El abandono gubernamental de la reconstrucción

  • Guillermo Nares
Visión cortoplacista. No hay transparencia en el manejo de recursos. Sin agenda la reconstrucción.

Las zonas destruidas por los sismos dejaron de ser foco de atención. Los efectos de la tragedia y su tratamiento como tema de interés sustancial se esfumó de la arena pública. A diferencia del sismo de 1985 de la Ciudad de México, punto de quiebre de las instituciones mexicanas por la extraordinaria movilización social, que trascendió los días de rescate, la actual fase de reconstrucción, mayor en amplitud territorial y cuyos daños bien pudieran equipararse a una situación de guerra, tiene un tratamiento gubernamental cercano a una especie de control de daños y no a lo que tendría que ser punto de arranque de una política de Estado capaz de enfrentar lo que significa conocer con certeza que habitamos una zona sísmica.

La política de emergencia implementada por las dependencias federales, para un segmento amplio del territorio mexicano, Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, es demasiado corta. Perciben los efectos en una dimensión estrictamente natural y no los asocian ni para bien ni para mal, a la irresponsabilidad que significa los que podemos denominar, la política de la “desprotección civil”.

Una mirada rápida define los efectos de los dos sismos como un problema de orden público. La cifra oficial de decesos en los sismos del 7 y 19 de septiembre pasados fue de 98 y 366, respectivamente. De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), las casas destruidas en su totalidad son  55 mil. Las que presentan daño parcial, poco más de 100 mil; 155 mil casas habitación dañadas. Conforme a la misma dependencia,  250 mil mexicanos  se encuentran en situación de pobreza patrimonial.  El Instituto Nacional de Geografía y estadística hizo público el viernes 29 de septiembre, que 328 mil establecimientos económicos fueron afectados. Seis  hospitales del IMSS resultaron con daños parciales y dos de ellos serán demolidos en su totalidad, uno es del de San Alejandro, acá en Puebla. Conforme al corte realizado por la SEP el fin del mes pasado, y hecho público en su portal, 12 mil 931 escuelas resultaron dañadas, de ellas 577 serán reconstruidas en su totalidad y el resto parcialmente.

En el estado de Puebla los daños se extendieron a templos y museos. Conforme a declaración de la Arquidiócesis, 226 templos se encuentran con algún tipo de daño. El centro histórico poblano resulto afectado en cientos de casas y en el interior del estado, específicamente en la mixteca poblana, los daños son cuantiosos, de tal magnitud que la Secretaría de Gobernación federal emitió inmediatamente la declaratoria de emergencia para 112 municipios poblanos.

Es obligada una agenda de reconstrucción que contemple el largo plazo, de lo que significa el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil para revisar-definir criterios de desarrollo urbano, integradores de la mayor cantidad de información territorial, demográfica, de riesgos naturales e industriales. Se requiere hacer normas estrictas de construcción, enlazadas al reconocimiento de estar en zonas de riesgo –temblores, inundaciones, derrumbes, son de excepción solo en el imaginario-. El dato demográfico de concentración poblacional por metro cuadrado es de relevancia. Se debe contemplar la divulgación de una cultura de la prevención que incluya, como acción estratégica la profesionalización de  las áreas encargadas de la protección civil, extendiendo su cultura a la sociedad y a todos  los municipios. No es ocioso recalcar que la transparencia es prerrequisito para mejorar la acción del gobierno.

En vez de ello, el gobierno federal optó por privilegiar el corto plazo. Denodadamente -por encima incluso de su obligación constitucional- impulsó privilegiadamente una política enfocada a controlar los daños de la imagen pública de Peña  Nieto. El tratamiento inmediato ha sido liviano, superficial; acción fugaz solo para manejo de imagen.

La centralidad de la reconstrucción en una dimensión integral se perdió en la decisión de segmentar las acciones reconstructivas. 

La responsabilidad de iniciar la reconstrucción ha sido una estrategia de control gubernamental de la ayuda económica y material. Su distribución  es totalmente  opaca. Tampoco fluye información sobre el ejercicio de recursos públicos y privados. En otra dimensión,  los ciudadanos afectados cargan con los costos. Es a todas luces una política inmediatista, desconsiderada con la posibilidad de sentar las bases para generar hábitos de prevención y protección civil. Menos contempla  la revisión exhaustiva de la reglamentación respectiva. En este marco las organizaciones sociales, asociaciones civiles y demás miembros activos son convidados de piedra.  Es una verdad: el actual gobierno mexicano le tiene temor a la enorme ola ciudadana que los temblores provocaron y actúa pensando en salvar su imagen pública.

Simplificó la ruta de la reconstrucción de un modo muy simple: los particulares se encargan de sus casas y el gobierno federal de las  escuelas, hospitales y monumentos históricos. Tarea que no será cubierta en lo que resta del sexenio. Los particulares han empezado a recibir recursos económicos de modo individualizado y de ellos dependerá si reconstruyen o no su vivienda. El reparto de las tarjetas exime de toda responsabilidad futura al actual gobierno.

 La obligación de construir una agenda para un periodo de emergencia quedó olvidada. El llamado presidencial para hacer “tandas” exhibe lo peor de la elite gubernamental: desprecio por el dolor, olvido de la obligación constitucional para resarcir el tejido social, mediocridad y egoísmo para enfrentar contingencias. La individualización de la reconstrucción es ausencia interesada del Estado mexicano de una amplia zona territorial.

La edificación de hospitales y  escuelas se espera inicie de modo inmediato. Esto último es una hipótesis. No son pocas las instalaciones escolares que tendrán que reconstruirse. Sin embargo los recursos no fluyen, por ser una contingencia, porque el Fideicomiso Fondo de Desastres es totalmente insuficiente. Opera en contra la finalización del año fiscal,  la maraña de negligencia que permea en la burocracia y  el fin de ciclo gubernamental. ¿A quién responsabilizar después del primero de diciembre del próximo año?

La dimensión de la tragedia y el renacimiento de la acción de la sociedad, no ha sido suficiente para cambiar rutinas y costumbres de mal gobierno. Es fin de ciclo,  el país requiere reconstruir también su sistema político. Es un grito a muchas voces.

gnares301@hotmail.com

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Guillermo Nares

Doctor en Derecho/Facultad de Derecho y Ciencias Sociales BUAP. Autor de diversos libros. Profesor e investigador de distintas instituciones de educación superior