La renuncia del Procurador General de la República Raúl Cervantes, esta semana, es una evidencia más de la dificultad política, y eventualmente técnica, de establecer cabalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, y mejorar la procuración de justicia en general. No es un hecho aislado y refleja una realidad incontroivertible: con la PGR como está, independientemente de quien sea su titular, no podrá hacer frente a los retos que nuestro país demanda.

No hay duda que la procuración de justicia es uno de los talones de Aquiles más conspicuos y con mayores repercusiones en nuestra sociedad. Recordarán la discusión sobre la autonomía de la PGR que se aprobó hace unos años y que preveía el “pase automático” del procurador en turno al terminar este sexenio. Esta discusión se mantuvo a un lado en las negociaciones sobre el establecimiento del SNA, justamente para no propiciar que ese tema empantanara los acuerdos esenciales para fundar el sistema. Pero estaba ahí, pendiente.

Haber dejado a un lado temporalmente la redefinición de la PGR no obvia su importancia. En los meses pasados hemos sido testigos de discusiones en el Senado y en el Congreso de la Unión, que dieron lugar a un buen número de iniciativas de reformas que se han quedado en la sala de espera de los plenos legislativos. Ante ello,  tuvo lugar hace unas semanas una amplia movilización de casi trescientas organizaciones civiles para promover la reforma integral de la PGR, con el fin de dotarla de la arquitectura institucional y de las capacidades indispensables para su funcionamiento. Varias organizaciones de este grupo elaboraron un dictamen sobre dichas iniciativas de reformas ya presentadas en el Senado y que estaban atoradas. En un esfuerzo de meses y con una visión más integral, el CIDE, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales presentarán la próxima semana un informe sobre una serie de propuestas de reingeniería a fondo, no sólo de la actual PGR sino también de otras instituciones y ordenamientos jurídicos que requieren su transformación para asegurar una mejor procuración de justicia. Ahí se presentará un nuevo modelo de justicia que, según nos anunció ayer en su columna de El Financiero Pedro Salazar, estaría “en armonía con la implementación de la reforma de justicia penal de 2008, la revisión del modelo policial, la paulatina activación del SNA y las discusiones sobre la Ley de Seguridad Interior”.  Es decir, se trata de una renovación integral de nuestro sistema de procuración de justicia pues el que tenemos ya no es funcional, ni puede enfrentar los enormes retos de delincuencia, inseguridad, corrupción e impunidad que nos afectan.

El mismo Dr. Cervantes, justo antes de presentar su renuncia, entregó al Senado el documento “Desafíos y acciones para consolidar el sistema penal acusatorio” que presenta una serie de recomendaciones para mejorar la procuración de justicia, según su propio ejercicio al frente de la PGR durante el último año.

Queda claro, no sólo por nuestra propia experiencia como sociedad ante la creciente inseguridad, corrupción e impunidad, que nuestro sistema de justicia no es capaz de enfrentar la compleja realidad de nuestro país. Especialistas, académicos funcionarios de alto nivel coinciden en que tal es el caso. Necesitamos una reforma profunda de la PGR y, como se señala también, de otras instituciones y piezas de legislación.

Resulta evidente que el empecinamiento sobre el tema del “Fiscal carnal” (no debe haber conflicto de interés en quien ocupe el cargo de Fiscal General) es muy importante, pero apenas es una parte del problema. Se requiere que la fiscalía sirva, que el sistema de procuración de justicia también sirva. Se requieren cambios constitucionales de fondo para lograr estos objetivos, y también incorporar en la discusión el hecho de que la procuración de justicia en los estados está corriendo la misma suerte. Ahí también se requiere su reforma y una coordinación efectiva con la Federación.

Nuestros legisladores están frente a un reto mayúsculo, así como los funcionarios federales y estatales que deberán ejecutar los cambios operativos y de estrategia institucional. Los tiempos electorales no ayudarán. Incluso se pueden constituir en un obstáculo más para acordar esta transformación tan vital para México. Es necesario colocar estos objetivos sobre los intereses partidistas y personales, con verdadera altura de miras, pues nuestra armonía social depende de ello. Ojalá y nuestros políticos así lo vean.

@ecardenassan