Una fiscalía en México había sido concebida como una institución de Estado ajena a la lucha por el poder político, pero aún no nace precisamente por ese motivo.

Cuando algo se politiza augura incertidumbre: la Procuraduría General de la República se encuentra inmersa en un ambiente político que le impide su tan anunciado tránsito.

Veamos otro caso con la misma suerte: en los sucesos de Iguala el GIEI pretendió erigirse como juzgador con capacidad pericial cuestionable, con lo que se metió en un juego político que incumplió la naturaleza del Acuerdo suscrito entre el gobierno de México y la OEA, que sólo determinaba asistencia técnica y coadyuvancia.

Al indagar sobre la investigación y la pericial del muladar de Cocula y no en las causas del problema como la relación entre gobiernos municipales y el estatal con el crimen organizado, no emitieron recomendaciones para sanear las estructuras policiales y políticas guerrerenses de ese entonces y castigar culpables; en el rol desviado que tuvieron se dirigieron a cuestionar al investigador con lo que contribuyeron a esconder a probables responsables.

De la misma forma, en el caso de la PGR la situación política derivó en cuestionamientos al procurador y posible fiscal, así como en la posterior renuncia del señalado, como si la institución dependiera de lo que podría hacer una persona por encima de las leyes y procedimientos.

Y si lo anterior se antojara cierto, entonces el modelo de la fiscalía estuvo mal concebido, pues depender de una persona por más importante que sea su puesto es un error de diseño, además de que existió un engaño a la nación al haber prometido una fiscalía lo más apartada posible de las vicisitudes políticas.

Habrá otros ejemplos de politización en temas relacionados con la procuración de la justicia, que en vez de llegar a buen puerto han tenido como destino la incertidumbre.

El cineasta estadounidense Woody Allen ha expresado: “La vocación del político de carrera es hacer de cada solución un problema”.

@EGAnguiano