Antes de asumir el cargo de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador comienza a aplicar su programa de austeridad y con ello cumplir parte de las propuestas que prometió en su andar a lo largo y ancho del país durante los últimos años.

La primera acción fue anunciar que él mismo se rebajaría el sueldo a más de la mitad de lo que percibe actualmente Enrique Peña Nieto o sea 270 mil pesos, con lo cual el salario presidencial quedaría en 108 mil pesos.

Quitar la pensión a los expresidentes, Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas y por lo tanto al próximo expresidente Peña Nieto,quien tampoco podrá cobrarla, esto se convirtió en una demanda social por considerar que el gobierno ya no tendría porqué solventar los gastos de los ex mandatarios, incluso hay quienes renunciaron a sus pensiones pero no al personal que se les asigna y que también es una erogación de la federación.

Parte de su plan de austeridad que ha anunciado el presidente electo es la reorganización de la estructura gubernamental federal, que podrá desaparecer o fusionar oficinas con el objetivo de eficientar la burocracia y reducir gastos, que se ha calculado en 6,000 plazas, con ello poder crear la Secretaría de Seguridad Pública.

Partimos que las acciones anteriores son decisiones del ejecutivo federal; sin embargo, reducir los salarios de otros servidores públicos tiene que ser avalado por el poder legislativo. Por lo que la semana pasada la bancada de Morena que tiene la mayoría aprobó que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente. Lo que quiere decir que ningún secretario de estado, gobernador, senador diputado o funcionario público podrá ganar mas de 108 mil pesos.

La ley de remuneraciones de servidores públicos se aprobó con 246 votos a favor y con ello se pretende dar certeza al articulo 127 constitucional fracción segunda que dice a la letra: “Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente.”

La ley que se generó en el senado en 2011 se aprobó tal cual, con lo que ya no tendrá que regresar a la cámara alta para su aprobacion y ésta tendrá que ser enviada al ejecutivo para su publicación o veto, por lo que será el presidente Peña Nieto quien tendrá la decisión sobre la reducción salarial por ahora. Ya que de aplicar el veto presidencial y con la mayoría con la que cuenta Morena se podría redactar nuevamene a partir del 1 de diciembre.

Sin embargo; hay dos cuestiones que no se han considerado, las percepciones de los organismos autónomos y con patrimonio propio y que sus titulares ganan más que el ejecutivo federal, como presidentes del INE, TEPJF, SCJ y rectores de universidades públicas, el poder judicial ha manifestado que implementará un plan de austeridad pero no especifica si será en sueldos por lo que aún hay incertidumbre.

Otro de los aspectos es que al reducir sueldos y salarios a la alta burocracia también se está reduciendo la captación sobre el impuesto sobre la renta. Se estima que el ahorro por el ajuste salarial sería de 37, 582 millones de pesos y se estaría dejando de recaudar 18,976 millones de pesos.

Con la puesta en marcha del plan de austeridad AMLO envía el mensaje de cumplir con sus propuestas; sin embargo, una vez en el gobierno, también se tendrá que hacer sentir el cambio en el bolsillo y la seguridad del ciudadano para que el bono democrático se mantenga intacto.