Ni son todos los que están, ni están todos los que son

  • Gustavo Santín Nieto
Datos que esclarecen lo que está pasando y no lo que dicen que pasa.

Con gran bombo y platillo, Nuño Mayer anunció recientemente, la recuperación de 44 mil 076 plazas docentes irregulares  a las que se destinarían unos 5 mil millones de pesos anuales. La cifra, escandalosa por sí misma, sería equivalente al presupuesto que requeriría la administración de un municipio o de una ciudad de mediana proporción en un año; o a la que se destinaría para contratar a más de 30 mil maestros y maestras de nuevo ingreso al servicio profesional docente con plaza inicial de 20 horas; o a la que se aplicaría  para la realización de reparaciones y/o mejoras en 5 mil escuelas a las que se destinase 1 millón de pesos a cada una. Las comparaciones serían odiosas para unos o insuficientes para otros, pero permitirían “ilustrar” y magnificar los resultados de una ardua labor que lo encumbraría como un administrador eficiente y eficaz, destinado a mayores empresas.

 

Empero, los números son engañosos en el mejor de los casos y permitirían confundir actividades como las realizadas por 14 mil 900 mentores ocupados en funciones administrativas, sustentadas en oficios de comisión otorgados por autoridades educativas, con las que desempeñan quienes ocuparan las 17 mil 262 plazas correspondientes los comisionados sindicales, quienes debiesen ejercerlas sin goce de salario, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación Publica (1946), pero que fueran pactadas como licencias con goce de salario entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y las autoridades educativas en todo el país, al amparo del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (FAEB) y Normal y avaladas mediante oficio emitido por la Oficialía Mayor de la SEP. O por aquellos mil 361 docentes que por alguna razón entre la que podría estar la de no sustentar el examen de permanencia, seguían cobrando a pesar de estar dados de baja y finalmente con aquellos que ocuparían 10 mil 553 plazas que no fueran localizadas a pesar de ser erogadas, cuestión que implicaría actos de corrupción, achacables a autoridades administrativas de cierto nivel. 

 

Las reacciones provocadas por el anuncio de recuperación de plazas, difirieron entre actores del sector educativo. De inmediato, secretarios y secretarias de educación de administraciones locales se congratularon por no tener una sola plaza – o tener pocas- observada por la auditoria de personal instruida centralmente. En tanto, la sección 22, perteneciente a la CNTE, se deslinda de tener plazas irregulares  -de las que culpa a las autoridades quienes beneficiarían a familiares y amigos- y se manifiesta en contra de la doble asignación de funciones a personal docente. Maestros y maestras atenderían al mismo tiempo a niños y niñas de diferente grado escolar en las escuelas multigrado o bien  desempeñarían la docencia y la dirección de plantel escolar al mismo tiempo.

 

El proceso mediante el que se recuperarían 44 mil plazas y más, mostraría que las acciones para conocer con cuántos maestras y maestros contaba el sistema educativo y en qué lugar se ubicaban, realizadas previamente, habrían fracasado, a pesar de los recursos humanos (17 mil  281 personas), económicos y materiales destinados tanto por la SEP como por el INEGI, al Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. Entre estos recursos destacarían  “32 coordinaciones estatales del INEGI en todo el país, así como las oficinas proporcionadas por las autoridades educativas estatales en apoyo al INEGI”; servicios telefónicos e Internet para  272 oficinas; 16 mil 667 equipos móviles; 29.3 millones de cuestionarios y trípticos para padres de familia; 2.2 millones de cuestionarios y trípticos para el personal; 293 mil etiquetas de censado para pegar en los centros de trabajo y, entre otros, 270 mil carteles informativos que se colocaron a la entrada de los centros de trabajo (ver dato aquí). 

 

Los resultados obtenidos, señala la página aludida, contemplarían, tras la visita a 273 mil 317 centros de trabajo ubicados en 61 mil 989 localidades de 2 mil 457 municipios, a 1 millón 987 mil 511 personas y a 23 millones 667 mil 973 alumnos y alumnas censados y censadas. A partir de ello, se habrían reestructurado oficinas, dependencias y programas, provocando que los servicios de atención al magisterio, a los trabajadores de apoyo y asistencia a la educación, a madres y padres de familia se redujeran a su mínima expresión y que gran parte del personal docente comisionado por las autoridades educativas, regresara a su centro de trabajo original.

 

Señalar como aviadores a los 14 mil 900 miembros del personal docente comisionado para realizar labores administrativas y atender los programas especiales dictados por autoridades educativas centrales, sería injusto para quienes desquitan su salario, a pesar de ser muchos los que no quieren regresar a las aulas al concluirse el encargo encomendado y hacen hasta lo imposible para perder el tiempo en las oficinas administrativas. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Las comisiones de docentes a labores administrativas por necesidades del servicio, tienen su origen en medidas burocráticas mediante las que se prohibió la contratación de personal administrativo, dictadas a partir de la administración de Miguel de la Madrid Hurtado y en los bajos salarios con los que se remunera al personal de apoyo administrativo.

 

Sin embargo, maestras y maestros siguen siendo comisionados por necesidades que demanda el propio sistema educativo a pesar de Nuño, como lo ejemplificaría la atención a los consejos técnicos escolares y a los de participación social. Quien no tiene carrera docente, carece de los recursos técnico pedagógicos para atenderlos y maestras y maestros, ni sacrificándose, solicitarían permiso sin goce de salario para percibir una remuneración mucho menor al ocupar un puesto administrativo de confianza. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre.

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Gustavo Santín Nieto

Poblano por elección. Profesor Educación Primaria, licenciatura en Economía UNAM y Maestro en Administración Pública INAP Puebla. Asesor de SEP en varios estados. Miembro SNTE. Dirige IUP y Coordina la AUIEMSS