Profesionistas, usuarios en “ventanilla” de la DGP, sufrieron pacientemente la declaración unilateral de suspensión de actividades, so pretexto de un segundo cambio de domicilio hasta que se hartaron y bloquearon la avenida lateral del viaducto Miguel Alemán en la Ciudad de México y desde ahí convocaran a una protesta de afectados. Empero y como prolegómeno del fuerte sismo acaecido el 7 de septiembre, ese día por la mañana, la Policía Federal por instrucciones atribuidas a Javier Jara Guerrero, Subsecretario de Educación Superior, cimbraría las estructuras de una dependencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encargada del trámite de las patentes de ejercicio profesional, al impedir el acceso tanto al personal administrativo que hasta ese día laboraba en la dependencia, como de usuarios en “ventanilla” que, o bien entregarían documentación para el trámite de una cédula profesional o realizarían alguno de los trámites requeridos por la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional -como adición de carrera- o recogerían la patente de ejercicio profesional tramitada con antelación. Algo similar sucedería con quienes ese mismo día pretendían obtener una cita para acudir a las oficinas ubicadas en Avenida Revolución 1425, a través del formato oficial de solicitud en el Sistema Integral de Registro del Ejercicio Profesional (SIREP). De buenas a primeras, se encontrarían con la notificación del Acuerdo 161017 publicado en la página https://sirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/, mediante la que se les comunicaba que  el servicio se suspendería por 30 días hábiles (en realidad serían 37) que se alargarían hasta el 27 de octubre, según reza en un vinil colocado en la reja de la dependencia, a resultas de un cambio al domicilio ubicado en Viaducto número 551, Colonia Magdalena Mixhuca en delegación Venustiano Carranza.

Empero, los sismos políticos en la prestación de los servicios a los que está obligada la DGP lo mismo que sus réplicas, se remontarían al 2013. Las primeras afectaciones se presentarían con el cambio del proveedor y del formato de cédula profesional así como con la “implementación” del sistema SIREP, cuestiones que retrasarían la entrega de las patentes de ejercicio profesional hasta por un año. Entregas que previamente requerían tan sólo de 15 días, cuando el trámite se  realizaba de manera directa -a cargo del interesado- y hasta un máximo de entre 30 y 90 días, cuando se efectuaba por intermedio del gestor de las instituciones. Tras la fuerte hecatombe del 2013, la entrega se regularizaría en plazos de un mes para quien realizara trámites directos y de 4 ó 5 meses para quienes recurrieran a un gestor institucional, acaecía un nuevo sismo de intensidad moderada que suspendería el servicio por una casi una treintena de días (11 de marzo/4 de abril de 2016), ocasionado por el cambio de la oficinas instaladas en Insurgentes sur 2387 a unas nuevas ubicadas en la avenida Revolución, colonia Tlacopac. 

La olas provocadas por los tsunamis administrativos modernizadores del SIREP, provocaron que a partir de septiembre de 2016, el sistema que genera el acceso a DGP siempre se encuentra saturado y las citas agotadas, situación que podría prolongarse hasta por tres meses -si los usuarios tienen suerte- con el consecuente retraso en la entrega de los expedientes para iniciar el trámite de registro y expedición de cédula. De la misma manera influirían negativamente, equivocaciones en las asignaciones de claves de carrera por parte de la DGP, claves asignadas y validadas con anterioridad por la propia dependencia y la consecuente suspensión de los trámites -por treinta días- hasta la corrección de la misma, cuestión que requiere de un oficio de solicitud por parte de las Instituciones de Educación Superior  (IES) afectadas y de la notificación a los responsables de profesiones locales. Las modificaciones en la cadena de la hoja de pagos de derechos DGP, resultado de una auditoría a cargo de la ASF realizada en abril de los corrientes, generó inconvenientes, molestias, viajes innecesarios, gastos adicionales para los usuarios y la corrección de las hojas elaboradas de manera previa.

Los afectados por la “modernidad” incluyen a actores que no han sido referidos todavía. En primera instancia, tal pareciera que los sismos, hecatombes, tsunamis y maremotos administrativos en la DGP, han afectado solo a las y los egresados de universidades públicas y/o privadas que requieren de un título y una cédula profesional para continuar (o iniciar) el  desempeño de algún encargo público o privado, incluido el del curso internado o especialización en el caso de quienes fuesen admitidos en el sector salud. No es así, perturba también a estudiantes de educación media superior (pública y privada), técnicos, egresados de la educación media terminal o bivalente, que laboran en áreas de seguridad pública, salud, educación y a las y los que se les exige cumplan con un requisito de contratación. Afecta a las madres y a los padres de familia que deben continuar con la responsabilidad sostener a hijos e hijas, quienes a pesar de haber sido contratados perentoriamente, son despedidos por el retraso ocasionado por una burocracia irredenta. Y lo mismo que las instituciones, padecen las empleadas y empleados de las áreas de control escolar, quienes deben enfrentar el enojo y los reclamos de las y los estudiantes y de sus progenitores, quienes consideran que las y los responsables directos de atenderlos son negligentes y no hacen nada por acelerar un trámite a cargo de un ente -la DGP- totalmente ajeno a las universidades o las instituciones de educación media superior.

Y lo sufren quienes como autoridades locales reciben ofertas de la DGP para descentralizar un servicio, cuyas reglas de operación datan de 1945 y a los que sólo les endilgan un papel de gestores subordinados a un procedimiento y a unas autoridades totalmente en entredicho. Autoridades que para salir del entuerto, prometen un nuevo “Proceso de Validación Electrónica”, pasando por alto la autenticación de los documentos previos y responsabilizando de la gestión a las instituciones educativas. En el pecado llevan la penitencia, aunque un tipo con fama de honrado -Bernardo Espino- pague las consecuencias de una mala “modernización” y los pecados de algunos otros con aspiraciones a futuro.