En el bulevar Guillermo Valle de la capital de Tlaxcala se erige una enorme construcción de muros blancos, con un frontal de cristal y metal llamado Plaza Bicentenario, pero que los tlaxcaltecas conocen como el monumento al derroche. Costó 400 millones de pesos y lo hizo el ex panista Héctor Ortiz que ahora es diputado local con fuero, por un partido local.

Dos gobiernos han pasado y nadie sabe qué hacer con ese elefante blanco. 

Y es un ejemplo de que el renglón de la obra pública en el país es fuente de riqueza inaudita y al margen de la ley, también ejemplo de cómo funciona ese manto de impunidad que encubre, protege y pone a salvo de la justicia a quienes son exhibidos; y es también la causa de la indignación de la mayoría de los mexicanos.

Ejemplos como el de Tlaxcala existen en todo el país. Gobiernos presididos por mandatarios con afanes de trascender a sus gestiones, por ambición política o por apetitos personales. Este viernes Reforma documentó que al ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, también del PAN, se le extraviaron más de 11 kilómetros de ciclovías en la capital. Casi una cuarta parte longitudinal de la autopista que conecta a Puebla con Tlaxcala.

Al aspirante a la candidatura presidencial lo persigue una estela de dispendio en el ejercicio público con la construcción a través de un fideicomiso de un Museo Barroco, habilitado también como salón de eventos y fiestas privadas. 

El tendido de un segundo piso sobre un tramo de la autopista México-Puebla que va de la planta armadora Volkswagen a Amozoc permitió otra coartada para colocar una ciclovía debajo de esa construcción que nunca fue utilizada y más temprano que tarde, vuelta a cerrar. Más dinero tirado.

Y desde luego uno de los más emblemáticos: el socavón  del paso exprés de la autopista Cuernavaca a Acapulco que provocó la pérdida de dos vidas por la falta de capacidad y respuesta de las autoridades locales, como el gobierno del perredista Graco Ramírez y el indefendible ayuntamiento del ex futbolista Cuauhtémoc Blanco.

La falla estructural que generó el enorme hueco de la mega obra que requirió una inversión superior a los 2 mil 200 millones de pesos, involucró directamente al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.

Con todo ese cúmulo de evidencia sobre la ineficacia, derroche y corrupción administrativa y política, los principales protagonistas siguen en lo suyo: en la política partidista que extiende virtuales patentes de corso sin recato, por encima del enojo social general.