La impunidad es la problemática social preponderante, ya que permite muchos delitos. Por supuesto, entre estos el de la corrupción, pues si no existe un sistema eficiente que castigue los actos delictivos, se vivirá en un estado semejante a la anarquía que imposibilitará la sana convivencia, la seguridad y la justicia.

De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017 y el Índice de Impunidad México 2018, del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), México ocupa el lugar 66 de 69 países, siendo el país con la impunidad más alta de América Latina.

Estos estudios dan a conocer información contundente: México cuenta con 3.9 magistrados y jueces federales por cada cien mil habitantes, mientras que el promedio global es de 16. El país menos impune (Croacia) cuenta con 45. El número de ministerios públicos es de apenas 3.53 agencias por cada cien mil habitantes, lo que desincentiva la denuncia ante la autoridad.

En general, según el CESIJ, sólo siete de cada cien delitos son denunciados, y de estos, únicamente el 4.46% reciben pena condenatoria. Además, alrededor del 43% de la población en cárceles no ha recibido sentencia. Esto da como resultado un alarmante porcentaje de impunidad nacional superior al 95%.

Por otra parte, el aparato de seguridad estatal a nivel nacional necesita fortalecerse. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, existe un déficit de 50.86% de policías estatales preventivos evaluados a nivel nacional.

El ejército mexicano ha tenido que salir a las calles a desempeñar funciones de seguridad pública, que tradicionalmente corresponden a las fuerzas policiales. Aun así, el problema de la inseguridad está lejos de terminar. Cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que se han registrado más de 119 mil homicidios dolosos en lo que va del actual sexenio.

De acuerdo con la información presentada, se puede afirmar, que los problemas de impunidad e inseguridad obedecen a fallas estructurales y funcionales de los aparatos de seguridad y de justicia mexicanos. Estructurales, por efecto de la escasez de instituciones y agentes de seguridad y justicia. Funcionales por su falta de capacidades y deficiente adiestramiento.

Por otro lado, el próximo secretario de seguridad pública, Alfonso Durazo, dio a conocer que el aparato de inteligencia civil del Estado desaparecerá. El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), ha fungido como el órgano encargado de proveer de información valiosa para la toma de decisiones estratégicas. El relevo sería una nueva entidad denominada: Agencia Nacional de Inteligencia (ANI). Dicha modificación, se daría principalmente por el uso faccioso que se le dio al CISEN para actividades de espionaje político.

Será importante que la nueva Agencia Nacional de Inteligencia promueva independencia en sus prácticas. Encargándose de tareas de seguridad nacional, que tenga visión de Estado y que se aleje de prácticas ilegítimas como la realización de espionaje político y de civiles que no sean criminales. Adicionalmente, podrá coadyuvar con información relevante a las agencias de seguridad pública para la comisión de sus obligaciones contra el crimen organizado.

La ANI, deberá contar con mecanismos de control efectivos para evitar su politización como presuntamente sucedió con el CISEN. Igualmente, será necesario reformar a la Ley de Seguridad Nacional, ya que fue explícitamente elaborada para detallar las actividades que realizaría el CISEN. Por lo que, la Ley actual en la materia, ya no tendría razón de ser.

Por último, es interesante mencionar que, conforme a las estimaciones de PricewaterhouseCoopers (PwC), en su reporte el mundo en 2050, México representaría la séptima economía más grande del planeta para ese año. Lo que significaría que podría desplazar a países como Reino Unido y Francia. Para esto, será importante cuidar desde ya la toma de decisiones estratégicas.

De confirmarse la predicción de este estudio, considero que nuestro país podría tener aún problemas serios de corrupción y de impunidad que impacten directamente en otros inconvenientes como la inseguridad, la falta de Estado de Derecho y la desigualdad económica y social. Por lo cual, más vale a actuar desde ya para mejorar la crisis de impunidad con la que vivimos todos los días.

@Hector_HHA1

 hector.hernandezaz@udlap.mx