Donald Trump desde su campaña presidencial sentó las bases de lo que sería su postura frente a los migrantes. En el transcurso de ésta los mexicanos fuimos llamados “criminales” y “violadores” (CNN, 2015). Justo unos días después de entrar en funciones prohibió el ingreso de refugiados sirios, afganos, libaneses, iraquíes e iraníes, entre otras nacionalidades de origen árabe.  Recientemente declaró que los migrantes “no son personas sino animales”. Estas declaraciones y acciones legales estereotipan a los migrantes y promueven los crímenes de odio, racismo y discriminación. Y aunque después hizo la aclaración que sólo se refería a los integrantes de la “Mara Salvatrucha”, sus declaraciones ya habían cobrado impacto y tal vez, muy probablemente, lo hizo con el fin de ofender a todos por igual.

Trump ha culpado a los migrantes de “robarse Estados Unidos” (CNN, 2018) e insiste en la construcción de un muro fronterizo, que ha sido su prioridad en su relación con México, y aunque sus adversarios dudan de su logro por el alto costo que implicaría para el gobierno estadunidense, Trump reitera que México pagará de cualquier manera la construcción, a pesar de que nuestro país ha negado el posible cobro del muro, aunque siempre con una débil defensa de la soberanía y de la patria.

Los jóvenes migrantes indocumentados en Estados Unidos enfrentan un futuro adverso en esta administración, pues durante la campaña electoral Donald Trump advirtió que serían deportados los dreamers (Mundo Hispánico, 2016) “soñadores”: los jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos y que fueron apoyados durante el gobierno de Barack Obama a través del plan de “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés). Este programa de protección inició en 2012 con el objetivo de “diferir” cualquier acción migratoria durante dos años hacia jóvenes de cierta edad que llegaron a los Estados Unidos siendo niños. Es decir: se les otorgó una amnistía para seguir estudiando o trabajando en Estados Unidos siempre y cuando pudieran acreditar que, fueran: menores de 31 años antes de 2012, haber llegado a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, estar o haber estudiado y no haber cometido delitos, entre otros requisitos (US Citizen and Immigration Services, 2018).

Son hasta ahora 800, 000 jóvenes beneficiados por DACA que temerosos otorgaron sus datos para ser beneficiarios, muchos de ellos sólo hablan inglés y Estados Unidos es y ha sido su patria y regresar a sus países de nacimiento sería un camino menos favorable e incierto, sería retornar a lo desconocido.

Por otra parte el programa es ambivalente pues no se compromete con la legalización de los jóvenes migrantes, no da luz verde a una residencia o ciudadanía, simplemente es un permiso de estancia. En caso de la cancelación permanente de DACA, podría existir la posibilidad de otra medida aprobada por el congreso con el fin de facilitarles otros años de estadía (Aristegui noticias, 2018).

El 5 de septiembre de 2015,  Donald Trump, el entonces candidato, afirmó que pondría fin a este programa, que había protegido ya a 780,000 personas (El país, 2018). Ya en el poder, como presidente de EE.UU reiteró la idea de cancelarlo y lo propuso formalmente en septiembre de 2017, para enero de este año un juez bloqueó la cancelación de DACA, sin embargo, en marzo de este año, otro juez de Maryland consideró legal la cancelación del programa; y a pesar que la decisión sobre la permanencia de DACA se encuentra en una corte superior de apelaciones del Noveno Circuito, el programa sigue vigente pues continúan en pie las renovaciones de permisos de trabajo. El juez del mencionado circuito prohibió el uso de datos de los dreamers ante una posible acción de deportación.

Es necesario subrayar, que aunado a esto está pendiente la legalización de 9 millones más de indocumentados (Univisión, 2018).

Y aunque la decisión está en trámite, el futuro es incierto para más de 800 mil jóvenes; no obstante parece tener una resolución positiva, ya que para el gobierno de Estados Unidos es fundamental en primer lugar el que sean jóvenes, en segundo lugar el tiempo que llevan viviendo en Estados Unidos y la inversión que el propio gobierno ha puesto en su educación; y en tercer lugar pero de igual importancia su calidad como ciudadanos, por estas razones son candidatos para el programa, además de que los dreamers consideran a Estados Unidos como su país, y en realidad así lo es, ya que crecieron, estudiaron y se desarrollaron ahí.

El peor panorama para los “soñadores” es que la deportación sea mediante un proceso selectivo y que sólo una parte de ellos pudiera quedarse.

Si los dreamers regresaran a nuestro país, el gobierno mexicano deberá adecuar un programa que pueda ayudar a estos jóvenes a seguir estudiando o trabajando, aunque parece difícil ante las condiciones que enfrenta México, si es posible aprovechar las capacidades intelectuales y de trabajo con un plan bien definido.

Ojalá la respuesta del juez que lleva el caso sea favorable pero la mejor noticia para este grupo de jóvenes sería la legalización formal y que su estancia en aquel país, que es el suyo, ya no sea condicionada por ningún mandatario o situación política.