corrompimiento y la corrupción.

Por otra parte, las fuerzas armadas, lamentablemente, tampoco se salvan del maltrato. Se ha denigrado el actuar militar y naval, la gente los recuerda más por asistir en desastres naturales como los terremotos, que por actuar en defensa de la nación ante organizaciones o países extranjeros. La ciudadanía debe darse cuenta de que estas instituciones están librando una guerra de guerrillas o guerra interna en contra de organizaciones criminales consolidadas. Es francamente lamentable, ver como instituciones con credibilidad civil consolidada como son nuestras fuerzas armadas, sirvan a políticos que fomentan la fragmentación social por la toma de malas decisiones.

Otros puntos por considerar son las condiciones laborales con las que cuentan. Los salarios parecen ser insuficientes para la mayoría de los integrantes de las policías y las fuerzas armadas. El pago mensual neto (libre de impuestos) que un suboficial (policía federal), teniente de corbeta (marino), subteniente (militar) percibe, es de alrededor de $12,000- $14,000 pesos. En el papel, sus integrantes tienen que cumplir turnos laborales, aunque la realidad es que deben tener disponibilidad permanente, a cualquier horario en caso de ser requeridos. Su profesión, evidentemente es de alto riesgo y más en zonas de conflicto azotadas por la inseguridad, muchas veces, están apartados de sus familias y sufren explotación laboral. Un mejor salario y mejores prestaciones podrían contribuir a que los integrantes de los cuerpos de seguridad estén mejor preparados, sean más difíciles de corromper y estén más contentos y honrados con su trabajo.

A todo esto, vale la pena preguntarse: a pesar de la supuesta coordinación entre agencias de seguridad, ¿quién está ganando? Tristemente, estoy seguro de que, la respuesta de la mayoría será que nuestras instituciones están perdiendo la batalla en contra de la delincuencia. Ciertamente, estamos rebasados. No solo no se cumple el Estado de Derecho, sino que nuestras propias Leyes son añejas, anticuadas, para atender la situación actual. El propio presidente de la República ha reconocido públicamente que la estrategia de seguridad de su sexenio ha fracasado ¿Por qué conformarnos con lo que hay?

@Hector_HHA1

hector.hernandezaz@udlap.mx