Las llamadas” ciudades santuario” en Estados Unidos fueron resultado de un movimiento desarrollado en la década de los ochenta en las iglesias de Tucson, Arizona, donde se dio protección a los refugiados centroamericanos que huían de la guerra y la violencia, en ese entonces el reverendo John Fife le anunció al gobierno de Estados Unidos que no le importaban las leyes de inmigración y que su iglesia se convertiría en un santuario, a este movimiento se le fueron sumando iglesias y templos hasta llegar a 500 en 17 ciudades.

Este movimiento que iniciaría en las iglesias, lo han recreado algunas ciudades de Estados Unidos, la mayoría del partido demócrata, que han legislado para mantener su autonomía y proteger a los inmigrantes de las leyes federales de inmigración. Las leyes de estas ciudades o condados prohíbe a los policías locales participar en las acciones federales migratorias, no pueden llevar a cabo las órdenes de detención solicitadas por la Oficina de Control y Aduanas (ICE). Ciudades como Nueva York y Los Ángeles condicionan la detención los indocumentados a la orden de un juez federal y no a la orden de ICE (El Universal, 2016)

Actualmente son 340 ciudades y municipios que tienen esta medida, por mencionar algunas: San Francisco, Denver, Los Ángeles, Washington D.C, Nueva York, Philadelphia, Detroit, Portland, entre otras. En Chicago, por ejemplo, sigue en pie una ordenanza de 1983 que prohíbe a la policía cuestionar el estatus legal de una persona. En algunas ciudades se les dan beneficios particulares, como la facilidad de otorgarles licencias de conducir, becas escolares y asesoría jurídica.

En los estados donde no hay ciudades santuario, como por ejemplo Arizona, las iglesias sirven como refugio, tal como lo fue en los años ochenta. Muchas noticias documentan los casos donde los migrantes acuden a las iglesias como modo de protección para evitar su deportación.

Una prioridad de Donald Trump al entrar en funciones fue deportar a las personas con récords criminales, sin embargo tiene como meta expulsar también a las que no tienen ningún antecedente, a las personas que su único delito es no tener documentos que acrediten su estancia en Estados Unidos, para esta medida se contratarán a más agentes de inmigración, policías y alguaciles (New York Times, 2018).

Los gobernantes del partido demócrata han apostado por la defensa de los migrantes, son quienes gobiernan las principales ciudades de Estados Unidos como: Los Ángeles y la mayoría del estado de California, Nueva York, Washington D.C.

Sin embargo los gobernantes republicanos han mostrado su apoyo a Donald Trump como el alcalde de Miami-Dade: Carlos Giménez de origen cubano quien dijo estar dispuesto a cooperar con la ley federal. En enero de este año la cámara de Representantes de Florida aprobó una medida que prohibiría las ciudades santuario, lo que significa que quedan en la desprotección 55,000 personas indocumentadas (La Opinión, 2017).

En enero de 2017 el presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para despojar de ayudas financieras federales a las ciudades que se negaran a cooperar con las autoridades federales (BBC news, 2017). La ciudad de Chicago presentó una demanda contra el gobierno federal por retener los fondos, finalmente un juez federal de Chicago dejó sin efecto la orden ya que consideró que un presidente no puede decidir sobre los presupuestos municipales (Milenio, 2017).

En marzo de este año Trump reunió en la Casa Blanca a funcionarios federales y estatales para hablar de las “jurisdicciones santuario” y la seguridad, pues según el mandatario, en esas demarcaciones se protege a violadores, criminales y asesinos. Ante este panorama parece que algunas ciudades han tenido que bajar la guardia, pues en recientes fechas 400 personas han sido detenidas en redadas en California; un día antes de la redada la alcaldesa de Oakland: Libby Schaaf advirtió de la operación, situación que enojó las autoridades federales. Así también la ciudad de Nueva York resistió a las exigencias gubernamentales y se negó a detener a 1,526 personas (Animal Político, 2018).

Las ciudades santuario deben ser respetadas en su legislación y no deben ser reprimidas económicamente por no cooperar con el gobierno federal. No está claro si se seguirá recortando el presupuesto destinado para estas ciudades, o tal vez sólo quedará encaminado a ciertos programas, si esto sucede seguirá existiendo controversia al respecto y las demandas en las cortes federales mantendrán su curso.

Por otra parte las deportaciones deben tomar en cuenta los antecedentes personales y no considerar un crimen solamente el vivir sin documentos, el gobierno de Estados Unidos tiene la obligación de respetar los derechos humanos, recordemos que cientos de familias han sido desintegradas, sin importar sus circunstancias padres e hijos son separados. Cabe mencionar que las personas que son detenidas cruzando la frontera son deportadas bajo condiciones de riesgo, como aquellos que son detenidos cruzando ilegalmente, muchas veces son retornados a media noche, separados de sus miembros familiares, sin comida, sin agua, bajo el abuso de autoridad de la policía. Todas estas situaciones han sido documentadas por grupos de derechos humanos como Human Borders, Border Angels entre otros.

El gobierno de nuestro país debe vigilar que en las deportaciones se cumplan con los protocolos internacionales de protección de los derechos humanos y apoyar los casos de familias que han sido separadas por estas medidas migratorias.