La instauración de un plan de austeridad donde se privilegie los programas sociales es muy comprensible. El derroche, lujo y ostentación no son propios de una República, lo fue para las monarquías y por ello cayeron. El triunfo de la República -como forma de organización del Estado- permitió que la máxima autoridad fuera elegida por los ciudadanos, instituyéndose como “cosa pública”.

En México, el presidente se elige cada seis años; a través del voto libre y secreto, se da la participación ciudadana sin presiones ni condicionamientos y ningún partido político debiera permitir un ejercicio perverso de este derecho. Además, ha de practicarse plenamente la división de poderes, así como la administración e impartición de la justicia.

Al llegar aquí, hemos de preguntar cómo se ejerce el poder en una República una vez que se ha elegido gobierno. Esto es, si al otorgar los ciudadanos el voto para favorecer a un candidato a la presidencia, éste ejerce el poder encomendado (democracia representativa) o sólo ha de tomar decisiones consultando cada vez a los votantes (democracia directa). Desde luego, la toma de decisiones no es un tema menor.

La democracia representativa ha sido la que hasta ahora había prevalecido. Los diputados y senadores -como representantes del pueblo-, decidían por mutuo propio. Las urnas les habían otorgado esta potestad, por lo menos, hasta el próximo encuentro de contienda electoral en las urnas. Olvidando que tal y como lo establece el art. 3º. Constitucional Fracc. II inciso a), la democracia no solamente ha de verse como un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.

Esto significa entender la democracia más allá de la emisión del sufragio y el presidente electo a ello se ha comprometido. Al fomento del crecimiento económico y el empleo y a una justa distribución del ingreso y la riqueza, permitiendo el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

Así, como jefe de Estado, el presidente electo ha de tener siempre presente la defensa de los derechos políticos y sociales de todos los ciudadanos. Por lo que el rubro del empleo y los derechos laborales, también forma parte de la Agenda del presidente López Obrador.

De acuerdo al artículo 123º. Constitucional Fracc. VI, los salarios mínimos generales deberán ser los suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. Sin duda, este es un tema apremiante. 

Luisa María Alcalde Luján será la próxima Secretaria del Trabajo y Previsión Social,  y tendrá un gran reto por delate al contemplar en su agenda laboral trabajar para combatir los altos índices de informalidad.  Asunto que estará íntimamente ligado al tema de la generación de empleos formales frente a una economía que no crece, al estar sujeta a los vaivenes de la economía mundial.

Por lo que, sin duda, la política laboral estará ligada a la económica. De ahí la pertinencia de proponer un proyecto de vinculación escuela-trabajo donde la juventud será una prioridad. Aunque existen otras prioridades, como la obtención de salarios dignos; las jubilaciones en el marco del respeto a los derechos laborales; el pago de pensiones y su garantía a través de las Afore; la prestación de servicios médicos de calidad y pronta dotación de medicinas, etc.

Ojalá que la capacidad y experiencia de la próxima secretaria, así como sus asesores más cercanos, la lleven por una toma de decisiones que se ajuste a proteger los niveles de bienestar de los trabajadores a fin de emprender un verdadero combate contra el rezago, el hambre y el olvido en que se encuentran millones de mexicanos.

Ojalá que su desempeño no se vea opacado al pretender llevar a consulta asuntos como los aquí mencionados. No hay necesidad de consultar lo que se conoce sobremanera, los problemas a que se enfrenta México.