La reforma del sistema electoral apuntó correctamente hacia la conformación de un sistema electoral nacional de corte federalista, así fue propuesto en donde se discutió acerca del tema.

 El sistema que resultó de la última reforma se quedó a medio camino: se conformó una estructura nacional y se conservó esencialmente lo básico del sistema electoral de las entidades federativas. En lugar de dar paso al nuevo federalismo, con eso se optó por negociar con las autoridades de las entidades federativas, para lograr que fuese aceptado el sistema electoral, de lo que hoy se llama el INE, se permitió la persistencia de los organismos electorales de los estados sumado a la estructura del Órgano.  Se dijo que la conformación de los órganos encargados de las elecciones en las entidades federativas debía depositarse para el nombramiento de sus integrantes, en los integrantes del consejo general del INE. Como la garantía de independizar a dichos órganos de la influencia de los ejecutivos de las entidades federativas, se establecieron algunas medidas para hacer que los órganos locales, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), quedaran sujetos a la supervisión del organismo nacional.

La integración de la estructura electoral de México avanzó a medias, ello explica que funcione con muchas limitaciones y que, además, el funcionamiento institucional del aparato electoral se haya encarecido, se acordó desde el 2007 dar lugar en los medios de comunicación a los partidos políticos y a los candidatos de manera gratuita, con cargo al erario público y de hecho se les mantuvo el monto de prerrogativas, eso significó un substancial aumento en los recursos destinados a los gastos de los partidos. Si consideramos el hecho de que para conciliar la nueva estructura institucional con la que ya existía, en el momento de la reforma, se procedió a mantener ambas, es decir, que a lo que cuesta el funcionamiento de la estructura  federal se le sumaron los costos de la estructura electoral de las entidades federativas, lo que posibilitó que hoy el funcionamiento de nuestro sistema electoral se constituya en uno de los más caros del mundo. 

Se debe admitir que lo procedente es vigilar la correcta aplicación del presupuesto, que es de más de 15 mil millones de pesos, por otra parte se puede corregir el monto de lo que se invierte en el sistema, si los partidos acuerdan corregir lo inadecuado de tener las mismas prerrogativas y la asignación del acceso de los partidos y candidatos de manera suficiente y equitativa de manera gratuita a los medios de comunicación, que antes de la reforma de 2007 y 2014 ese gasto representaba casi el ochenta por ciento de sus gastos electorales.

Si además se procede a adoptar una estructura federalista que incorpore a las instituciones de las entidades federativas a la conformación y funcionamiento del INE, especialmente en lo que corresponde al nombramiento de los consejeros de consejo general y así proceder a funcionar con una sola estructura fusionando a las juntas locales del INE con los OPLES, y todo lo que ello significa en cuanto a los distritos y a las secciones. Con ello se pueden lograr grandes ahorros. Eso sí se puede traducir en un sistema más eficaz, eficiente y más barato.

 Como los cambios en el sistema electoral quedaron a medias, la consecuencia es que el sistema electoral es más caro y su autoridad e independencia fue socavada, hoy se tiene que los costos de las elecciones a realizarse en el 2018, para la operación del INE, monta los 18 mil 250  millones de pesos y las prerrogativas de los partidos alrededor de 6 mil 750 millones de pesos;  en tanto que en el 2012  las cifras equivalentes fueron de presupuesto operativo 10 mil 661 millones y las prerrogativas de los partidos del orden de 5 mil 292 millones de pesos. En total de gasto electoral fue de 15 mil 953 millones de pesos.

Para corregir la tendencia bastaría con ajustar las prerrogativas de los partidos para reflejar lo que en su momento se ocultó, que su gasto en publicidad electoral representaba casi el 80%  de su presupuesto, y con la reforma que crea el INE se reiteró lo establecido en el sentido de que el acceso a los medios de comunicación para los partidos en periodo ordinario y durante las campañas sería gratuito,  lo que debería representar un ahorro de al menos 4 mil millones de pesos. Ahora que tenemos una emergencia nacional bueno sería que los partidos lo admitieran y que el producto de ese ajuste se canalizara por parte de Hacienda a la reconstrucción del país, y lo que sería ese monto se presupuestara como un fondo para enfrentar a las contingencias ante las que debemos estar preparados, con ello se podría evitar las declaraciones altisonantes que son, más bien, demagógicas. La medida que sugiero quitaría lo circunstancial al ajuste, eso sí significaría corregir lo que fue un acto abusivo de parte de los partidos, que nunca se fundamentó y menos se justificó.

 En lo que corresponde a la duplicidad de estructuras  hoy, en este periodo, ya se puede hacer poco, pero después de las elecciones se debería proceder a realizar cambios para evitar las duplicidades estructurales del INE, para que al conformar una estructura más racional se pueda traducir en substanciales ahorros, mayores que los descritos en el ajuste de las prerrogativas de los partidos, nuestro sistema electoral sería más eficiente en el uso de los recursos y de seguro más eficiente y eficaz en el cumplimiento de sus tareas.  

En lo que corresponde con el propósito de conseguir la independencia, respecto a los ejecutivos de los estados se consiguió poco, hay ejemplos muy recientes que lo problematizan y por lo que corresponde a la efectividad de la vigilancia y supervisión del actuar de los OPLES, también el asunto deja muchas dudas, un problema adicional es que el propio INE no da muestras de comportarse de manera independiente de los poderes gubernamentales y privados.

En su momento se plantearon opciones a lo que finalmente constituyó la reforma constitucional electoral, en cuanto a la conformación del INE se formuló la propuesta de que sus integrantes fuesen nombrados en el seno de un órgano colegiado que constituyeran los ejecutivos de toda la república Mexicana (Presidente de la República, Gobernadores de todas las entidades federativas de la nación; el colegiado presidido por el ejecutivo de la nación) en ese momento había un proceso de reforma a la constitución, por lo que el argumento de que la constitución no lo contempla, como posibilidad, simplemente no se justificaría, lo que estaría a discusión sería la modalidad de la reforma. Pero como eso no sucedió hoy que tantas fallas se han detectado en el funcionamiento de nuestro sistema electoral vinculados a su escasa autoridad y a su muy marcada dependencia respecto a los gobiernos y a los partidos.

Hoy se podría recurrir a investir con una reforma constitucional a la CONAGO y al Ejecutivo de la nación, para que como colegiado republicano ejecutivo pudiera  discutir y ratificar o decidir a los integrantes del CG del INE, dándoles así mayor legitimidad y una indiscutible fuerza para cumplir cabalmente con sus atribuciones. Sería muy prudente además encargar al colegiado mencionado ratificar o rectificar a los integrantes de los órganos autónomos y a los de vigilancia y supervisión, así como a los integrantes del poder Judicial, todo ello sería contemplado solo anexando a la atribución directa del Presidente de proponer a esos funcionarios, por parte del ejecutivo de la nación, por la proposición de los mencionados funcionarios, previa consulta al colegiado ejecutivo de la nación, después de cumplidos esos pasos para la definición de los nombramientos, el ejecutivo de la nación los pondría a consideración de las instancias del poder legislativo, que resolvería de acuerdo a sus atribuciones, en los casos de que así proceda. Si así actuamos, seguro que lo que hoy nos tiene detenidos en la integración del órgano Anticorrupción, no sería problema.

 En cuanto a la integración de los OPLES, en lugar de lo vigente, en cuanto a su nombramiento y para conseguir un verdadero sistema electoral nacional federalista debe depositarse en los congresos de los estados el nombramiento de los Consejeros integrantes de su CG de los OPLES, salvo el caso del consejero Presidente del organismo que sería nombrado por el CG del INE. Con ello se lograría un organismo nacional con un claro perfil federal moderno y, de paso, en lo legal, habría menos ambigüedades: solo existiría un órgano local del INE y no dos como sucede actualmente. Con esos órganos el INE organizaría las elecciones locales y federales, lo que permitiría pensar en una sola división distrital para las elecciones de ambas estructuras electorales y con ello se lograría un funcionamiento más eficaz y por supuesto se generarían sustanciales ahorros presupuestales.

En el terreno de lo que es propiamente electoral y dentro de lo que es de aplicación dentro del marco legal considero prudente sugerir que el proceso electoral a desarrollar en el 2018 tome en cuenta cambios que simplemente hay que referenciar, las últimas elecciones Nacionales las de orden estatal han reflejado que nuestro sistema electoral, en lo que corresponde a la distribución de las preferencias del electorado, se manifiestan como muy competidas: a nivel federal las de 2006 y 2012 sumamente cerradas y las de 2017 en el Estado de México y en Coahuila también muy cerradas. En un panorama así cobra importancia ser cuidadosos con el cumplimiento de los principios rectores de la actividad electoral, con todos, pero de manera especial en lo relacionado con la conducta imparcial de nuestras autoridades electorales, es claro que hoy el INE se encuentra atrapado en incongruencias al tener que analizar y resolver los problemas del proceso electoral en el Estado de México y los del Estado de Coahuila, esperemos que lo resuelva congruentemente.

Lo que me preocupa es la forma en que hasta antes de percibir el nivel de competencia se ha venido haciendo en cuanto a la elaboración de las boletas electorales, documento clave para que los ciudadanos expresen su voluntad para elegir a sus gobernantes, en su elaboración se ha cuidado la imparcialidad, es decir la equidad en la forma en que aparecen los Partidos Políticos, pero se ha dejado al margen el aspecto de la imparcialidad respecto a la forma en que aparecen los candidatos. Si pensamos un poco que los que serán elegidos para gobernar son los candidatos propuestos por los partidos o que logran la candidatura independiente, considero prudente tomar en cuenta el trato equitativo entre los candidatos y respetar la equidad entre los partidos, si se considera correcto lo que planteó vale la pena evitar que los candidatos que son propuestos por alianzas o coaliciones de partidos aparezcan en la boleta de votación varias veces, en tanto que los que son propuestos por un partido, por sí mismo, solo aparezca en la boleta una sola vez, igual sucede con aquellos que logran la candidatura como independientes.

Con la legislación vigente es posible elaborar una boleta electoral imparcial en cuanto a los partidos y en cuanto a los candidatos, de este modo consolidaremos a nuestro sistema electoral y por esa vía nuestra complejo sistema democrático.

En lo que se refiere a lograr niveles razonables de gobernabilidad es prudente contemplar la posibilidad de consensuar la figura de gobernar de manera coaligada, bajo la consideración de los resultados y con una reglamentación para decidir, en los colegiados correspondientes, el Ejecutivo elegido con mayoría de votos (con menos del 50%) procedería a presentar ante el colegiado de ejecutivos correspondiente al nivel de gobierno de que se trate, una propuesta consensuada de gabinete de gobierno, en el que no deje lugar a dudas que el gobernante y su gabinete contará con la anuencia de la representación de al menos del 50% más uno de los electores expresado por medio de sus representantes en el País o de la entidad federativa, según sea el caso, en la conformación del gabinete del ejecutivo federal, integrando en la decisión a los ejecutivos de los estados. Para el caso de los ejecutivos estatales en las entidades federativas la conformación del gabinete se hará  integrando a los ejecutivos de los municipios, en correspondencia de lo que se requiera para garantizar la anuencia de los representantes del electorado en más del 50% según el nivel de gobierno de que se  trate. Si en los colegiados de ejecutivos del nivel de gobierno en cuestión no se pudiera llegar a un consenso, entonces se podría proceder a una segunda vuelta, que se programaría por la autoridad competente solo entre el primero y el segundo lugar en votación de los resultados del proceso electoral correspondiente.