Vivimos en un país tan complejo que perdemos de vista lo que ocurre en el exterior. El caso de los niños migrantes en Estados Unidos se ha borrado de las prioridades de la prensa mexicana, afortunadamente en los principales diarios del país vecino esta situación es visibilizada constantemente.

En el artículo llamado “Efectos de la política Tolerancia cero” publicado el día 15 de agosto: http://www.e-consulta.com/opinion/2018-08-15/efectos-de-la-tolerancia-cero-en-estados-unidos, escribí acerca de esta política de criminalización, la cual califica a los migrantes que ingresan sin documentos a Estados Unidos como “delincuentes”, sin importar que haya sido su primera vez de ingreso ilegal. Hasta hace cuatro meses, las personas al momento de su detención  eran inmediatamente separados de sus hijos, nietos o sobrinos; los niños eran llevados a centros infantiles; aunque actualmente ya no hay separación de familias debido a la orden de un juez y gracias al descontento social que generó esta situación, cabe resaltar que quedan 500 casos pendientes en donde los pequeños continúan sin poderse reunir con sus padres.

Como parte del proceso burocrático de reunificación, los infantes (algunos menores de 5 años) son sometidos a una audiencia frente a un juez para saber su situación, se les asigna un abogado y una niñera; los niños apenas y pueden responder las preguntas y continuamente se escuchan llantos.

La separación de los niños y sus padres o familiares, según la periodista Sarah Stillman se ha llevado a cabo en tres etapas, una que fue después de que Donald Trump asumiera el cargo de presidente y manejada fuera de los reflectores. La segunda etapa fue dentro del ojo público, pues las separaciones se habían disparado hasta llegar a un aproximado de 2 mil, fue así que cientos de miles de estadunidenses salieron a protestar a las calles, exigiendo que se detuvieran estas prácticas inhumanas. Actualmente se lleva a cabo una tercera etapa en donde las reunificaciones familiares son misteriosamente bloqueadas. La organización “American Civil Liberties Union” (ACLU) demandó al gobierno de Estados Unidos y bajo esta demanda están 136 casos, sin embargo hay casos que están fuera de esta petición, como el caso de una niña que llegó con su abuelo y se le declara como “menor no acompañado” por no ir con uno de sus padres y con grandes posibilidades de ser dada en adopción. Casos así han sido perdidos de vista por los errores de “clasificación” y enredos burocráticos (The New Yorker, 2018).  

A pesar de que un juez ordenó en junio pasado que se reunificaran a las familias lo antes posible, como se mencionó anteriormente aún existen 500 casos de niños separados de sus padres, incluyendo a 22 niños menores de cinco años, la mayoría de estos casos son de Guatemala, Honduras y El Salvador. Los miembros de las organizaciones humanitarias aseveraron que los padres han aceptado su deportación o se han negado a recibir asilo con tal de reencontrarse rápidamente con sus hijos, sin embargo ha sucedido lo contrario.

Ha sido un proceso lento y doloroso para las familias como el caso de el Señor Domingo y su hijo Byron, oriundos de Guatemala y separados al cruzar la frontera en mayo de este año. El reencuentro no se ha dado aún, el niño sigue aún en Estados Unidos, y padre espera angustiosamente que ya se dé solución a su caso para poder ver nuevamente a su hijo (The New York Times, 2018).

Las repatriaciones de los menores las paga el gobierno de Estados Unidos y van en coordinación con los consulados de los respectivos países para que los niños viajen con los documentos necesarios, sin embargo ubicar a los padres de los menores dentro de la burocracia estadunidense ha sido una labor titánica. Esta labor ha recaído en las ONG’s  con tal de acelerar el proceso de reunificación. Las organizaciones no gubernamentales como la mencionada: ACLU, están haciendo la tarea que le corresponde al gobierno de Estados Unidos, personal de esta organización han llamado a los padres para poderlos contactarlos con un abogado de Estados Unidos pero hay muchos casos en donde los familiares no hablan español, sólo una lengua indígena, lo cual ha dificultado el proceso, así como también el hecho de que a los teléfonos que llaman no respondan, porque el número no es válido o porque viven en una zona remota. Es por eso que los grupos pro migrantes se han desplegado hasta territorios centroamericanos para hablar directamente con los familiares (New York Times, 2018).

La situación es delicada ya que los padres pueden perder a sus hijos en este compleja situación como lo documenta la agencia de noticias Associated Press, la cual encontró “agujeros” en el sistema burocrático que permiten a los jueces estatales dar en adopción a los niños bajo custodia de familia estadunidenses sin notificar si quiera a los padres (Democracy now, 2018).

Otro testimonio revela como una niña originaria de Guatemala fue repatriada a este país, sin antes avisar a sus familiares, la organización “Kids in the need of defense” narra que el padre de la menor fue notificado de la llegada de su hija, 30 minutos antes de que aterrizara el avión, cuando el señor vive a ocho horas de la capital de este país. La niña tuvo que ser resguardada por otro albergue mientras esperaba a sus familiares.

Preocupa la falta de responsabilidad del gobierno estadunidense, ya que si durante las detenciones se planeaba separar a padres e hijos, tampoco se ideó una estrategia de reunificación, simplemente se fueron acumulando e ignorando los casos, como si no se tratara de seres humanos y lo más preocupante: de niños.

Esta situación tampoco puede seguir invisibilizada por las autoridades mexicanas, como tampoco por los gobiernos de los países centroamericanos. Como naciones firmantes de la “Convención sobre los Derechos del Niño” (que entró en vigor en 1990) están comprometidos a proteger los derechos humanos de los menores, que entre otros: está el de tener una vida en familia. Debe existir tolerancia cero pero a estas prácticas inhumanas, no se pueden seguir omitiendo los derechos de las niñas y niños alrededor del mundo.