Hace un año en diciembre de 2016, el Secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, dio un discurso que muchos interpretaron como el descontento de las fuerzas armadas ante el hecho de que habían sido sacadas a las calles para combatir a la delincuencia. Dijo el general Cienfuegos: “Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes”.  El general agregó que  “nosotros no pedimos estar en las calles. Si quieren que volvamos a nuestros cuarteles soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas constitucionales. La violencia no se resuelve a balazos, falta compromiso de muchos sectores para que esto camine, se requieren de otros componentes como presupuestos”. Muchos interpretaron estas palabras como la demanda  castrense de retirarse de las labores que le fueron asignadas desde que  Felipe Calderón asumió la presidencia en diciembre de 2006. En realidad  no era este el sentir del titular de la defensa nacional ni del alto mando del ejército. Lo que en realidad incomodaba a la alta cúpula militar, era estar realizando acciones sin que tuviera un marco legal adecuado para hacerlo. En otras palabras,  esto quería decir que el ejército se encontraba en una situación de riesgo porque con el marco legal existente en aquel momento, fácilmente podían acusar a los militares de violaciones a la ley y a los derechos humanos.

Hace unos días la Cámara de Diputados, con buena parte de votos príistas, de sus aliados del PVEM y PES, además de panistas, finalmente ha accedido a las demandas militares. Ha aprobado la Ley de Seguridad Interior que da amplias facultades al ejército para ejercer las funciones que deberían ejercer las distintas policías. Con el agravante que esta ley resulta claramente violatoria de los derechos humanos, lo que implica que ni siquiera debería ser aprobada para que la ejecutaran dichas policías. Resulta preocupante que con dicha ley se otorgue al ejército la facultad de reprimir manifestaciones pacíficas lo cual quiere decir que las fuerzas armadas serán usadas para combatir a la protesta social. El ejército podrá asegurar bienes e intervenir comunicaciones y realizar diversas acciones represivas sin que sea fiscalizado ni que sus eventuales abusos sean investigados. Resulta paradójico que esta ley sea aprobada cuando es desastroso el balance de once  años de actividad militar para combatir la delincuencia. En este período han sido ejecutados  aproximadamente 230 mil personas y en los últimos años han sido desaparecidas forzadamente aproximadamente 30 mil más. El incremento de los homicidios ha sido de mil por ciento. El ejército ha sido partícipe de paradigmáticas violaciones a los derechos humanos como la masacre  de 21 jóvenes en Tlayaya en junio de 2014 y la desaparición forzada de los 43 normalistas en septiembre del mismo año.

La única seguridad que provee la llamada Ley de Seguridad Interior, es la seguridad que se le da al ejército para que su actuar no tenga consecuencias legales. Se le blinda contra acusaciones de violaciones a derechos humanos y otras acciones ilegales. En el fondo, esta ley es congruente con la creciente violencia y autoritarismo que el modelo de acumulación neoliberal necesita para tener continuidad. La sociedad neoliberal en el triángulo norte de Centroamérica y en México combina la violencia desencadenada por el narcotráfico y por la que se necesita para contener la protesta social de millones de afectados por el desempleo, la pobreza, el despojo, la depredación ambiental. La Ley de Seguridad Interior crea el marco para legalización de la  represión y la militarización de la vida pública que necesita este capitalismo salvaje.