El proceso electoral del 2018 resulta ser un verdadero galimatías administrativo y sobre todo político. Por vez primera se elige simultáneamente en 29 estados y la Ciudad de México, presidente de la república, senadores, diputados federales y autoridades locales. La CDMX votará por su jefe de gobierno y en 8 estados a sus respectivos gobernadores; tres entidades eligen, paralelamente a la federal, presidentes municipales, Coahuila, Quintana Roo y Tamaulipas; cuatro renovarán cámaras legislativas locales: Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tlaxcala.

En las 30 elecciones locales y la federal se ponen en juego simultáneo 3477 cargos en disputa.

 Más allá de ser una prueba de fuego para el INE y los órganos electorales locales, con severos cuestionamientos por el dominio de los gobernadores sobre los últimos, y el primero por deficiencias (¿inducidas?) para la recolección de firmas de los independientes, las elecciones concurrentes en el país, marcan un giro importante en el largo proceso de democratización mexicano.

Aunque un  argumento para implementar la concurrencia electoral fue el ahorro económico, no se puede dejar de pensar en las motivaciones políticas. Todos aceptaron la concurrencia, pero los  efectos han sido distintos.

El priismo acepta la concurrencia porque de sus  contendientes principales, PAN-PRD y MORENA,  es quien hasta hoy tiene la mayor cohesión. Sus usos y costumbres inerciales de disciplinamiento, se refuerzan con el control del billonario presupuesto federal, lo cual le daría una  hipotética condición de fortaleza interna para resolver los conflictos derivados de la repartición simultánea de miles de candidaturas. Incluso hasta podría ofrecer más a sus aliados. En contraparte, la institucionalidad de los demás partidos no soportaría el peso de la disputa de miles de candidaturas puestas en juego al mismo tiempo, ocasionando rupturas internas con eventual desfondamiento en la recta final por la presidencia de la república.

Sin embargo, las elecciones concurrentes, al contrario de la intencionalidad política donde el PRI tendría cierta ventaja, modificaron las condiciones de competencia. Disputar 30 elecciones a un tiempo incrementó los incentivos de cohesión interna alrededor de las dirigencias partidarias. El reparto de candidaturas es un mecanismo de realineamiento favorable a las cúpulas de los partidos políticos. En el PAN el grupo que controla el Comité Ejecutivo Nacional se queda con todas las candidaturas. A final de cuentas la salida de la ex primera dama fortalece a sus adversarios.

En el PRD ocurre lo mismo, la sumatoria a través del Frente Ciudadano por México, es una bocanada para quienes controlan esta organización. Para ellos lo que caiga es bueno.

Ambos partidos, sobre todo la elite panista, más que pensar en sus posibilidades para la presidencia de la república, se alistan para consolidar el control partidario que les permita con mayor tranquilidad pensar en el 2024.  Importa la representación política local como posiciones seguras de poder. No es ganar todo o perder todo. Es una  sumatoria donde se incrementan las posibilidades de estar en la representación política con miras de mediano plazo

Si las elecciones concurrentes tuvieran en la mira descarrilar la candidatura de López Obrador, dividiendo y alentando disidencias, la estrategia se quedó corta, incluso los efectos son contrarios a lo esperado. La simultaneidad de las elecciones y la política de frente amplio de MORENA,  alentó la llegada de actores locales. El déficit de estructura partidaria ha sido suplido por liderazgos con peso local que se han anclado a la figura del dirigente nacional. La migración hacia este partido es incentivada también por lo que está en juego y le  permite a este partido construir estructuras en amplias zonas donde no figuraba. Si bien con poca relevancia local, importante en la sumatoria de votos para la elección federal.

Aún más, el procedimiento concurrente es favorable para quienes no están en el ejecutivo. Desinstala mecanismos de control opositor. La  mecánica de diferir elecciones combatió la democratización administrando los  tiempos electorales, los espacios públicos y los territorios. La oposición fue sometida al desgaste de elecciones permanentes, un año sí y otro también. Sus desenlaces prefiguraron múltiples derrotas. No concluía una e inmediatamente los partidos enfrentaban otra contienda, siempre en condiciones adversas.

La variedad regional de los poderes, aspecto donde el PRI siempre se ha movido como pez en el agua, permitió cooptar liderazgos y organizaciones con peso regional con fines antidemocráticos, quienes acabaron sucumbiendo al privilegiar intereses inmediatistas, coyunturales, de carácter local, por sobre la necesidad de democratizar el régimen. La estrategia de contención democrática por la vía de elecciones diferidas, fue asimilada tardíamente por el PAN y el PRD.

Elecciones diferidas desgastaron, dividieron e impidieron construir una sola agenda nacional por la democracia.

El escenario no es de los mejores para el PRI. Su principal fortaleza, la estructura nacional, se convierte, con la concurrencia electoral, en la mayor fuente de debilidad. Las designaciones de los candidatos priistas siempre han traído deserción de inconformes. No es difícil advertir que los no designados engrosarán las filas del Frente y de MORENA. En escenarios altamente competidos este efecto es oro molido para los opositores.

Además la distribución del presupuesto para el próximo año, no garantiza lealtad de los aliados. Elecciones simultáneas restan certidumbre a las agendas electorales de mediano plazo que engarcen acuerdos presentes. ¿Cuántos gobiernos estatales pedirán el  Verde Ecologista y el PANAL? La negociación es hoy. El PRI requiere de ellos. Los costos para mantener una posible alianza se le encarecerán.

No es desmesurado considera que las elecciones concurrentes significan el eslabón de mayor profundidad para desinstalar lo que queda del autoritarismo mexicano.

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