Decía Eduardo J. Couture, jurista uruguayo autor de Los mandamientos del abogado, que «La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia»; «Tu deber es luchar por el derecho; pero el día que encuentres en conflicto el derecho con la justicia, lucha por la justicia». El valor trascendente inmerso en el sustantivo justicia no tiene significado único. Puede asumir diversos sentidos dependiendo de quién lo invoca y las circunstancias en que lo hace. En nuestra formación académica predomina el legado por la filosofía griega en voz de Platón «justicia es dar a cada quien lo que le corresponde». El  avance de la civilización la convirtió en una frase hueca. Las profundas desigualdades existentes entre la población de nuestra sociedad actual confirman que tenemos graves problemas para determinar su contenido ético racional, al punto que lo que vemos predominar cotidianamente es lo contrario, la injusticia.

Es posible que los abogados no hayamos meditado suficientemente cuál es la relación que pueda haber entre derecho y justicia, ni por qué razones pudieran entrar en colisión. Quizá no dimensionemos cómo los asuntos que se ganan o pierden en tribunales, contribuyen o ahuyentan a la justicia; y si ésta puede ser individual, o siempre deba ser colectiva. Si por razones de organización social, intereses económicos y formas de ejercicio del poder político no hemos  alcanzado el ideal de justicia para todos, sí desarrollamos el olfato social para advertir cuándo las acciones del poder público rayan en la injusticia. San Agustín ya cuestionaba: ¿Qué son los reinos sin justicia sino grandes bandas de ladrones?

La cuestión de los presos, procesados y perseguidos políticos en Puebla muestra una forma de gobernar, propia de un gobierno que para llevar adelante sus proyectos políticos y económicos elige meter inocentes a la cárcel, mientras la delincuencia –social y organizada- crece de manera silvestre por un dejar hacer, dejar pasar, convertido en fuente de agravio permanente para los poblanos. El día 20 de diciembre de 2014, cuando sus familiares me informaron que Simitrio había sido enviado a la prisión por resolución de una juez penal que revocaba su libertad condicional otorgada por gobernador; que el motivo era no haber observado buena conducta, y ordenó que «lo internen en el Centro de Reinserción Social de esta Ciudad…a fin de hacerle saber el motivo de la revocación de libertad preliberatoria», descubrí que el derecho había entrado en conflicto con la justicia.  

Debía litigar y defender el asunto en tribunales; pero era tal la perversidad que se advertía en las resoluciones dictadas para llevarlo a prisión que decidí, motu proprio, contar la historia y publicarla. No me importaba si lo que iba a escribir tenía cinco o diez lectores. Sentí necesario dejar constancia escrita de lo que un gobierno era capaz de hacer para someter al hombre que se negó a entregar el mando político de la 28 de Octubre. Los modos jurídicos utilizados, el tamaño del conflicto y, sobre todo, las dimensiones políticas del adversario, fueron  causas que me orillaron a narrar esta historia. Se adivinaba una contienda muy dispareja. Las autoridades habían burlado, sin escrúpulo alguno, la Constitución Política y los derechos humanos de Simitrio a la presunción de inocencia y al previo juicio para privarlo de sus derechos. Encerrarlo en prisión primero, para hacerle saber el motivo después, parecía una broma de mal gusto por la dosis de socarronería que el hecho mismo guardaba; sin embargo, ahí estaba, era verdad. El gobierno decidió voltear el derecho al revés con el propósito de castigar su insumisión. Confirmar que se trataba de un atropello político fue origen, de una rabieta profesional que me hizo tomar la decisión de escribir esta serie y del título  escogido para ella.

Al paso del tiempo, cuando se acumularon las acusaciones que alcanzaron a sus hijos, esposa, nuera, y otros militantes de la organización, comprendí la magnitud del golpe político contra el liderazgo de Simitrio. Quedó al descubierto que ese golpe se orquestó sobre la base del manejo perverso, baboso y resbaladizo de una “legalidad”, fuera del derecho, ocultada en una expresión de gobierno: “se aplicó la ley”. El desarrollo, paso a paso, de esta embestida gubernamental y el resultado jurídico obtenido, han quedado fielmente plasmados en esta narración que alcanza 73 artículos. El tema daría para más; hasta para teorizar, con base en esta experiencia social, el papel del derecho y el Estado.

Habiendo quedado todos los implicados, judicialmente libres de culpa, esta serie llega a su final. Concluir en el número 73 queda para evocar el año -1973- en que nació esta organización de vendedores y ambulantes que en la fecha lleva su nombre; y que, a 44 años de vida organizada, justifica su existencia como instrumento de lucha al servicio de los poblanos y del pueblo mexicano brindando esta lección de civismo ciudadano. Lamentablemente la conclusión de este episodio obscuro en la vida gremial de la 28 de Octubre, y personal de Simitrio, no significa que la persecución política haya llegado a su fin; que queden exentos de ella; ni que el derecho haya sido puesto de pie en aras de una sana convivencia social. El problema no está, como dice Simitrio, en que la persecución esté desatada contra la 28; si hasta ahí llegara, el asunto no sería grave. El problema radica en que ahora todo el pueblo es objeto de persecución por parte de los gobernantes impuestos. Una forma de gobernar autoritaria, intolerante y arbitraria está rigiendo el destino social de Puebla. Solo la lucha del pueblo organizado, diseñando su propio destino social e histórico, podrá hacerle frente. La UPVA “28 de Octubre” pondrá su grano de arena.

Jamás pensé escribir tanto. Creo haber demostrado, fehacientemente, que no soy escritor. A todos los –medios y lectores- que hicieron posible que lo pareciera, mi enorme agradecimiento y entrañable afecto.