La trágica muerte de Mara Fernanda Castilla la semana pasada, presuntamente a manos de un chofer de una empresa de servicio de transporte, retrata la lastimosa realidad que vive una parte de nuestra sociedad. La rabia que sentimos, la impotencia, la indignación por una muerte de esta joven en el inicio de su vida, con una violencia inaudita y un abuso de ella por ser mujer, muestra también que la inseguridad va en aumento. Ella es la última víctima de una larga lista de feminicidios en Puebla y en México, que solo muestran la incompetencia de las autoridades para perseguir esos crímenes y castigarlos ejemplarmente, pues quienes los cometen saben que la probabilidad de ser atrapados y castigados es muy baja.

Desde la investigación en las que siempre hay dudas por las lagunas en la preparación, capacitación y profesionalismo de los ministerios públicos, las frecuentes fallas en el debido proceso que deben seguir para su consignación que deriva en la libertad de criminales, y luego los juicios llevados a cabo por abogados competentes que logren probar la culpabilidad de los acusados. En ocasiones, la justicia tiene un precio, como lo mostró el juez tercero federal Anuar González Hemadi que determinó en el caso de Diego Cruz Alonso de los Porkys de Veracruz que no “había intención de penetrar en el acoso de la víctima” y por ello lo dejaba libre (Juicio de Amparo 159/2017). La cadena es larga, y toda debe funcionar bien para lograr hacer justicia y evitar la impunidad.

Aunado a esto está la secuela de corruptelas que permitieron que una persona con antecedentes penales pudiera acceder a un trabajo que tiene un contacto estrecho con sus clientes, en condiciones que pueden ser inseguras. También insuficientes medidas por parte de la compañía para asegurar la solvencia de quienes manejan esos autos, con el fin de minimizar el riesgo para sus clientes.

Pero muy importante es la indolencia de nuestra sociedad ante los abusos, los acosos, las afrentas de hombres hacia las mujeres. Llevamos años en que un piropo a una mujer, una insinuación corporal o incluso acoso sexual más abierto se consideran como “normales”, como  parte del “machismo” mexicano. Y eso no puede ser. Debemos reaccionar ante todo tipo de abuso, de maltrato y falta de respeto a las mujeres. Debemos constituirlo como una conducta ilegal y socialmente reprobable por todos, y ni siquiera insinuar que pueda haber culpa de la mujer por la forma de su vestido o por sus hábitos sociales con la misma libertad que los hombres. Esta indolencia es reprobable y debemos cambiar.

Pero así como esa parte de la sociedad muestra una descomposición, hay otra parte de ella que es maravillosa, humana, generosa, solidaria. El sismo del martes pasado volvió a confirmar esas cualidades humanas de los mexicanos, que están dispuestos a apoyar en la desgracia y en el dolor. Fue conmovedor, como en 1985, que observamos imágenes de solidaridad y apoyo. Nuevamente se ve esta forma de humanismo, esta vez auxiliada por las redes sociales y por hospitales y otras contribuciones privadas, que brindaron su ayuda incondicional. El gobierno de la Ciudad y el federal también reaccionaron de inmediato. Y ese apoyo debe llegar también a las ciudades de Puebla, Morelos y Tlaxcala que también sufrieron enormes daños por el sismo. Por la densidad de población, el costo de vidas humanas es distinto, pero el sufrimiento y la pérdida material y humana es igualmente lamentable.

Esas dos caras tiene nuestra sociedad y nuestro gobierno. Hagamos que la primera, la horrible que es capaz de cometer asesinatos a mujeres por el solo hecho de serlo (e incluso robar al momento de los sismos), se parezca a la segunda, la que responde en la desgracia de manera eficiente, honesta, solidaria y generosa.

@ecardenassan