En teoría política Realista, el deber primario de los gobiernos debe ser el de procurar la seguridad y la justicia de los ciudadanos. No es otra cosa más que evitar la guerra o el conflicto de todos contra todos, con el fin de lograr orden social y procurar la estabilidad y el sano desarrollo. Es por ello que, regularmente, los asuntos de seguridad se priorizan sobre otros temas de interés popular; de ahí la importancia de conocer la diferencia entre ambos conceptos y sus alcances.

Recientemente, en México, se ha puesto de moda el empleo de los términos: seguridad pública y seguridad nacional; muchas veces tomados erróneamente como sinónimos. Ha sido un intento por identificar problemáticas sociales en estos temas, derivados de la ola de violencia que nos aqueja, pero sin darse cuenta de la relevancia en el correcto empleo de la terminología.

Cada división de seguridad se caracteriza y diferencia, en primer lugar, por tener un objeto u objetivo especial de protección, es decir, los actores o elementos específicos a defender ante riesgos y amenazas que atenten contra su integridad. En segundo lugar, la magnitud de la probable o posible afectación; entre mayor magnitud, mayor rango de importancia se le deberá conceder para evitar daños potenciales. En el caso de la seguridad pública, el objeto especial de protección son las personas o ciudadanos. Es la división más comúnmente referida en cuanto a diseño de políticas púbicas por parte de los municipios, entidades federativas y la federación. Particularmente, descrita en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, la seguridad pública, se enfoca en resolver problemáticas que atenten directamente a la integridad personal de sus ciudadanos. Tal es el caso de los delitos del fuero común y algunos del fuero federal (exceptuando a crímenes como el terrorismo, atentados en el extranjero o ante representaciones diplomáticas y/o consulares, así como de delincuencia organizada); la prevención y acción en contra de la incidencia delictiva; así como la investigación, persecución y penalidad ante actos criminales. En esta categoría de seguridad, se puede clasificar la información con el fin de proteger la identidad de los implicados, sus derechos y favorecer la resolución del debido proceso judicial.

En contraste, el objeto principal de protección de la seguridad nacional es el Estado (territorio, población y soberanía). Por lo tanto, se trata de un concepto mucho más amplio y de mayor relevancia por los riesgos potenciales que podrían presentarse en caso de su vulneración. Implica el estudio de cuestiones relacionadas a terrorismo, crimen organizado, migración, cambio climático, guerrillas, espionaje, fenómenos naturales de alto impacto, y relaciones exteriores con otros Estados y Organismos Internacionales. En asuntos de seguridad nacional, la gran mayoría de las investigaciones y datos informativos (estadísticos, descriptivos), son clasificados con el objetivo de salvaguardar la información delicada del Estado que pudiera perjudicarlo y hacerlo más susceptible ante las amenazas y riesgos dentro y fuera de sus fronteras. Estas son las principales diferencias entre ambas divisiones. 

No obstante, es innegable que existe una vinculación entre ambos conceptos. No hay que olvidar, que uno de los elementos del Estado es su población, por lo cual, los asuntos de seguridad pública pueden ser de interés nacional en casos específicos, especialmente si su potencial de producir daño es alto. Un ejemplo de ello en México es la diversificación de actividades de la delincuencia organizada y su incidencia en la sociedad civil. Su poder ha llegado a crecer tanto, que no sólo afecta a la población mexicana (lo cual implicaría un problema de seguridad pública y de seguridad interior), sino que ha llegado a infiltrarse en las esferas políticas de poder, lo que los ha llevado a controlar parcialmente algunas entidades federativas mediante el uso de la fuerza y el manejo de influencias. En efecto, se convierte en un problema de seguridad nacional, ya que vulnera los elementos que conforman al Estado, además de que afecta su percepción en el exterior y su relación con otros países.

Cabe mencionar, que no existe un consenso entre los límites de cada categoría en materia de seguridad. Saber con exactitud cuándo un problema de seguridad pública se convierte en uno de seguridad nacional, puede resultar sumamente subjetivo. La decisión depende principalmente del marco jurídico, los intereses nacionales, la ideología de los tomadores de decisiones y la información de inteligencia derivados de los objetivos planteados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Para conocer ampliamente el marco jurídico y estratégico en materia de seguridad de México, recomiendo la lectura de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley del Sistema de Seguridad Pública Nacional, el Código Penal Federal, la Ley de Seguridad Nacional, y el Programa Para la Seguridad Nacional 2014-2018.

@Hector_HHA1

hector.hernandezaz@udlap.mx