Inconformes con los excesos y con los resultados de una gestión “ilegal”, maestras y maestros se manifiestan en redes sociales. Los instrumentos varían. Recurren lo mismo cadenas de WhatsApp que al Facebook y al Twitter. Acusan de traición a Juan Díaz de la Torre y de vendidos y vendidas, a las y los “3 mil 734 delegadas y delegados efectivos electos democráticamente en todo el país”, que asistieran al VII Congreso Nacional Extraordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Molestos, manifiestan su desacuerdo con los pronunciamientos publicados tras la celebración del consejo extraordinario -máximo órgano de gobierno sindical- al tiempo que denuncian un contubernio entre la cúpula del SNTE y el “gobierno federal” con vistas al proceso electoral del año en curso. Cuestionan el respaldo total que delegadas y delegados otorgan “al Maestro Juan Díaz de la Torre” como presidente “legítimo” (Acuerdo Nº 2), lo mismo que por posibilitarle el acceso a un puesto de elección popular que garantice su tranquilidad.   

Maiceados, señalan maestras y maestros de base, las y los congresistas fueron recompensados con un iPhone, dinero en efectivo, el pago del  hospedaje y los viáticos. Delegadas y delegados acordarían “emprender una estrategia de fortalecimiento” para que, tras 5 años de reforma educativa, los miembros de los comités ejecutivos seccionales, asistan a sus oficinas y “cumplan su función y responsabilidad en los mejores términos para bien de los trabajadores de la educación de todo el país” (Acuerdo Nº 1). Sin hacer referencia directa a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y a las diferentes corrientes de opinión proclives a realizar una alianza electoral que les permita derogar la reforma laboral, convocan a rechazar y “combatir por vía de la legalidad todo intento de división, intervención externa y ataques a la autonomía del SNTE (Acuerdo Nº 3).

Tras 5 años de sumisión a los dictados de la administración de Peña Nieto en los que se conculcaran los derechos laborales de maestras y maestros, los congresistas se pronunciarían -de manera ambigua- por defender y promover “los derechos constitucionales de las y los trabajadores de la educación” (Acuerdo No 4). Destacarían la capacidad de movilización y la autonomía de una organización en la que sus máximos dirigentes son impuestos al gusto del gobernante. No obstante, acotan el numeral 1 del Artículo 10 del Estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que establece la “defensa de los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros” de manera más amplia, a la aceptación de las reformas de los artículos 3 y 73 de la Constitución Política. Modificaciones que establecieran la creación de la Ley General del Servicio Profesional Docente que vincula la permanencia en el trabajo a los resultados que arrojen las evaluaciones que deberán sustentar maestros y maestras cada 4 años. Adicionalmente, la LGSPD otorga al gobierno, la facultad para despedir “sin responsabilidad para la autoridad educativa”, a quien consideren que por diferentes causas, sean reos de la exclusión del sistema educativo.

No obstante, las y los congresistas pugnarían por el respeto irrestricto de los derechos “laborales, profesionales, sociales y económicos” de los trabajadores de la educación. A pesar de las limitaciones salariales establecidas por el gobierno federal al interino, las y los congresistas señalan que “mantendrán la lucha por obtener un salario profesional y más amplias prestaciones para todos nuestros agremiados”. Rechazarían -por lo menos en el papel- decisiones arbitrarias que autoridades educativas de todos los niveles, cometen con su anuencia tácita del SNTE, en contra de trabajadores de la educación. Entre ellas la del habitual alargamiento de la jornada de trabajo, los cambios de adscripción por externar opiniones que se consideran contrarias al “espíritu de la reforma educativa”, los ceses y las persecuciones por oponerse a la evaluación punitiva.  

Faltaba más, sin denunciar a enemigos ocultos, las y los congresistas se pronuncian  por “profundizar la lucha por la plena vigencia del Artículo 3° Constitucional” (Acuerdo Nº 5). Demandan que los tres niveles de gobierno otorguen un presupuesto “creciente y suficiente”, sin señalar que sea equivalente al 8% del PIB nacional, pero sí el suficiente para que se resguarde a la educación pública, de “cualquier amenaza de privatización y comercialización”  (Acuerdo Nº 6).  Ignorando las añejas exigencias por la democratización real de la vida sindical, propone “desarrollar un modelo de sindicalismo moderno” (Acuerdo Nº 8), capaz de implementar “mejores prácticas de gobernanza, transparencia y rendición de cuentas”, sin importar que triangule recursos públicos para contratar espacios que difundan las bondades de la reforma educativa. Refrenda compromisos con un “proyecto nacional” justo, contrario al que caracteriza a la actual administración (Acuerdo Nº 9). Al tiempo que ratifica su compromiso con una educación de calidad, demandan “un verdadero sistema profesional docente”, el derecho a gozar de “una formación continua relevante y pertinente” y el acceso a las nuevas tecnologías, al tiempo que critican -sin mencionarlas- a las autoridades educativas por no proporcionarlas (Acuerdo Nº 10).

Promueven la equidad y la inclusión (Acuerdo Nº 11), pero ignoran las críticas de quienes acusan a las y los congresistas -incluido Juan Díaz- de traición ante la sumisión mostrada por el SNTE con la actual administración. Sometimiento que dejaría a cientos de miles de docentes en la más absoluta indefensión laboral (Acuerdo Nº 11). Exigen el fortalecimiento de la escuela pública; una mayor fiscalización del programa Escuelas al CIEN; la reparación y reconstrucción de las escuelas dañadas por los sismos; mejores condiciones de seguridad pública en los entornos escolares y la exigencia para que las instituciones de seguridad social, brinden mejores servicios y un rosario más de buenas intenciones, mientras ignoran los grito de “Juanito traidor, eres un vividor”.