Concediendo el beneficio de la duda a Enrique Peña Nieto, se puede pensar que como presidente de la república no se ha embolsado ilegalmente un solo centavo de los fondos públicos que no le pertenezca, pero en la vida real, no en la vida imaginaria, existen evidencias que revelan su propensión a hacer productivos negocios personales con la adjudicación de multimillonarios contratos de obra pública a determinadas empresas constructoras, aprovechando que fue gobernador del Estado de México y ahora es presidente de México. De esto, él mismo es quien ha dado suficientes elementos para crear esta convicción.

Las corruptelas del presidente Peña Nieto

En términos de dinero, los negocios realizados desde la cúpula del gobierno federal por Peña Nieto son del tamaño del costo de las obras públicas asignadas por instituciones ─como Pemex y la SCT─ a constructoras predilectas del presidente de la república. Lo que demuestra que la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec, con valor comercial de 86 millones de pesos, representa apenas una pequeña aguja extraviada dentro de un enorme pajar.

Desde 2011, Peña Nieto ha hecho pública su preferencia por las constructoras que integran el consorcio Grupo Higa (propiedad de su amigo Juan Armando Hinojosa Cantú), la Constructora y Urbanizadora Ixtapan (de su también amigo Ricardo Antonio San Román Dunne), OHL (Obrascón Huarte Lain), Aldesa, Epccor y Odebrecht, la de su más reciente predilección.

En materia de construcción y rehabilitación de aeropuertos, carreteras, puentes y libramientos, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, es el poderoso  dedo índice con el que Peña Nieto señala las constructoras a quienes se adjudican contratos de obra pública federal y la mano que recibe los beneficios financieros, llámense “diezmos”, “comisiones” o “gratificaciones” que provienen de las obras asignadas por indicaciones del supremo poder político del país.

No debemos olvidar que la Procuraduría General de la República y la secretaría de la Función Pública ─que parecen más instrumentos del presidente Peña, más que instituciones de la República─ todavía no dilucidan qué servidor público o servidores públicos, de la presidencia o de Pemex, recibieron los 6 millones de dólares que la constructora Odebrecht pagó a cambio de recibir contratos de obra pública de la empresa petrolera mexicana.

La más reciente exhibición del entramado donde se asientan la corrupción y las debilidades del gobierno federal, que están presentes en las principales obras públicas ─que no son de la mejor calidad, pero sí las más costosas─, corrió a cargo del socavonazo del 12 de julio en Cuernavaca.

Para el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Morelos, Alejandro Rosas López, fue mucho dinero los 2 mil 200 millones de pesos que el gobierno federal pagó por la construcción de un tramo de carretera de 14.5 kilómetros. Advirtió que el incremento de 100% que se aplicó al costo inicial de esa obra no está contemplado en la ley, sino una variación de 25%.

Falta de estudios de mecánica de suelos bien elaborados que permitan conocer las características del terreno donde se asentó la obra pública. Carencia de visión urbanística para conocer o tener idea de su viabilidad o inviabilidad. Ausencia de supervisión permanente, por parte de la SCT, para corroborar si la calidad y cantidad de los materiales de construcción que estaban utilizándose en la construcción del paso exprés eran o no los idóneos para asegurar su buena calidad y razonable durabilidad. Estas omisiones podrían constituir algunas de las causas que originaron el desastre del Paso Exprés de Cuernavaca.

Una importante obra pública trasexenal, en la que se prevé invertir 180 mil millones de pesos, está en proceso de construcción y, por razones de interés nacional, debe permanecer bajo el escrutinio de la sociedad. Se  trata  del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde la constructora Aldesa, que ocasionó el socavonazo de Cuernavaca, tiene bajo su responsabilidad ─o irresponsabilidad─ la construcción de la Torre de Control de la futura terminal aérea.

Hubo otra obra que habría costado 59 mil millones de pesos y que por aquello del consabido diezmo, apuntaba como un rentabilísimo negocio gubernamental. El Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. En una licitación pública internacional amañada, la obra se adjudicó a un consorcio encabezado por la empresa China Railway Construction, del que formaron parte las constructora mexicana GIA+A, propiedad de Hipólito Gerard Rivero ─cuñado de Carlos Salinas de Gortari─ y Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú e integrante del Grupo Higa, también propiedad de esta persona. 

Juan Armando Hinojosa es un empresario de la industria de la construcción cercanísimo a Enrique Peña Nieto. Desde que éste fue gobernador del Estado de México y ahora que es presidente, le han adjudicado multimillonarios contratos de obra pública.

Aunque el encargado de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, informó ─el 6 de noviembre de 2014─  que Peña Nieto ordenó reponer el fallo de la licitación del tren de alta velocidad con la finalidad de darle más transparencia, se infiere que la verdadera causa de la cancelación tuvo que ver con el escándalo de la Casa Blanca, toda vez que ésta fue cedida a la familia presidencial, mediante una operación inmobiliaria sospechosa,  por la misma persona que es propietaria de una de las empresa constructoras a quien se le adjudicó la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. La constructora Teya. 

En términos de ley, las empresas China Railway, GIA+A y Teya, tenían derecho a ser indemnizadas para resarcir los daños económicos que sufrieron a causa de la cancelación del tren de alta velocidad. Sobre todo China Railway que movilizó personal especializado desde su país a México, con la finalidad de realizar los estudios técnicos necesarios para ejecutar esa obra.

Así las cosas, el 18 de abril de 2017,  es decir 528 días después de la referida cancelación, mediante la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y las solicitudes de información números 0000900132817, 0000900133017 y 0000900132917, pedí a la secretaría de Comunicaciones y Transportes me diera a conocer, en “forma fidedigna y documentada la cantidad de dinero que el gobierno federal, encabezado por el presidente Peña Nieto, pagó por concepto de indemnización o reparación de daños” a las constructoras China Railway, GIA+A y Teya.

El 16 de mayo, la secretaría de Comunicaciones y Transportes, incurriendo en el más ilegal y absurdo ocultamiento de información pública ─no de información particular de Peña ni de Esparza─ , me hizo saber, a través de tres oficios mal redactados, “que después de realizada una búsqueda exhaustiva  en los archivos y expedientes…” de la SCT “… hasta el momento no se ha realizado gasto alguno derivado de la cancelación del Proyecto de Tren México-Querétaro”

Esta falta de transparencia de Esparza revela la calaña de la que está hecho este burócrata de la peor categoría. Pero como su amigo y socio, Peña Nieto, no está dispuesto a removerlo por el socavonazo de Cuernavaca, sólo resta esperar que el 30 de noviembre de 2018 llegue lo más pronto posible.

Peña Nieto, encubridor del secretario Gerardo Ruiz Esparza

Por si no fuera suficiente cargar con los efectos de la corrupción gubernamental que recaen en la figura del presidente Peña Nieto, éste se obstina en mantener a su amigo y socio comercial, Gerardo Ruiz Esparza, como titular de la SCT.

Esta obstinación demuestra que el presidente Peña no tiene remedio. Ayer le endosaron la desaparición ─y por consiguiente el posible asesinato─ de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Si hoy demora en destituir a Ruiz Esparza, mañana le endosarán el fallecimiento de las 2 víctimas del socavonazo de Cuernavaca.

El encargado de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, es un cínico. La inconformidad y rechazo popular que se ha volcado sobre él, no le afecta. Continúa aferrado al cargo público que ocupa y a las prebendas que conlleva. No existe nadie ni nada que lo obligue a dimitir. Ha declarado, una y otra vez, sólo dejará el puesto cuando su jefe ─Peña─ le diga que lo deje.

Hay uno o dos legisladores, no sé si ingenuos o tontos, que piensan en la remoción de Ruiz Esparza mediante el inútil procedimiento constitucional de juicio político, que jamás se ha aplicado a ningún servidor público ratero.