El régimen actual, el que está por terminar, realizó muchas cosas importantes pero fue incapaz de lograr revertir los males endémicos de la sociedad mexicana: el crecimiento económico deficiente, la corrupción, la violencia y  la impunidad. El elevado predominio de las redes de complicidad evitaron que las instituciones, y los que las operaron, pudiesen lograr resolver los principales retos para conseguir una vida mejor para los mexicanos.

Superar el atraso es una tarea compleja, por ello es prudente iniciar con un ejercicio de análisis que profundice nuestro conocimiento de la problemática, tenemos que admitir las diversas formas que toma la corrupción, se puede identificar algunas formas de ésta, partimos de inicio mencionando que existen la corrupción menor, la corrupción mayor y la más grande e importante por sus alcances y dimensión que es denominada como la captura del estado.

En esta última  queda contenida la que consiste en que los miembros de la iniciativa privada coludida con funcionarios del estado orientan sus contornos hacia el beneficio particular de estas elites, generalmente terminan con una perversa fusión de las elites empresariales con las elites del estado, bajo esa circunstancia se orientan a poner al poder ejecutivo, al judicial y al legislativo en función de sus intereses particulares, los ejemplos de esto abundan: podemos citar el caso de varios fideicomisos, la legislación sobre las deudas de los estados y los programas por obras,  los actos legislativos que tienden a soslayar las responsabilidades en sesgar eventos como las licitaciones para beneficiar a prestanombres, a los amigos o parientes de las élites de poder.

Para lograr un buen gobierno es indispensable tomar medidas que permitan minimizar los actos ilícitos ejecutados por individuos integrados a la administración pública, además, de lograr inhibir los actos de entes privados que pretenden conseguir marchar por vías ilegales, otorgando sobornos. Sumado a esto se tiene que neutralizar la operación de redes de funcionarios públicos coludidos con organizaciones o individuos del sector privado para conseguir que se les otorgue un trato preferencial y, con ello, conseguir ahorro de tiempo en sus trámites o ahorro en los montos que debían pagar por un servicio, de manera más notoria y escandalosa obtener privilegios en el otorgamiento de contratos de muy alto rendimiento de manera totalmente irregular.

Se puede decir que las medidas para ser un buen gobierno constituyen el otro lado de la moneda de la operación de un sistema de gobierno corrupto.

Los ejemplos de actos irregulares abundan en la vida cotidiana de la operación de las oficinas públicas. El remedio a una parte del fenómeno de la corrupción es hacer más eficiente y ética  la operación del aparato de administración pública; muchos de los actos de soborno se explican por lo tedioso y excesivamente burocrático de los trámites a realizar, otro asunto es lo oneroso de cumplir con las obligaciones ante el estado, pero existe la amplia franja de lo que es el papel del estado como proveedor de servicios públicos en donde con frecuencia tiene que adquirir insumos o los servicios de empresas de carácter privado para proporcionarlos,  también con relativa frecuencia se presenta el caso de que los servicios son concesionados a los particulares.

En la franja de lo último mencionado se presentan con frecuencia actos sesgados para otorgar los contratos, se hacen maniobras para otorgar los contratos ventajosos a favoritos, amigos, parientes o a los proveedores más generosos en el otorgamiento de sobornos.

Hasta aquí se puede decir que son actos de corrupción promovidos y generados desde la administración pública.

Lo más avanzado en este mal hoy se localiza en la operación de redes de funcionarios públicos asociados con miembros de la iniciativa privada, que hacen todo para que las reglamentaciones que norman la aplicación del dinero público quede casi totalmente neutralizada, son los que constituyen lo que se debe catalogar como delincuencia organizada para generar negocios altamente rentables, inscritos entre los que se deben valorar como delictivos de primer nivel, el modo más refinado cuando esas redes de delincuencia organizada se adueñan de los gobiernos y de hecho trabajan de modo coordinado para tener un ambiente que les permita operar sus ilícitos con los menores contratiempos.

Cuando cometen sus ilícitos, allí mismo, cuentan con personal afín para realizarlos, el producto de sus operaciones tiene protección oficial, tienen medidas jurídicas que los protegen y cuentan con autoridades que responden al mismo objetivo, y para acabar pronto, también tienen personas e instancias que lavan el producto de sus labores ilegales. Eso es una red de delincuencia organizada, tienen capturado al estado.

Así de complejo es el panorama para combatir la corrupción. A combatir contra ella se deberán dedicar los integrantes del nuevo gobierno.

En las acciones de corrupción menor tenemos un amplio panorama, sabemos de actos que se realizan a cambio de sobornos para obviar hacer fila en un trámite o en situaciones de posibles infracciones de tránsito que el agente de vialidad plantea al ciudadano, la opción de una multa onerosa y ofrece al mismo tiempo la posibilidad de un arreglo de amiguis, para evitar las molestias del pago de la multa en oficinas llenas de acciones burocráticas o bien cuando los ciudadanos le plantean al servidor público la opción de recibir un premio, a cambio de evitar una multa abultada y de perder tiempo en los trámites para pagar la multa por una falta por acción ilegal, real o inventada.

 Eso sucede en el pago de impuestos o en la obtención de ciertos descuentos por tener el carácter de estudiante o por pertenecer al grupo de la tercera edad, en general se persigue conseguir el acceso al derecho sin cubrir los pasos que todos hacen para acceder a ellos.

En los  actos  de corrupción menor, el asunto se vuelve más significativo cuando se trata de las acciones de gasto público en los distintos niveles de gobierno, se presenta un sistema de ilícitos que consisten en evadir lo marcado por la ley, que después de cierta cantidad de recursos públicos aplicados a satisfacer una social se requiere de realizar alguna adquisición de mercancías o de servicios, se recurre a alterar los procedimientos para licitarlas, con frecuencia se recurre al ocultamiento de las convocatorias para así justificar las asignaciones directas que de manera regular están acompañadas del cobro de comisiones por la asignación del contrato respectivo; también se da que los proveedores del servicio o de la venta del artículo en cuestión se acercan a los funcionarios encargados de realizar las operaciones y convenir a cambio de una suma de recursos o de algún compromiso, que funciona como soborno, para la consecución de un contrato.

El extremo de las redes de corrupción se presenta cuando dentro y fuera del aparato administrativo del estado se constituye una red que se manifiesta con una organización que opera para asegurar los contratos de la administración pública, empresas de las que son socios los funcionarios y que se constituyen en los protectores de acciones ilícitas, así es como se hacen contratos con empresas fantasmas y, en general, corresponde con el hecho de que los servicios o las obras se hacen en condiciones de mala calidad para permitir las comisiones ilegales de los miembros de la red delincuencial.

En  un lugar especial se encuentran las obras que no se realizan pero que se cobran, en ello cuentan con la cooperación de instancias de instituciones y empresas que se prestan a la simulación a cambio de sobornos, lo más refinado de los métodos de corrupción tienen su expresión en lo que se denomina la captura del estado, es allí donde tenemos con frecuencia el establecimiento de normatividades que favorecen los intereses grupos particulares, de funcionarios públicos o miembros de la iniciativa privada. Como delincuentes organizados establecen lo que les permite hacer negocios muy rentables, para ilustrar esto cito dos aspectos del mismo hecho: el monopolio de los medios de comunicación permitió que cuando los partidos políticos comenzaron a recibir significativos montos de recursos del erario público el 80% de los ingresos de los partidos se dedicaran a los gastos de publicidad, es decir se canalizaban hacia los dueños de los medios de comunicación.

Al decidir modificar esa tendencia se otorgó tiempo oficial, del Estado, en los medios de comunicación de manera gratuita a los partidos, lo que se debió traducir en un ajuste en los recursos destinados a financiar a los mismos, asunto que no sucedió. Lo que se implementó fue agregar al ahorro que representó el otorgamiento de publicidad partidaria gratuita en los medios, más recursos a cada partido ¿quiénes lo acordaron? Los legisladores de los propios partidos en el poder legislativo.

Por lo anterior es sumamente atinado que el ajuste correspondiente, que no se hizo en ese momento, hoy se impulse para poner las cosas en orden, ello significará un importante ahorro de dinero de las arcas nacionales. 

El otro ejemplo tiene que ver con los procesos de administración financiera, la manera ineficiente en la operación de las instituciones del ramo atribuible principalmente a los dueños de los Bancos, trajo como consecuencia la virtual bancarrota de los bancos y en el rescate de esos bancos se les compró su cartera vencida en condiciones altamente rentable para ellos, se les compró basura, como si sus valores tuvieran un valor efectivo, es decir se les regaló dinero a manos llenas.

El otro asunto es la operación de generar conceptos como el de los PPS en donde se adquieren deudas con la iniciativa privada para financiar obras, en ello hay un intento de presentar lo que sin duda es una operación de endeudamiento como otra cosa. La verdad es que eso no engaña a nadie, pero como tienen capturado al estado solo les queda rechazar que esos endeudamientos son deuda, porque así lo decretan ellos.

El otro aspecto de estas operaciones consiste en calcular los márgenes de rentabilidad de las inversiones mencionadas y el núcleo que tiene reservado el acceso a esos contratos o a esas operaciones, el resultado es el esperado, aunque en general esas operaciones quedan de manera muy frecuente reservadas para que se conozcan años más tarde, regularmente después de que ya se obtuvieron los abusivos beneficios asignados a los privilegiados  inversionistas, un ejemplo muy próximo a los poblanos es el contrato que se hizo con agua de Puebla, también en esa circunstancia está el fideicomiso que se constituyó para la garantía del pago de los proyectos por servicios (PPS) en donde la reserva protege los términos de funcionamiento pero sobre todo a los inversionistas involucrados.

Esto último se inscribe en lo que se denomina la captura del estado, el mayor problema de las privatizaciones es cuando se instala una suerte de concesiones para encubrir los negocios de los que se han adueñado del estado y son ellos mismos los que privatizan y con sus empresas de manera disimulada por el ocultamiento de los contratos o con el uso de prestanombres, se generan negocios altamente redituables.

Para detener, lo anteriormente mencionado, bastaría en principio con restaurar la vigencia del estado de derecho y, sobre todo, aplicar las leyes anticorrupción, para evitar preventivamente la corrupción o castigar a los que incurren en ilícitos, evitando así la impunidad.

Otra modalidad de privatización es el hecho de mantener prohibiciones en lugar de establecer regulaciones, porque de manera reiterada se localiza a miembros del poder involucrados con la delincuencia que violenta las leyes de prohibiciones, esto sucede en el país pero de manera notoria en el país donde se localiza la clientela más importante por su número y por su poder adquisitivo.

En el mercado más grande los estupefacientes se prohíbe la producción de ellos y su venta pero se legaliza su consumo, no hay forma más efectiva de crear un mercado negro altamente lucrativo.

Si se prefiriera el camino de la regulación sería el estado el que controlaría al mercado mencionado y así se contaría con un margen mucho más grande para evitar su propagación y se podría asegurar disminuir con mucha efectividad la violencia que hoy se padece en nuestro país y, de manera sustancial, la que se vive en el mercado de drogas más importante del mundo.

El negocio de las drogas se volvería como el mercado del tabaco y el del alcohol (que también son drogas). Pero de manera significativa se orientaría a disminuir las tendencias a continuar con los actos ilegales de ofrecer sobornos y de recibirlos, además, se evitaría que se continuase la tendencia a penetrar los órganos del estado para obtener protección y vías para el lavado de dinero de origen ilícito.

Lo formulado solo se podría concretar si las formas de gobernar tradicionales se substituyen por las que corresponden con el federalismo moderno en donde al nivel de los poderes ejecutivos (a nivel federal; Presidente y Gobernadores incluidos; a nivel Estatal Gobernador y Presidentes Municipales incluidos), se erigen en colegiados que apoyen la acción ejecutiva del gobierno y se constituyan en contrapesos Ejecutivos también, los órganos colegiados apoyarían a las acciones de gobierno y servirían para moderar y evitar los excesos en el ejercicio del poder.

Se trata de restablecer el estado de derecho para desterrar a la corrupción mayor y menor, hacer más eficiente y efectiva la administración pública sustentada en un estricto código de ética para evitar la tentación de mantener los actos de corrupción como forma de operación de parte del sector público y privado.  Se debe establecer una nueva estructura de poder para gobernar de una manera democrática, incluyente y honesta.