El proceso electoral que verificó el día 1 de julio, en general fue una fiesta democrática en la que los mexicanos salimos a votar y dimos el aval al cambio democrático que desde la campaña los mexicanos, en mayoría, habíamos expresado (tendencia  conocida, en buena medida, por el resultado de los estudios demoscópicos) en ese memorable día se eligió a Andrés Manuel  López Obrador como presidente de México y se eligió también a la mayoría de los candidatos a puestos de elección popular propuestos por la coalición “Juntos Haremos Historia” (JHH) eso sucedió en la mayoría de los estados, pero en el estado de Puebla se presentó una incongruencia, la aplastante mayoría de los puestos de elección popular fueron ganados por los candidatos de la coalición JHH, y curiosamente, solo el cargo de gobernador presentó un resultado atípico, los hechos que pueden explicar ese resultado son los siguientes :

Se  favoreció por medio de acciones fraudulentas a la candidata oficial,  en el proceso  se pretendió arreglar los  resultados para beneficiar a la candidata del frente “Por Puebla al Frente” (PPAF) Martha Erika Alonso (MEAH). Para ese propósito se  involucraron el conjunto de las autoridades electorales locales, el IEE, el TEDEP, especialmente los miembros del Consejo general del Primer órgano y los magistrados del segundo; el gobierno del Estado de Puebla y diversos actores políticos, los dirigentes del PAN, PRD y el PMC, de manera destacada la acción del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Todos unidos se distinguieron porque  realizaron acciones ilegales dentro del ámbito electoral y delictivo con el propósito de hacer ganar a su candidata. 

--- El caso de las autoridades electorales que fueron y sigue siendo permisivas con las actuaciones de la candidata y su equipo tolerando acciones no justificadas legalmente, como muestra podemos citar que las autoridades electorales penalizaron que se mencionara el estado civil de la candidata, expidieron medidas cautelares en contra de los candidatos que así lo expresaran  para que se abstuvieran de mencionar que la candidata pudiera ser nombrada como Martha Erika Alonso de Moreno Valle, nombre que ella venía usando días antes de convertirse en candidata, por fortuna la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revirtió tan absurda resolución de las autoridades locales. Con ello quedó evidente la actuación parcial  de las autoridades locales para proteger y favorecer a la citada candidata. Con la resolución mencionada pretendieron evitar que a la mencionada candidata se le asociara a su esposo el exgobernador de Puebla, de ese modo ayudando a que se le presentara mayor margen para realizar su campaña evitándole la obligación evidente de rendir cuentas sobre el desempeño de su esposo durante su gobierno del cual, por cierto, ella formó parte.

--- El resultado de la elección adicionalmente se ha complicado, en el proceso de validación porque con muchas acciones discutibles el IEE (CG) ha arreglado las cifras para adecuar el números de votos y así otorgar  la mayoría de estos a favor de MEAH, después de hacerlo,  como consecuencia ya le entregó la constancia de mayoría, Si la elección no fuera tan cuestionable y sucia, con ello bastaría para que fuera reconocida como gobernadora electa, pero, por el accionar descuidado y parcial de las autoridades electorales,  la duda de su legitimidad se acrecienta. Podríamos decir que  “valiente ayuda la que le dieron”.

--- Respecto al  Gobierno del estado de Puebla, presidido por el gobernador Antonio Gali Fayad, en repetidas ocasiones el señor Gobernador  asistió  a los actos de la campaña de la candidata oficial  al Gobierno del estado, además fue evidente que el día de la elección no cumplió con lo que el artículo 5 del COIPEP mandata  en el sentido de que:

 “Artículo 5.-Las autoridades federales, estatales y municipales están obligadas a prestar el apoyo que las autoridades electorales establecidas conforme a la Constitución Local y el presente Código, les soliciten para el cumplimiento de sus atribuciones y el desempeño de sus funciones.”

--- Recordemos que se dieron incidentes muy delicados en las casillas que se abrieron en el estado de Puebla, en donde abundaron las acciones de robo de urnas, robo de papelería electoral, compra de votos, substituciones de urnas auténticas por las que los operadores electorales de la candidata al gobierno del estado realizaron con la ayuda de comandos que llegaban a las casillas y amenazaban a los ciudadanos y funcionarios soltando ráfagas de balazos con armas de fuego, ante ello,  se provocaba  que los ciudadanos presentes en ese momento se trataran de proteger mientras los operadores de la candidata oficial hacían el trabajo de fraude cambiando urnas o robando y destruyendo las que contenían los votos que reflejaban la voluntad ciudadana.

--- Se debe resaltar que la operación para dar cobertura a los delincuentes electorales  fue coordinada entre el aparato de gobierno estatal y municipal que no dieron la protección a las distintas casillas instaladas en el estado de Puebla porque para desarrollar dicha acción ante los incidentes graves sucedidos el primero de julio la autoridad electoral debió exigir la protección de las casillas, con base en el artículo 5 del COIPEP, no sucedió así, eso es responsabilidad del IEE que actuó como cómplice de los delincuentes electorales y la autoridad gubernamental que arguye el pretexto de que la seguridad estatal estaba resguardando a los candidatos y que la seguridad de las casillas la dejó en manos de las autoridades municipales. Cuando se le pregunto al jefe de seguridad del estado de Puebla, la explicación que dio el citado jefe de seguridad fue: "Tenemos personal acuartelado y lamentablemente ese día, a esa hora crítica que se dieron estos hechos, personal de la Policía Estatal estaba desplegado en los otros municipios donde la autoridad electoral nos lo pidió y como estaba establecido en el protocolo de seguridad",  expuso el funcionario (diario e-consulta Jueves, 5 de julio de 2018).  Como sea ambas instancias, la autoridad gubernamental y la electoral, fueron omisos en el cumplimiento de su obligación y por ello actuaron como cómplices del fraude que se ejecutó en la elección de gobernador en el estado de Puebla.

Los medios de comunicación  que responden  al eje de apoyo a la candidata oficial dan cuenta de lo sucedido en el Hotel MM, como una irrupción violenta de los partidarios de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y hacen abstracción de lo sucedido durante la campaña y, especialmente, de lo que aconteció el día de la Jornada electoral en cuanto actos fraudulentos, ilegales y de violencia contra el proceso electoral. Se olvidan de que el día 1 de julio se detuvo al conductor de una camioneta en la que se transportaba papelería electoral, entre otros documentos, boletas de votación y que además cuando ese vehículo se volcó y al investigarse su procedencia se encontró que probablemente fuera propiedad de la ex procuraduría, hoy Fiscalía del estado de Puebla. Se olvidan que se encontraron en el río Atoyac boletas que fueron robadas por los delincuentes que actuaron con la protección de los aparatos de seguridad estatal y municipal de Puebla, y ya para concluir la fundamentación de nuestra exigencia de que se limpie la elección de gobernador y se reconozca el triunfo del candidato Miguel Barbosa Huerta.

--- Debo agregar a las evidencias del sucio contubernio para realizar el fraude lo hallado en el Hotel MM: se encontró papelería electoral que solo se justifica que se tenga en los órganos electorales, se encontró a funcionarios públicos del gobierno estatal, policías vestidos de civil custodiando el laboratorio electoral montado por la coalición PPAF y aún está por definirse el tipo de instalación que el  PAN contrató, se agrega a todo lo mencionado que existen sospechas de que el propietario del Hotel MM es un personaje importante del gobierno del estado de Puebla.

En virtud de lo expresado queda claro que hoy estamos ante la necesidad de exigir que se limpie la elección y con ese propósito, lo deseable es que la candidata de la coalición “por Puebla al Frente” (PPAF) se deslinde de los que alteraron los resultados de la elección a su favor y  reconozca como triunfador a  Miguel Barbosa Huerta, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia. Si no fuera así, que es lo más probable, con el propósito de devolver a los poblanos y poblanas el derecho a resolver quien legítimamente los debe gobernar, considero pertinente  formular lo que sería una sugerencia, consistente en la posibilidad de que: como declaración de intensión y de buena voluntad,  los dos candidatos el de la coalición  JHH y la candidata de la coalición PPAF, de común acuerdo,  soliciten al tribunal electoral del poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordene:

-- 1. la anulación del proceso de elección de gobernador en Puebla

-- 2. la realización inmediata de elecciones extraordinarias para la gubernatura de Puebla en los términos marcados por la ley vigente.

-- 3. Asegurar que la autoridad electoral que tendrá a su cargo organizar  la elección y calificación de Gobernador de Puebla sea imparcial, para ello habría dos opciones:

-- a. La atracción por parte  del Consejo General (CG) del INE de la organización y calificación  del proceso electoral para elegir gobernador en Puebla o

-- b. Que se destituya a los actuales integrantes del Consejo general del IEE y  se les reemplace. De igual manera se tendría que proceder con los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEDEP).

-- 4. El compromiso de las distintas opciones –partidos y coaliciones con sus respectivos candidatos que participen en el proceso de elección- de apegarse a la ley en el proceso y obviamente de respetar sus resultados.

Con esto seguramente tendríamos la real posibilidad de lograr, en un proceso de elección y reconciliación, un gobierno legítimo que es indispensable para conseguir  una Puebla democrática y en paz, lista para enfrentar los difíciles retos de la realidad nacional y especialmente de la realidad poblana.