Niños migrantes: separados de sus familias

  • Laura Carreto Tirado
Si cruzan la frontera con Estados Unidos: la nueva política migratoria. Crisis de derechos humanos.

Hace unos días una noticia causó asombro: el gobierno estadounidense perdió la pista de 1,500 menores que fueron entregados a tutores luego que sus padres fueran detenidos al cruzar la frontera, pues la ley no permite que los menores sean llevados a las cárceles, después de 48 horas de su detención los niños quedan bajo la tutela del estado, la responsabilidad queda a cargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos; y tras ser liberados los niños son transferidos a un refugio, a un tutor o con un familiar en Estados Unidos, mientras, su caso entra a un largo proceso migratorio. Esta nueva política tiene como finalidad no deportar con rapidez o detener indefinidamente a los migrantes como medida de disuasión (El País, 2018). El mensaje que da la administración de Trump es claro, aunque inhumano: los hijos de quienes crucen la frontera de forma ilegal quedarán a cargo del estado.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha perdido la pista de estos 1,500 menores, pues no ha podido contactar con los tutores, un funcionario de este Departamento: Eric Hargan alegó que no es que hubieran perdido en rastro, sino que muchos menores habían sido entregados a personas indocumentadas que evitaban contestar llamadas por miedo a ser localizadas, lo cual nos remite a lo mismo: no se sabe de esos niños.

Durante la administración de Obama los menores eran entregados al cuidado de un pariente o de una organización, ahora como el cruzar la frontera de forma ilícita es un delito de orden penal, los menores son llevados a un centro de detención juvenil.

Existen casos como el de una madre y su hija oriundas de la República Democrática del Congo, país que vive una crisis de violencia política. Después de refugiarse en una iglesia católica, y al llegar a la frontera de San Ysidro, California solicitaron asilo, un oficial determinó que tenían posibilidades de recibir el amparo, fueron alojadas en un hotel y cuatro días después la madre fue llevada a un centro de detención en San Diego y la niña de 7 años de edad fue enviada a Chicago, apenas han estado en contacto por teléfono, y hasta ahora no ha habido explicación alguna del gobierno respecto a este caso (L.A Times, 2018). 

Existen una serie de normas que protegen los derechos de los niños, englobadas en el tratado más importante: La Convención de los Derechos de los niños, que entró en vigor en 1990. Al ratificarlo los estados se comprometen a velar por los derechos de los niños, sin embargo Estados Unidos junto con Sudán del Sur, no han convalidado este instrumento jurídico (El Diario, 2015).

En esta Convención se califica como niño a todo menor de 18 años, aunque los estados pueden establecer por ley la mayoría de edad. “Migrante” según la Corte Interamericana de Derechos humanos es un término que abarca tanto el que deja o el que llega a otro Estado con el propósito de residir en él (Corte IDH, 2018).

Los derechos de los niños, son entre otros: a tener una vida en familia, a estudiar, al descanso y esparcimiento; a una vida libre de violencia, a no ser discriminados, a la seguridad jurídica y al debido proceso, son veinte en total (CNDH, 2018).

Al no ratificar esta convención es evidente que el gobierno de Estados Unidos no ha tenido  prioridad la procuración de los derechos de los niños. Sin embargo nada justifica sus acciones y los países que sí confirmaron este tratado y que son expulsores de migrantes, deben protestar por el trato que se les da a sus connacionales.

En primer lugar cuando se habla de migrantes se debe tomar en cuenta que la gente que sale de sus países tiene la necesidad de mejorar su calidad de vida. Un gran número huyen de la violencia y de la persecución. Por si fuera poco los niños migrantes se enfrentan a burocracia poco sensible, es necesario recalcar que para la procuración de sus derechos es indispensable que las autoridades estén enfocadas a las necesidades de los menores, que, cuando sean detenidos les sea respetado su derecho de estar con sus padres, o en segunda instancia buscar a sus familiares más cercanos, además de una asistencia consular y que en ese momento haya traductores o intérpretes. Independientemente de las leyes migratorias, los niños deben ser tratados correctamente por su edad y condiciones.

La separación forzada de niños y padres resulta cruel e inhumana, en esta situación sorprende la falta de transparencia y responsabilidad del gobierno estadounidense. Pero también la indiferencia de las autoridades centroamericanas y mexicanas (nacionalidades de la mayoría de los menores) que hasta ahora no han reclamado al respecto.

Es preocupante que  no se sepa de estos niños ya que pueden estar expuestos a peligros, a estar bajo responsabilidad de personas que no están capacitadas para su educación y estabilidad emocional.

Está por demás analizar si esta política sea útil para disuadir el cruce indocumentado, lo que es un hecho es una medida violenta que no debe pasar desapercibida bajo ninguna circunstancia.

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Laura Carreto Tirado

Licenciada en Relaciones Internacionales, Maestra en Ciencias Políticas ambos grados por la BUAP. Especializada en temas migratorios y en la Relación México-Estados Unidos. Ha investigado y escrito al respecto en libros y revistas