Señales que estamos acostumbrados a minimizar y normalizar la violencia son muchas, tanto en los ambientes tradicionales como en los cibernéticos, lo que genera en la sociedad una ambigua relación entre la permisión y castigo, no así en la prevención. Dentro del ámbito escolar, las niñas y los niños se ven constantemente expuestos a situaciones de violencia derivadas de múltiples aspectos, que contemplan elementos culturales, sociales, económicos, familiares y personales. Entre los tipos de violencia se encuentra el acoso escolar, también conocido como bullying, violencia psicológica, física e incluso violencia de género.

Los especialistas en violencia Alfredo Furlán y Carol Spitzer, consideran que los centros de educación se pueden entender como “instituciones porosas”, toda vez que éstas fungen como un espacio en el que se refleja lo que sucede en la calle, es decir, la violencia de una comunidad se manifiesta en el ambiente escolar. Lo anterior propone una conclusión reveladora: existe una relación cíclica entre la violencia escolar y otros tipos de violencia que se pueden identificar dentro del entorno colectivo social.

Si bien es cierto que la violencia se materializa en el uso deliberado de determinada fuerza o poder, con un grado de amenaza contra personas o grupos, de acuerdo con lo establecido durante la Convención de Belém de Pará adoptada en junio de 1994, la mayoría de modelos escolares de manera no intencional omite la presencia de violencia en grados psicológicos, sociales, mentales y sexuales, enfocándose sólo en la violencia física. La importancia de identificar los diversos tipos de violencia en los centros educativos radica en que es precisamente en las escuelas, donde los niños y jóvenes fortalecen las conductas que les permiten consolidar su identidad, así como la manera en que se relacionan con hombres y mujeres de su entorno, para una vida en respeto y tolerancia o para una vida de violencia.

Recordemos que la violencia de género surge a partir de una relación desigual, por posición y condición entre hombres y mujeres; tanto en la edad escolar, como en la adulta. Para Mtra. Marta Lamas Encabo, la violencia de género tiene un origen social derivado de los estereotipos de género, mismos que pueden ser creados y difundidos a través de patrones repetidos al interior de los hogares y las instituciones educativas. Actualmente el modelo educativo y la legislación vigente en la materia, no contempla la violencia de género escolar, por tanto, es preciso mencionar, la necesidad de impulsar una reforma de carácter legislativo en torno a la prohibición y sanción de la violencia de género escolar en niñas y niños, así como el fortalecimiento de un modelo que integre de manera holística las disposiciones relativas a la equidad de género.

Es preciso trabajar a partir de experiencias adquiridas y buenas prácticas generadas; parte de una propuesta formal para contrarrestar esta problemática debe considerar la adecuación de los marcos normativos, e incluso la integración de estos al ambiente. Es decir, retomar los elementos esenciales de ordenamientos jurídicos de la materia como lo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, para formular un mecanismo ideal y funcional en la erradicación de este problema.

Para poder generar herramientas en torno a la prevención y erradicación de la violencia de género escolar, se pueden considerar propuestas como aquella generada por Irma Saucedo, quien considera que es preciso dotar y especializar a las maestras y maestros con instrumentos metodológicos, experienciales y teóricos que generen un impacto perceptible en la identidad y figura de autoridad de estos profesionales. Sin embargo, dentro del esquema burocrático gubernamental, es enteramente conocida  y aceptada la cultura de incentivos y estímulos, por tanto, estos deben ser considerados en este modelo de preparación y profesionalización de los docentes, pero no deben ser vistos como la única opción en la capacitación de los mismos.

Es importante considerar que la problemática a enfrentar en el sector educativo, no se encuentra precisamente limitada por escasez de recursos, de acuerdo al Proyecto de Egresos de la Federación, en el ejercicio fiscal del año 2018, la Secretaría de Educación Pública a nivel Federal recibe 275,443 millones de pesos, de los cuales se determina una distribución a partidas destinadas a programas de atención focalizada. De esta manera es que podemos urgir la creación de un modelo o mecanismo que coordine esfuerzos entre autoridades educativas, órganos de impartición de justicia y comunidad estudiantil, con el objetivo de crear un marco regulatorio adecuado, eficiente y perceptible que permita la equidad entre niñas y niños; así como un modelo de desarticulación de los diversos tipos de violencia.

La importancia de concentrar esfuerzos ante esta problemática también afecta la forma en la que se recaban los datos y se generan estadísticas y métricas para la toma de decisiones; publicaciones de la propia Comisión de Derechos Humanos establecen que la Organización de las Naciones Unidas considera que una carencia en los datos fiables, actualizados y comparables, obstaculizan el proceso de identificación y medición de la magnitud real que tiene la violencia sobre los niñas, niños y adolescentes dentro de la comunidad educativa; lo cual también revela un aspecto alarmante, la poca prioridad que esta problemática representa dentro de la agenda de gobierno.