Cuando escuchamos que en México se toman medidas de austeridad en el gobierno o se aplican acciones serias para combatir los excesos y el agandalle, la verdad, siempre los aplaudimos.

 

El Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anuncio 50 medidas en su Plan de Austeridad que, al leerlas de corrido, parecen a primera lectura, muy lógicas y justas; porque los excesos han sido el sello de todos los gobiernos en México.

 

Unos más publicitados que otros, pero a fin de cuentas, permitimos que quienes están en una posición de poder, sean durante 3 o 6 años beneficiarios de todos los recursos con los que cuenta el Estado mexicano: guaruras, camionetas blindadas, aviones privados, personal doméstico pagado por el erario, buenos sueldos, bonos, prioridad de acceso a todo tipo de sitios, helicópteros y lo peor de todo, posibilidad de lucrar con cualquier contrato público en sociedad con empresarios, que sin defenderlos, no tienen otra salida si quieren vender o prestar un servicio al gobierno.

 

Es verdad, se pasaron de la raya y sin duda esa es la principal razón por la que López Obrador ganó las elecciones de manera abrumadora.

 

Ahora, sin detenerme a analizar una a una las 50 medidas, porque me llevaría mucho espacio, le presento mi opinión personal tanto de las mencionadas medidas, como de la propuesta de trasladar las sedes de muchas de las secretarías de Estado, a diferentes estados del país.

 

Por principio aplaudo todo lo que implique terminar con el abuso de poder, desde retirar el fuero, pasando por el recorte a guaruras, prohibición de utilizar personal pagado por el Estado a funciones privadas, el evitar el cierre de calles y avenidas, el uso de aviones privados y helicópteros rentados en “exceso”.

 

Y aclaro en tema de “exceso”, porque en muchas ocasiones son necesarios y justificados para ser más efectivos y por cuestiones de obvia seguridad, viviendo en un país donde el crimen organizado es tan poderoso.

 

Mismo caso para la contratación “excesiva” de asesores y despachos externos. El gobierno no puede ser experto en todo, ha demostrado ser muy mal empresario y no es su función competir contra el mercado, porque no puede. Para eso se contratan especialistas en diferentes materias, no por lujo o gasto excesivo, es por cuestión de efectividad.

 

Medidas como éstas se leen muy bien, pero requieren un análisis de requerimientos operativos. No es únicamente prohibirlos por decreto.

 

La operación de un gobierno no es tan diferente a la de una empresa del sector privado. Tal vez sí es mucho más burocrática y lenta, porque el estado y su brazo ejecutor que es el gobierno, son un monopolio.

 

Pero finalmente ambos sectores requieren operar de manera efectiva y eso no se logra ni por decreto, ni por cálculos al “ahí se va”, por parte de un grupo de trabajo que, en muchos casos, nunca ha conocido la operación gubernamental.

 

Eso de reducir en 70 por ciento el personal de confianza y los gastos de operación no es algo que nadie, absolutamente nadie, pueda ofrecer ni prometer sin que haya, antes, un análisis formal de la operación. 

 

Soy MUY enfático, estoy a favor de que se haga más eficiente y menos caro el trabajo gubernamental, pero NO se puede tomar una medida así sin consecuencias.

 

Hacer menos pesada la burocracia es necesario, pero ordenadamente. De otra manera se genera un caos porque se corren a las personas que sabían hacer las cosas.

 

Es irresponsable y denota una falta de conocimiento técnico el solo hecho de anunciar algo así.  Lograr esto requiere analizar estructuras orgánicas basadas en procesos y estos deben estar orientados a un resultado. Es decir, se analizan las estructuras orgánicas con base en los resultados que deseas y después se diseñan los procesos más óptimos para lograrlos.

 

Así es como se determinan las tecnologías que se requieren, las instalaciones y equipos y lógicamente el dinero que se necesita para pagar por todo esto.

 

Decir que se reduce la plantilla de personal de confianza en 70 por ciento, me hace preguntar y ¿por qué no en 75 o 90 por ciento? Da lo mismo, es un número al “chilazo” como decimos vulgarmente los mexicanos.

 

Soy enemigo de los subsidios al trabajo vía la nómina gubernamental, es decir, tener un mundo de gente trabajando, que no aporta gran cosa, pero que se tiene contratada en los tres niveles y poderes de gobierno, para no aumentar el desempleo. Pero, ¿qué piensan hacer con ese enorme número de personas que se quedará de un día a otro sin trabajo? ¿Están conscientes de que hablamos de seres humanos con familias que mantener?

 

El adelgazamiento de estructuras se lleva a cabo con un proceso de transición, no de golpe y porrazo.

 

Espero que los técnicos que asesoran al Presidente electo lo sepan y, además, espero que lo comuniquen adecuadamente. Porque para quienes sí entendemos de esta materia, nos preocupa que actuar sin conocimiento hace que salga más caro el remedio que la enfermedad.

 

El NO comprar equipo de cómputo en el primer año de gobierno es un absurdo. Se oye bonito en el discurso, pero usted y yo tenemos que actualizar el sistema operativo de nuestros teléfonos cada mes o de otra forma deja de ser útil para el uso de ciertas aplicaciones o, simplemente, se vuelve lento.

 

Ahora imagine que por “política populista de austeridad”, en la Secretaria de Hacienda no puedan comprar equipos nuevos en un año (y un año en cuestiones tecnológicas son como un siglo para el mundo normal), en las áreas que manejan, registran y controlan el presupuesto.

 

O que en las Secretarías de Defensa y Marina, o el CISEN, no se puedan comprar equipos nuevos para trabajos de inteligencia y monitoreo. 

 

Si conjunta las medidas de No compra de equipo de cómputo y sistemas, a la del recorte del 70 por ciento de la burocracia de confianza y a eso le añade reducción de sueldos, está usted viendo una bomba atómica de tiempo.

 

Si reduces personal, es porque implementarás sistemas de información que analicen y procesen datos, es decir, automatizas para que con menos manos obtengas los mismos o mejores resultados.

 

Esto se acompaña de especialización y la gente con estas características cuesta.

 

La fórmula entonces es: menos gente, la que se queda más preparada y efectiva y por ende mejor pagada, apoyada por tecnología para ser más productiva. No hay magia en el asunto, pura técnica.

 

El reducir a la mitad sueldos de altos funcionarios, que ganen más de un millón de pesos al año, es populismo puro, es absurdo.

 

Esto significa reducir ingresos a funcionarios que ganan de 83 mil pesos mensuales para arriba. Y para el común de las personas entiendo que les moleste que un burócrata fodongo cobre esa cantidad, cuando la mayor parte de la población subsiste con mucho menos.

 

Pero esto no es un estado comunista ni socialista y al igual que con el tema de las computadoras, no se puede decretar de manera general, sin que haya un análisis serio de por medio.

 

Si usted quiere personal competente en su empresa, le va a costar.  Si busca a una persona preparada en buenas universidades, con maestrías y doctorados en las mejores instituciones del mundo le va a costar. Punto.

 

En esta vida todo cuesta y lo bueno cuesta más. Tal vez usted piense que todos los trabajadores de gobierno se apegan al estereotipo del burócrata que está comiendo una torta y poniendo un sello, pero se equivoca. Dentro de la administración pública federal, existen personas brillantísimas, educadas en las mejores universidades en instituciones del planeta, que en muchos de los casos, fueron becados por el propio Estado mexicano para prepararse.

 

Muchas de estas personas que ganan más de 83 mil pesos mensuales, se lo merecen, se lo ganaron, y lo desquitan día a día con su trabajo y preparación.

 

¿Les van a reducir el sueldo a la mitad? ¿Qué se imagina usted que van a hacer?  Simple, van a renunciar y se irán a alguna empresa, empezarán un proyecto propio o peor aún, se irán de México a trabajar a otros países.  Es cuestión de oferta y demanda. Y estos individuos no tienen fronteras para ofrecer sus conocimientos y experiencia. ¿Vamos a permitir esta fuga de cerebros? Me parece absurdo.

 

Mover las sedes de secretarías de Estado es algo que lleva años comentándose, como una posibilidad. Y en realidad es buena la propuesta, porque detonaría el desarrollo de economías locales y liberaría del caos que representa la ciudad de México, donde hoy están concentradas todas.

 

Nuevamente.  Esto no es algo que pueda pasar de un día a otro, ni siquiera de un año a otro. Es un tema complejo desde el punto de vista legal, económico y logístico.

 

Analicemos dos casos particulares:

 

1) PEMEX a Ciudad del Carmen, Campeche:

 

Prácticamente todo el crudo que se extrae en México proviene del mar en Campeche y el Golfo de México y de Tabasco en tierra.   Al día de hoy PEMEX ya tiene oficinas centrales en ambos estados, desde las que se operan y administran, tanto los activos en tierra, o sea los pozos, como las plataformas en el mar.

 

En estos dos estados se concentra la operación de PEMEX Exploración y Producción (PEP).

 

¿Qué es entonces lo que se va a mover o mudar a Ciudad del Carmen?

 

¿Se construirá un edificio (habrá que ver en donde, porque recuerde que Ciudad del Carmen es una Isla y espacio no sobra) dónde el director general de PEMEX y sus colaboradores más cercanos puedan despachar entre semana?

 

Porque mover como tal la sede de PEMEX a Ciudad del Carmen, es un trabajo titánico, que se antoja prácticamente imposible en un corto y mediano plazo.

 

Imagine la cantidad de viviendas, escuelas, infraestructura en la ciudad e incluso en el aeropuerto, que se requiere para recibir una operación así.

 

Además, imagine el personal que hoy radica en la ciudad de México, al proponérsele su cambio de adscripción a Ciudad del Carmen. Muchos simplemente no pueden; quedarán desempleados desperdiciando en muchos casos, años de experiencia.

 

Y habrá que vigilar el punto del uso de aviones y renta de los mismos, así como de helicópteros. Porque estoy convencido como mencioné anteriormente, que son necesarios para poder ser competitivos, porque si usted conoce la carretera que conecta a Villahermosa con Ciudad del Carmen, sabrá que en un buen día el trayecto dura 3 horas, pero si hay un problema en la zona de Atasta, antes de llegar a Ciudad del Carmen (un tramo de un carril de ida y uno de regreso, sin acotamiento, con casitas y negocios a pie de carretera y donde hay un tope cada 300 metros) le toma hasta 4 horas y media llegar.

 

Evidentemente si la sede de la Secretaría de Energía en algún momento se establece en Villahermosa y la de PEMEX en Ciudad del Carmen, o se construye una carretera decente o los ejecutivos de PEMEX usarán aviones privados y helicópteros indiscriminadamente, no por abuso, sino por necesidad.

 

2) Secretaría de Energía a Villahermosa, Tabasco.

 

Aplican los mismos aspectos que en el caso de PEMEX a Ciudad del Carmen: empleados que mover desde CDMX, y aquí quiero asumir que quien hace los números, está contemplando la partida de menaje de casa y en su caso hasta subsidio a rentas. Por lo cual habrá que cuidar que no cueste más cara la solución al actual dispendio.

 

El papel de las delegaciones federales que hoy se comenta, serán agrupadas en una sola representación del Gobierno Federal en los estados, debiera ser el de realizar absolutamente todos los trámites en cada estado, todos, no solo algunos; evitando así la necesidad de que las personas tengan que viajar a la capital del país.

 

Por lo tanto, de entrada, se leen muy bien muchas de las propuestas.  Pero enfatizo el hecho de que deben ser analizadas desde el punto de vista de procesos, procedimientos y resultados esperados.

 

Lo barato sale caro.  Esto es una verdad. Así que se aplauden de pie las medidas de austeridad anunciadas, ahora veamos el estudio de factibilidad y quitemos el discurso, ante hechos que ya son netamente técnicos.

 

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